Correo
Lucha contra la delincuencia
"Un muerto, cinco portonazos, tres robos con intimidación de armas de fuego, dos secuestros de camiones con carga", así versa el reporte de los noticieros al abrir la jornada o el recuento diario, para sumarle un condimento adicional, como diría algún reportero, "dentro de los integrantes de la banda, hay extranjeros, ilegales". Cuántas veces nos preguntamos por qué está pasando y quién hace algo o qué debe hacer el Estado.
Si le agregamos que organizaciones criminales como las venezolanas, colombianas y ahora salvadoreñas, son parte del fenómeno, no es para extrañarse, pues el delito es un fenómeno de imitación, migratorio, que traspasa fronteras, que evoluciona y que produce consecuencias irreparables con el uso de la violencia.
Las autoridades aún buscan soluciones, acuerdos y levantar diagnósticos. La solución es más operativa, como mejorar el tiempo de respuesta; aumentar el índice de cobertura policial para mejorar la prevención; incentivar a los jóvenes a ser parte de las policías y de los órganos del Estado que ven la prevención social, situacional y persecución penal del delito y el delincuente; también a respetar a la Seguridad Ciudadana, pues llegaron para quedarse.
Todo esto se hace con el aumento de recursos y mejorar presupuestos y gestión, pues las policías están claras en el diagnóstico y la forma de enfrentar el delito, pero no tienen la capacidad operativa y no es su culpa, sino de nosotros como ciudadanos en demandar ello al Estado. No ha de extrañar que patrulleros de seguridad municipal resulten lesionados con impactos balísticos, pues dada la asignación de recursos locales de los municipios, son capaces de tener mayor cobertura territorial que las propias policías y aparentemente más expedita, pues las últimos siguen preocupadas de playas, notificaciones, citaciones, de los guardias, resguardo de carreteras concesionadas y cuánta labor anexa se le ocurra a los legisladores.
Cómo se presenta una estrategia político operacional para aumentar la seguridad y la sensación de seguridad, evidentemente debe ser con más policías, con líneas expeditas, con un buen trato recíproco, pero no será posible si no resguardamos a los que velan desvelándose.
El fenómeno migratorio ilegal incide en las estadísticas delictuales, resulta alarmante ver como más de la mitad de los imputados por secuestros son extranjeros ilegales, y las policías son obedientes y no deliberantes, entonces a quién le pasamos la cuenta. Más que preocuparnos de las bandas internacionales, debemos ocuparnos de las organizaciones criminales locales que aún no controlamos, pues tengo la sensación que la batalla contra el crimen está casi perdida.
No es necesario generar una mesa para conversar, sino que falta el hacer, controlar y fiscalizar en la vía pública, y para eso no es necesario construir nuevas leyes y firmar acuerdos, sino aplicar la ley.
Héctor Sandoval Zamora
"Humildad y experiencia"
Llegaron al poder con todas las soluciones y verdades reveladas. Juraron que lo hacían mejor que cualquiera. Criticaron con vehemencia los denominados "30 años". Venían con espíritu refundacional porque todo estaba malo y ellos cambiarían todo.
¿Qué sucedió? Que les quedó grande el desafío de gobernar y tuvieron que recurrir a quienes, por años, ningunearon. A ver si de una buena vez aprenden de humildad y lo importante que es la experiencia, en todos los ámbitos, pero muy especialmente para liderar una nación. Por el bien del país, de los chilenos, ojalá que así sea.
Rodrigo Durán Guzmán
"País inflamable"
Cómo es posible que repitiéndose la escena casi todos los veranos de focos de incendios iniciados casi de manera simultánea, no exista un plan eficiente de prevención a estas catástrofes ni una respuesta inmediata de parte de las autoridades una vez que estas comienzan. Se supone que tenemos experiencia tratando con incendios y aún no se ve un despliegue importante de recursos, personas ni decisiones relevantes para hacer frente a la situación.
Los incendios son un tema urgente que requiere de una planificación mayor en materia de prevención, recursos, combate e investigación.
Nicolás Homo
Investigación y desarrollo
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la Ley I+D (Investigación y Desarrollo) del año 2008, ampliando desde 35% a 50% los gastos en innovación que podrían ser usados como crédito contra el pago del impuesto de primera categoría, ampliando también los topes máximos. Existe evidencia del impacto en el otorgamiento de beneficios tributarios para invertir en I+D, donde las reducciones del 10% en el pago de impuestos aumentan cerca de 1% la inversión en I+D en el corto plazo y algo menos de 10% en el largo.
La pregunta es si es suficiente el incentivo para llegar a donde queremos ir. Las estadísticas disponibles en el Observatorio del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación (Observa) muestran que el gasto total en I+D ha permanecido levemente por debajo del 0,4% del PIB; muy por debajo del 2,5% que exhiben los países de la Ocde.
El incentivo tributario, necesario, aunque no suficiente, debiera tener un impacto menor al I+D como porcentaje del PIB.
La buena noticia de Observa es que hay un incremento importante en las jornadas equivalente de investigadores dedicados a I+D, en particular en las áreas de las Ingenierías y de las Ciencias Naturales. La mala, es que un porcentaje muy significativo de las empresas consultadas no conoce la ley y, de aquellas que la conocen, sólo alrededor de un 20% declara utilizarla.
Si el incentivo tributario no es suficiente, habrá que buscar otras soluciones. Luc Soete y otros, en "Economic impact of public R&D: an international perspective", concluyen que, para los países de la OCDE con información recopilada hasta 2014, hay un claro impacto positivo de la inversión pública en la productividad total.
La respuesta podría ir por ahí, pensando además que la tendencia en productividad, según cálculos de la Comisión Nacional de la Productividad, pasó de ser prácticamente nula en los últimos 10 años a un rebosante 9%. El camino recorrido por los países de la Ocde nos lleva a preguntarnos si no habrá llegado el momento de incorporar cifras cercanas a los US$1.000 millones anuales a la I+D pública, bajo figuras como los fondos concursables en entidades donde participen investigadores de frontera o consorcios públicos privados, para alcanzar un piso de inversión en I+D del 1% del PIB.
El resto de los países nos lleva mucha ventaja, por lo que debemos apurar el paso.
Nicolás Román y Anil Sadarangani, académicos de la Universidad de los Andes