Combate al comercio ilegal
A un año de promulgada la nueva ley que sanciona esta actividad, conviene recordar los alcances y obligaciones de los actores estatales. Las policías, inspectores municipales y el Servicio de Impuestos Internos tienen un rol preponderante en esta materia.
Este mes se cumplirá un año desde que fue promulgada la ley sobre comercio ilegal, que tiene por principal objetivo combatir la transacción de objetos falsificados, robados o no autorizados, dotando a las policías y al Ministerio Público de nuevos mecanismos que faciliten la labor investigativa y de fiscalización. La ley permite identificar y desbaratar a las bandas de crimen organizado dedicadas al comercio ilegal, sancionando la venta, reproducción, comercialización o receptación de productos falsificados o no autorizados.
Se trata de una normativa cuyo objetivo es combatir el comercio ilegal y la piratería intelectual, dotando a las policías de mecanismos que faciliten la labor investigadora. Según lo expresado en el debate previo a que se diera luz verde al trámite legislativo, la norma no apunta a perseguir a los vendedores ambulantes, sino entregar herramientas de mejor fiscalización, que permitan identificar y desbaratar a las bandas de crimen organizado que se nutren de este mercado.
Entre los delitos que considera el texto legal, se encuentran la falsificación, reproducción o venta no autorizada de obras literarias, artísticas o científicas protegidas por la ley de propiedad intelectual. También se incluyen fonogramas, videogramas, discos fonográficos, casetes, videocasetes, filmes o películas cinematográficas o programas computacionales protegidos por la ley de propiedad intelectual. Las autoridades dicen que el comercio ilegal normalmente va asociado a la delincuencia, ya que hay delitos de por medio y, además, donde hay concentración de vendedores, hay más posibilidades de que se produzcan robos, hurtos o asaltos.
A casi un año de vigencia, es importante conocer cómo esta ley ha sido incorporada al quehacer de las policías, inspectores municipales y el Servicio de Impuestos Internos. Dentro de sus puntos más relevantes, la norma autoriza a fiscalizar su cumplimiento, pudiendo requerir los permisos municipales o sanitarios, así como los documentos que acrediten el origen de las especies que comercializan.
Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, al año las transacciones en comercio ilegal bordean los mil millones de dólares sin pago de IVA al Fisco y pérdidas por 160 millones.