Erwin Schnaidt

Silencio guardaron ayer autoridades de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Agricultura y de la dirección regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), luego de conocer la resolución del 7° Juzgado Civil de Santiago, que concedió una medida precautoria de suspensión temporal del instructivo emanado del Ministerio de Agricultura (Minagri) para paralizar solicitudes de subdivisión de predios rústicos, lo que está regulado por la Ley 3.516, de 1980.

En el instructivo del pasado 12 de julio, se argumentaba que con ello se conseguía preservar el suelo rural para que mantenga su finalidad agrícola, además de evitar el desarrollo inmobiliario.

Las autorizaciones de futuras parcelaciones, en definitiva, quedan así bajo la estricta mirada del SAG, ante lo que la asociación gremial Chile Rural recurrió a la justicia en octubre pasado, con una demanda de nulidad y la petición para suspender ese mandato.

Tomás Prado, presidente de esa entidad gremial, destacó que el otorgamiento de la medida cautelar es un avance "en el restablecimiento del Estado de Derecho", pero también enfatizó que "va en línea de las aspiraciones de miles de chilenos que buscan vivir en zonas rurales y que después de esta medida se vieron terriblemente afectados".

Dijo esperar que "el Gobierno cumpla a cabalidad y de forma inmediata este dictamen".

El asesor legal de Chile Rural, Felipe Riesco, explicó que esa acción tiene como finalidad "lograr la nulidad de ambos actos administrativos, que instruyeron sobre la suspensión o rechazo de proyectos de certificación de subdivisión de predios rústicos, en el marco del decreto ley 3.516".

Reveló que "ya fue notificado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el SAG, que deben contestar la demanda".

Al ser requerido el pronunciamiento del SAG de Los Lagos, se dijo que no harían comentarios, ya que no han recibido la notificación judicial. Desde la Seremi de Agricultura aseguraron que el ministro Esteban Valenzuela es quien asumiría la vocería, lo que no se había hecho efectivo hasta el cierre de esta edición.

Golpe al gobierno

Consultado el senador Fidel Espinoza (PS), expuso que se trata de "un gran golpe al Gobierno, para los ministros que han encabezado este proceso".

Remarcó que "el gobierno del Presidente Boric, a través de su Ministerio de Agricultura y de Vivienda, en vez de preocuparse de los reales problemas que afectan a los chilenos, ha estado empeñado en cómo evitar que en Chile la gente pueda ir a vivir a una parcela". Añadió que "es una buena noticia para la gente que estaba tratando de vender su tierra o para quienes buscaban ir a vivir a un sector rural".

Por eso, agregó el parlamentario por Los Lagos, "han buscado subterfugios, mecanismos y fórmulas tratando de evitar el tema legislativo. Porque saben que no tienen mayoría en el Parlamento (...). Hoy, la justicia le ha dicho que todo su actuar ha estado equivocado".

Recordó que se ha mostrado dispuesto a "que si hay que regular este tema, regulémoslo para manejar sustentablemente los procesos de desarrollo inmobiliario en los temas rurales, para que haya protección al medio ambiente, que se utilice mecanismos que vayan en la línea del respeto irrestricto a la normativa vigente".

Justos por pecadores

De su lado, el senador Iván Moreira (UDI) sostuvo que "el Gobierno busca resolver por decreto un problema que debe ser materia de ley. En vez de apoyar alguna de las mociones para resolver el problema de fondo, prefiere paralizar toda subdivisión, afectando el derecho de propiedad, y obliga a pagar a justos por pecadores".

No obstante, remarcó que la resolución del tribunal capitalino "es una medida precautoria y probablemente va a ir a la Corte de Apelaciones. Sin embargo, es una señal que hay indicios de irregularidad en la actuación del Gobierno".

El legislador por la región definió que como la administración de Boric "no se compromete buscando una solución, habrá que esperar que la justicia resuelva si lo obrado por el Gobierno está fundado en Derecho o si ha actuado por un sesgo ideológico, obviando normas constitucionales y legales, según Chile Rural".

Interpretación

El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate (Ind.), quien llegó a suspender cuatro procesos de parcelaciones en la comuna, hizo notar que el contenido del instructivo de Agricultura "es meramente interpretativo de la legislación vigente. Los procedimientos que establece pueden aplicarse con independencia de la resolución del 7° Juzgado Civil de Santiago, que -por cierto- no está a firme, ni ejecutoriada".

Respecto del actuar del municipio, Gárate aseveró que, entre otros, se han coordinado con el SAG, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el CDE. "En esa línea es que todo lo que hemos hecho se encuentra absolutamente apegado a la ley. Así lo ha confirmado la propia Contraloría General de la República en dictámenes recientes. Por lo tanto, hemos evaluado bien los pasos que hemos dado".

El jefe comunal especificó que han actuado velando por el cuidado del medio ambiente. "Hemos puesto sobre la mesa la sostenibilidad. Eso es algo que quienes tenemos responsabilidad pública debemos cautelar. En esa línea estamos trabajando", aseveró.

Plan regulador

En tanto, el concejal Marcelo Salazar (UDI), añadió que la judicialización de esta materia es una respuesta al actuar del Poder Legislativo frente al tema, que "al parecer, se dejó a merced de interpretaciones".

Advirtió, asimismo, que como se ha extendido por siete años la actualización del plan regulador comunal, "deberá estar atentos a los resultados que están en desarrollo".

"Va en línea de las aspiraciones de miles de chilenos que buscan vivir en zonas rurales"

Tomás Prado,, presidente de Chile Rural.

"Todo lo que hemos hecho se encuentra absolutamente apegado a la ley"

Tomás Gárate,, alcalde de Puerto Varas.

La presidenta de la sede Puerto Montt de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Francisca Sanz, consideró que la resolución judicial "tiene carácter transitorio". Por eso estableció que "lo que se determinó es que se suspenda esta medida (del Gobierno), hasta que el proceso judicial tenga un fallo". Aún así, estimó que se trata de "una buena señal, desde la perspectiva que avanzamos en estos procesos que tienen tanta incertidumbre respecto a lo que se puede y no se puede hacer". Admitió que ante el instructivo emanado del Ministerio de Agricultura "nosotros consideramos que era un tanto prohibitivo. En ese sentido, prohibir siempre tiene que ir de la mano con una definición de lo que sí se puede hacer".

De esa manera, la timonel local del sector construcción, determinó que el enfoque del gremio está orientado a la definición de lugares donde se pueda llevar a cabo este tipo de desarrollos habitacionales. "Entendemos que el territorio tiene distintas vocaciones, aptitudes y espacios que hay que proteger. Es la planificación adecuada del territorio rural, con mecanismos e instrumentos correspondientes, lo que debe velar porque las cosas se hagan donde se debe", subrayó.

Sáez recordó que sobre la materia han ingresado cuatro proyectos al Congreso, por lo que convocó a "avanzar hacia una postura común, que defina reglas claras de lo que se puede y no se puede hacer, de la mano de definiciones de dónde sí y dónde no", insistió. La dirigenta gremial aseveró que ello debe ser asumido a nivel regional, haciendo uso de "instrumentos de planificación adecuados".