Erwin Schnaidt

Cifras que harían aumentar de modo significativo la inversión para el mejoramiento de calle El Teniente de Puerto Montt, deberán ser desembolsadas para pagar la indemnización en favor de la empresa constructora a cargo de esas obras, ya que no pudo concluir el proyecto, al mantenerse ocupado el terreno.

No son montos menores los que están en cuestión. Ese cálculo se realiza por día no trabajado, desde fines de marzo cuando finalizaba el contrato con la constructora, lo que se ha ido extendiendo por ocho meses, a la espera de las obras en el pasaje Los Ebanistas, donde hay 11 propiedades con cercos que sobrepasan la línea de edificación; y porque al menos dos propiedades siguen ocupadas, a pesar de haber sido pagados los respectivos montos por el plan de expropiación.

Para retomar las faenas, se debe resolver el monto de la multa -definida en el contrato- que se debe pagar en favor de la Constructora LN.

Según reveló el consejero regional Rodrigo Wainraihgt (RN) se produjo una diferencia en la interpretación del contrato. Así, mientras el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), como ente ejecutor del contrato, postula que el monto es de $296 mil diarios; el Gobierno Regional (Gore) y la empresa consideran que se debe desembolsar cerca de un millón 334 mil pesos al día.

Conforme a datos oficiales, el contrato concluyó el 26 de marzo de este año, con la obra sin poder ser finalizada. Hasta hoy, han transcurrido 248 días.

De esa forma, el monto a pagar varía entre los 73 millones 408 mil pesos, de lo que estima Serviu, a los 330 millones 832 mil pesos, según cálculos del Gore. "Mientras más pasa el tiempo, más aumenta la multa. Por eso, urge que se retome cuanto antes esa obra", acotó Wainraihgt.

A la contraloría

Ante tal disyuntiva, desde el Serviu ingresaron la documentación en consulta a la Contraloría Regional.

Álvaro Valenzuela, director regional subrogante del Serviu, expuso que "estamos a la espera del pronunciamiento de Contraloría respecto de este punto en particular, independiente de que hemos instado a la empresa a dar continuidad a las obras de este proyecto, tal como ha sido la instrucción de nuestro gobernador regional".

Desde el Gore se aseguró que a la espera del pronunciamiento de la Contraloría, aún no se ha procedido a emitir pago alguno a la empresa, ya que se resolvió continuar con el contrato y que sea la misma constructora la que se encargue de ejecutar las obras pendientes, como la demolición de los 11 cercos y concluir la última etapa, entre Los Artesanos y Los Cerezos. Pero ello no ha sido posible por cuanto Valenzuela recurrió a la Contraloría.

Mauricio Saavedra, jefe de la División de Inversiones del Gore, dijo que "desde la fecha en que terminó el contrato y la que se retome, que podría ser en diciembre, hay que sumar 210 días que corresponden a la ejecución de ese proyecto. Por ejemplo, si desde el 26 de marzo al 15 diciembre tenemos 200 días, hay que sumar 210 días por la ejecución del contrato".

Por ello se espera retomar las obras lo más pronto posible, a fin de aminorar el monto total a pagar.

Respecto de las diferencias de las cifras de las multas, explicó que "uno dice que es por etapa (Serviu) y otro (la empresa) por proyecto completo".

Lo que resta por definir, agregó, es la posibilidad de una resciliación del contrato "para darle término con fecha de marzo y no cancelar multas".

En duda

El core Wainraihgt, quien es presidente de la Comisión de Infraestructura y Ordenamiento Territorial de ese cuerpo colegiado, recordó que hubo acciones dirigidas a retomar los trabajos en agosto, puesto que la empresa se mantenía en espera pero con sus operaciones aún en terreno. "Como nosotros (Gore) somos los mandantes, los que colocamos los recursos, el gobernador mandató al Serviu para que retome las obras ", especificó.

Como ello no ocurrió, Wainraihgt cree que el Serviu deberá asumir ese mayor gasto, ya que "el Gobierno le mandató, a través de oficios, que tenía que seguir la obra, pero se negó, siendo que el mandante es el Gobierno Regional".

Una vez resuelta la duda, se espera que LN ejecute los trabajos pendientes, para lo que se debería hacer una extensión del contrato, por tres meses, según calculó el core.

En tanto que Juan Cárcamo (DC), presidente de la Comisión de Hacienda, admitió que esta discusión no ha llegado a esa instancia, pero que ha tenido conocimiento de ello en la respectiva comisión del Convenio Ciudades Más Humanas, en el que participan el Gore y los ministerios de Vivienda y Urbanismo, de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones. "Respaldamos la postura del Serviu, en términos de que sea la Contraloría la que determine. Tengo entendido que ese informe no se haría a nivel regional, sino que desde el nivel central de la Contraloría, para que tenga una jurisprudencia general y no específica", informó.

Cárcamo explicó que "no se puede pagar algo que no corresponde o que no tenga respaldo jurídico. Para mí, lo más importante es que esto se regule, que sea transparente y que la opinión pública conozca que el Serviu actuó de buena forma al acudir a la Contraloría para saber si corresponde o no pagar estas multas. Si a la empresa LN no le gusta, habrá que buscar otra alternativa".

Para analizar esta situación, Wainraihgt anuncio que esta tarde habrá una sesión de la comisión que preside, oportunidad en la que espera tener mayor claridad respecto a los montos comprometidos.

8 meses y 3 días han pasado desde la fecha en que finalizó el contrato por las obras en calle El Teniente.

2.675 millones 862 mil pesos fue el monto por el que LN se adjudicó el contrato, con un plazo de 480 días.