La Escuadrilla Mitchell FACh, representada por ex alumnos de la Escuela de Especialidades de la rama castrense y que residen en Puerto Montt, se reunieron hace unos días con motivo de la finalización de las actividades sociales que realizaron este año.
Con todo mi cariño le digo a nuestro gobernador regional que podría haber escrito una columna con otro título, el lunes pasado en El Llanquihue (titulada "Buenos deseos para la región"), si el Gobierno Regional (Gore) se hubiera gastado los más de $100 mil millones asignados por el FNDR y no alrededor de la mitad, con rebaja del presupuesto incluida. El Gore tiene como una de sus principales obligaciones la inversión regional. Los argumentos no pueden ser la "caída" de licitaciones debido a factores externos, ni la inexistencia de una cartera de proyectos con RS por culpa de los municipios. Siempre ha habido municipalidades débiles técnicamente y siempre desde el Gore se desplegaron equipos técnicos para suplir sus falencias y poder cumplir con las metas.
Estamos haciendo estudios desde hace muchos años, desgraciadamente hoy parece una disculpa si seguimos dándonos vueltas averiguando la realidad regional, sobre todo si apenas llegado el gobernador a su cargo se publicó una nueva versión de la Estrategia Regional de Desarrollo. Si no hacemos bien la poca pega de hoy, veo difícil la descentralización y el traspaso de nuevas competencias, sobre todo si se sigue aumentando el número de funcionarios.
Jorge Tramón Guarda
El sector público, y en especial los municipios de todo el país, enfrentan una debacle financiera producto de la aplicación de los dictámenes en que el contralor extiende la inamovilidad de los funcionarios de planta a los a contrata en base al principio de la confianza legítima, y la obligación de traspasar a los honorarios a la contrata.
Ante este absurdo administrativo, el Ejecutivo arrojó un salvavidas a través del proyecto de ley de reajuste al incluir el Código del Trabajo al sector público municipal. Así, al menos por cuatro años, los municipios podrán contratar y terminar vínculos laborales, en lugar de sólo engrosar sus filas de funcionarios, asumiendo el costo de su estabilidad.
Pero es una solución temporal a un problema estructural que requiere máxima atención para modernizar nuestro Estado.
Amaya Fraile y Rafael Palacios, Red Pivotes
"Sólo cuando construimos el futuro tenemos derecho a juzgar el pasado", dice Friedrich Nietzsche. El actual juego político por una nueva Constitución, que aún parece continuar con discusiones insulsas, debe terminar.
Al respecto, sería aconsejable aprender de países serios, compasivos y con políticos proactivos -como Islandia- e incorporar tecnología al proceso, en donde los ciudadanos puedan participar en la construcción de dicha constitución. La tríada -derechos humanos, democracia e imperio de la ley-, común a todas las constituciones, es conocida por los ciudadanos. Entonces, no sería difícil formular un algoritmo inteligente, construyendo nuestra Constitución del futuro con preguntas y criterios objetivos, fáciles de responder acerca de lo que cada chileno espera.
Con toda seguridad y utilizando internet como un posible medio de interacción, podríamos enriquecer el proceso inicial con ideas positivas y también negativas que hoy ni siquiera imaginamos.
Manejado por alguna empresa de alta tecnología informática, ajena a la política contingente (que las hay), facilitaría y encauzaría la labor posterior de los constituyentes y expertos, además de proveer una sólida racionalidad a lo que el país finalmente decida para su carta magna.
¿Que esto tomaría tiempo? Por cierto que sí; no obstante, nadie puede garantizar que con el modesto proyecto actual habrá un feliz término.
Gustavo Astorquiza
No comparto lo establecido en el Acuerdo por Chile sobre la paridad de género: "El Consejo Constitucional se integrará bajo el principio de paridad de entrada y de salida".
A mi juicio, y considerando que la inteligencia y las capacidades de las personas son independientes del sexo, la paridad de entrada en la definición de candidaturas es absurda y lo es, más aún, la paridad de salida; pues con ello se vulneran la garantía constitucional de igualdad ante la ley (artículos 15 y 19 2º de la Constitución) y la voluntad ciudadana al "meter la mano en la urna" y torcer los resultados, con lo que algunos candidatos resultan elegidos gracias a su género y no a su mérito o talento.
Se ha llegado al extremo de pretender imponer esta paridad forzada no sólo en los órganos de representación popular, sino que en la composición del Poder Judicial y en otros ámbitos de la actividad social, incluso en directorios de sociedades anónimas y en la adjudicación de becas de doctorado.
Adolfo Paúl Latorre
La ley que crea un Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (Cati), que ya cumplió ocho años en el Congreso, busca prevenir siniestros viales a través de la fiscalización automatizada del exceso de velocidad. Este año 2022, pese a tener urgencia, no se aprobó.
Las trabas de algunos parlamentarios se amparan en argumentos incomprensibles. Se indicó que esta ley "restringe la privacidad". Hoy, por seguridad ciudadana ya existen cámaras en gran parte del espacio público. Se dijo que esta iniciativa sería un "fotorradar 2.0", sistema que en el pasado "se utilizó como cazabobos para que municipios recaudaran fondos".
En este caso las cámaras se instalarán en lugares señalizados. Por último, se propuso "educar en vez de multar". Se sabe que la educación vial sin fiscalización y sanción de poco sirve.
Esperamos que el año 2023 se apruebe este proyecto para proteger vidas y los recursos del Estado que al año gasta más US$ 15 mil millones por siniestros viales.
Andrés Santelices Gálvez, académico de la Universidad del Desarrollo
A causa de la pandemia, muchas universidades no pudieron efectuar la ceremonia de graduación de sus alumnos. El egreso de la universidad es uno de los momentos más importante en la vida de un estudiante, y por qué no decirlo, también para los familiares y en particular para los padres.
Creo que es el momento para que las universidades retomen esa tan significativa tradición y hagan justicia a los egresados durante la contingencia sanitaria, permitiéndoles tener un reconocimiento público.
Jorge Valenzuela Araya
ENAP será distribuidor mayorista de gas licuado
ENAP confirma que entrará al mercado del gas licuado para venta mayorista, convirtiéndose en una cuarta marca que entrará al mercado. El piloto en Quintero, San Fernando y Chiguayante es evaluado como exitoso. Su salida al mercado parte en San Fernando y Linares
TONGO: ENAP invertirá US$2 millones en 50.000 cilindros de gas para abastecer de 25.000 balones/ hogares al MES. Eso es otra burla que financiaremos los contribuyentes
Yo le compro los balones a Enap feliz: Tras éxito del plan piloto: ENAP será distribuidor mayorista de gas licuado
Como ENAP no tiene suficientes pérdidas actualmente (que pagamos todos los contribuyentes) que mejor que darle la oportunidad de aumentarlas.
Enap es rentable
La ENAP es un monopolio artificial...
Está sería la mejor noticia de este año que agoniza .por qué por fin compraremos el gas a precio justo gracias a enap ojalá sea realidad.
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