A pesar de contar con mayoría opositora al Gobierno, la comisión revisora de la acusación constitucional contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos, emitió un informe negativo y recomendó rechazar el libelo que será votado hoy, desde las 15:00 horas, en la Sala de la Cámara de Diputados.

Con la sorpresa del parlamentario republicano Benjamín Moreno, quien votó en contra, se produjo un empate a dos, considerando la negativa de la legisladora comunista Carolina Tello y la aprobación de los representantes de la UDI Álvaro Carter y Henry Leal. Luis Malla (liberal) no estuvo presente por licencia médica) y el empate significa rechazo.

Moreno argumentó que "Marcela Ríos no indultó a Mateluna, fue el propio Presidente. Rechazo porque no concedió a Celestino Córdova el tratamiento que solo merecen quienes se han arrepentido de sus delitos, fue el Presidente".

Además, dijo que el Gobierno dejó "en la soledad profunda, como un chivo expiatorio" a la extitular de Justicia tras la defensa al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

En el texto ingresado por diputados de Chile Vamos se acusa a Ríos de irregularidades en los indultos presidenciales de fin de año y por la concesión de beneficios carcelarios a reos de la macrozona sur.

La votación del republicano en la comisión complicó las proyecciones de la oposición para la aprobación del libelo en la Sala y el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton, cuestionó a Moreno y su partido: "¿Se está o no se está con las víctimas o se está solamente en aquellas acciones que presentan ellos y que lideran ellos?".

"Acá tenemos que ser claros con el discurso, y yo lamento profundamente que el partido Republicano y el Partido Comunista, le hayan tirado un salvavidas al Gobierno", añadió.

De todas formas, aclaró que todos los diputados de su sector votarán a favor. "Esperamos que en la fundamentación de fondo, los parlamentarios republicanos y otros parlamentarios puedan convencerse del mérito de la acusación y podamos persuadirlos de que acá hay una ilegalidad", fue su llamado.

La dc se resta

El jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, aseguró que los legisladores de su partido no apoyarán el libelo contra Ríos, decisión a la que llegaron ayer tras el almuerzo, considerando que las responsabilidades políticas están "suficientemente asumidas" al salir del cargo.

"Hemos llegado a la determinación que no vamos a concurrir con nuestros votos a la acusación constitucional", aclaró.

Además insistió en que "imposibilitarle por cinco años en algún ejercicio de cargo público la verdad es que más que un acto de justicia, es un acto de venganza política".

Tc acoge requerimiento

El Tribunal Constitucional, en tanto, acogió a tramitación los requerimientos de inconstitucionalidad presentados por senadores de oposición en siete de los 13 indultos que otorgó el Presidente Gabriel Boric.

El pleno deberá resolver la admisibilidad en la sesión programada para mañana, donde decidirán si sigue el proceso.

El senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, llamó a Boric a que "dé una señal política potente en términos de invalidar estos indultos y que las personas que son un peligro para la sociedad vuelvan tras las rejas".

Ayer por la tarde, la Cámara de Diputados aprobó con 123 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones, la nómina de doce integrantes para la comisión de expertos que trabajará en el anteproyecto y los límites para el Consejo Constitucional que comenzará en junio.

Con holgura visaron la lista elaborada por las distintas fuerzas políticas de la Corporación, a pesar de algunas críticas por los sectores que acusaron una "cocina" en el acuerdo del nuevo proceso constituyente. De todas formas, el partido Republicano impulsó la presencia de un candidato, Carlos Frontaura.

Así, los designados son Natalia González y Máximo Pavez por la UDI, Juan José Ossa y Catalina Salem por Renovación Nacional, Verónica Undurraga por el PPD, Flavio Quezada por el partido Socialista, Carlos Frontaura por los republicanos, Marcela Peredo por expartido de la Gente, independientes de Chile Vamos y otros independientes, Alexis Cortés por el partido comunista, Paz Anastasiadis por la Democracia Cristiana y el patrocinio de otros diputados, Domingo Lovera y Antonia Rivas por el Frente Amplio.

A pesar de contar con el patrocinio, en el oficialismo debieron hacer un cambio producto de una de las condiciones: la paridad de género.

En ese sentido, quien tuvo que cambiar el nombre respecto a su idea inicial fue el PPD, ya que dejaron afuera a José Antonio Ramírez para incluir a Verónica Undurraga, dejando la lista compuesta por seis hombres y seis mujeres.

Votación en el senado

Para las 15:00 horas de hoy está citada la sesión en el Senado donde se ratificarán los 12 nombres que presentarán para completar la comisión de 24 expertos del proceso constitucional, que trabajará desde marzo.

Al igual que en la Cámara de Diputados, los cupos se dividirán según las fuerzas políticas.

Sin definiciones públicas de las bancadas, en las horas previas al cierre de las inscripciones surgió el nombre de Mariana Aylwin, integrante de Amarillos, para ir como representante de Renovación Nacional.

La idea es abrir espacio a otros actores que estuvieron por el Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, aunque también está el nombre de la exencargada de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social en el gobierno pasado, Ana Millanao, y el exministro Teodoro Ribera.

UnitedHealth Group (UHG) y Banmédica S.A. concretaron la solicitud para activar el mecanismo de resolución de controversias con el Estado por la alta "preocupación" de la situación de las isapres.

En una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric y con copa a las ministras de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y de Salud, Ximena Aguilera, fundamentan que el Estado incurrió en acciones y omisiones que dañaron la inversión de UHG y el valor de Banmédica.

A juicio de ellos, esto sería una violación a las obligaciones bajo el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones que suscribieron Gran Bretaña y Chile en 1997.

Aquí se incluye la obligación de garantizar en todo momento a los inversionistas un trato justo y equitativo, además de brindarles protección y seguridad en el país y abstenerse de tomar medidas con efecto expropiatorio sin debida compensación.

Bajo el proceso invocado por las empresas, que son asesoradas en este proceso por el estudio Claro y Cia y el bufete internacional Hogan Lovells, existe un periodo de por lo menos tres meses para buscar una solución amistosa.

En el escenario de no conseguirlo, el caso se puede llevar a arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones.

UHG comenzó con una inversión de US$2,8 mil millones en diciembre de 2017, cuando llegó a Chile. En la actualidad cuentan con una operación local de cerca de 15 mil colaboradores y sus isapres otorgan cobertura a más de 850 mil beneficiarios.

La decisión de utilizar este mecanismo se da luego de las sentencias judiciales que han impedido ajustar el precio base y el precio GES , así como el reciente fallo de la Corte Suprema sobre las tablas de factores.