Confirman resolución transitoria que libera a comités de APR del pago obligado del IVA
PRÓRROGA. Servicio de Impuestos Internos emitió un oficio para formalizar decisión, la que fue destacada por consejeros regionales, diputado y presidente regional de esos servicios rurales.
Aunque no se ha hecho oficial, existe plena convicción que los comités de Agua Potable Rural (APR) quedarán fuera del listado de servicios que a partir del pasado 1 de enero quedan obligados al pago de IVA, conforme a la Ley 21.420 que cambia la definición de servicios.
Tal exención fue comunicada a través de un video por el diputado Leonardo Soto (PS), quien detalló, tras una reunión en el Servicio de Impuestos Internos (SII), que para el caso de los APR se logró una solución transitoria, ya que se anunció que se suspende este pago hasta noviembre de este año.
Asimismo, anunció que durante el mes de enero esperan elaborar un proyecto de ley para liberar a ese sector de tal carga tributaria, documento que podría ingresar en marzo a la Cámara de Diputados.
Tal comunicación fue bien recibida por el consejero regional (core) por Osorno, Francisco Reyes (PS), quien a fines de 2022 pidió postergar ese cobro a los APR. "Me parece una medida acertada, de criterio y de sentido común. Creo que el Gobierno ha escuchado a las comunidades de APR", opinó tras la determinación del SII, que fue validada mediante la Resolución Exenta N° 4.415, que firmó Hernán Frigolett, director nacional de ese servicio.
Reyes también valoró el compromiso parlamentario para modificar la Ley 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales. "Hay que seguir viendo a los comités de APR como comunidades de carácter social, no empresarial, porque no perciben lucro", estableció.
Su colega por la provincia de Llanquihue, César Negrón (RN), también se mostró partidario de determinar una exención definitiva del pago de IVA para los APR. "Si no, esto pierde su iniciativa de carácter social y pasa a ser privada, que busca casi ser un negocio. Hacia allá apunta cuando uno cobra impuestos (...). Tenemos que ir en apoyo de los APR, hay que ayudarles y no imponerle cobros", planteó.
Estimó que haber incluido esos comités en el listado de servicios afectos a esta ley, generaría un impacto negativo en materia de costos. "Hoy día ya pagan contador sin pagar IVA. Imagínate cuánto más le cobrará ese profesional por llevar la contabilidad, incluyendo todo este trabajo adicional que se vendría", ejemplificó.
Esta situación, añadió Negrón, también tendría efectos en materia de la estrategia de desarrollo regional, "cuya prioridad número uno es el agua potable rural, después tenemos conectividad, el tema de los vertederos, medio ambiente y electrificación rural".
Pago mensual
Mientras que Gustavo Almonacid, presidente regional de los comités de APR, respira más tranquilo con este anuncio del que espera tener una confirmación oficial.
Aún así, el también líder del APR Lagunitas, expresó que la medida determinada por el SII "favorece a un número importante de consumidores que, de no ser por dicha medida, tendrían que ver elevados los pagos mensuales de agua en los sectores rurales".
Con la ley en régimen, el cobro de IVA incluiría a esos usuarios del sistema, pero además a socios del APR que pagan una cuota por ese derecho, los que están libres de ese tributo.
Lo pidió por oficio
En tanto que el diputado por el Distrito 26, Héctor Ulloa (Ind.), consideró que esta determinación "va en la línea de lo que solicitamos hace una semana a través de oficio, considerando que son organizaciones sin fines de lucro y que se llevarían una sobrecarga en sus costos".
Sobre la decisión del SII de dejar fuera de ese cobro a las APR, resaltó que surgió "luego que las organizaciones expresaran su temor de ser incorporadas, ante la entrada en vigencia de la Ley 21.420".
El legislador por la zona remarcó que la liberación de ese gravamen "sin duda aporta a la economía de las familias de zonas rurales".
195 comités de Agua Potable Rural (APR) existen en la región, según datos de su presidente regional.
19 % es la tasa impositiva del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que desde el 1 de enero deben pagar los servicios.