Vicente Pereira

El 4 de septiembre será el día en el que la ciudadanía definirá, mediante el plebiscito de salida, si es que opta por la opción Apruebo o Rechazo a la propuesta de nueva Carta Magna de la Convención Constitucional.

Sin embargo, previo a esa fecha, la discusión o debate de la clase política se ha centrado en posibles reformas al texto de lo que se postula como nueva Constitución.

De hecho, sin ir más lejos el oficialismo llegó a un acuerdo para respaldar modificaciones a la actual redacción.

Para ex convencionales, se trata de un proceso que es legítimo, en el contexto de lo que se propone al país. Aunque también hay voces que señalan que viene a ratificar que el producto que salió de la Convención es "malo".

En este sentido, Adriana Ampuero (Independiente, Insulares e Independientes), observa la propuesta oficialista como una más de las legítimas que pueden surgir desde distintos sectores.

Y es que a su juicio, la gracia de la nueva Constitución es precisamente la flexibilidad para ser sometida a modificaciones o ajustes que evidentemente quedarán en manos del Congreso, pero también de la ciudadanía.

En cuanto al contenido de lo propuesto "me parece más bien de carácter aclaratorio, respondiendo a las interpretaciones tendenciosas que han surgido respecto de determinados artículos, durante la campaña".

En la misma línea, Julio Álvarez (PS) cree que al ser una obra construida por seres humanos, puede que no quedase perfecta y, por lo tanto, puede ser mejorada. "No le veo mayores inconvenientes, porque hay temáticas, entre las cuales, nosotros como colectivo socialista, al momento de votar y de resolver en el pleno, no tuvimos votos favorables".

Álvarez identifica que no apoyó la reelección inmediata de Presidente, como sí lo hizo la mayoría. "Creo que algunos puntos son perfectamente subsanables, en la medida que no afecten lo central de la propuesta", la que a juicio del ex constituyente, tiene que ver con dos aspectos: la construcción del Estado social y democrático de Derecho; es decir, todo el capítulo que guarda relación con los derechos políticos, sociales y las libertades, y la construcción del Estado regional, el que -en su opinión- es el mejor mecanismo de distribución del poder.

"Entre mala y pésima"

En medio de este debate, Harry Jürgensen (RN) apunta a dos intereses de parte de quienes están postulando aprobar para reformar.

Primero, según dice, "sacar la mirada del foco y de la crítica del contenido propio de la Constitución. Si los del Apruebo están llamando a reformar la propuesta realizada por la Convención, claramente es porque es mala. Yo estoy en la postura de rechazar, porque la propuesta es pésima".

De ahí que señale que lo que se le propone al país está "entre mala y pésima. Mala la consideran los del Apruebo y pésima los del Rechazo".

Sin embargo, el ex intendente de Los Lagos sostuvo que "proponer después las cúpulas políticas un camino o un acuerdo de un posible arreglo, no es más que una fórmula ficticia e irrealizable para sumar más apoyo para el Apruebo".

En su análisis, señala que la nueva Constitución cuenta con los "mismos candados que la izquierda critica de la Constitución actual, en cuanto a que para ser reformada necesita de dos tercios, lo mismo que la actual, así como 4/7 para algunas materias que, además, de ser aprobadas requieren también de un plebiscito".

Pero, el candado más grande, a su juicio, es "el consentimiento indígena, puesto que en toda norma que afecte a un pueblo indígena, hoy declarados naciones, tienen que dar su consentimiento en cualquier materia que pudiese afectarles. Y por lo mismo, si gana el Apruebo y se pretende reformar la Constitución, las naciones indígenas no darán su consentimiento, porque esta Constitución es tremendamente indigenista, ecologista y feminista al extremo".

De ahí que estime que lo que se está presentando sea un acuerdo "maquillaje que busca mostrarla distinta. Pero, las mejoras son imposibles. Es una trampa".

Para Jürgensen, esta propuesta "divide a los chilenos, debilita la propiedad privada, incluso de las viviendas; le quita la calidad a los servicios públicos esenciales. Entonces, el mejor camino es rechazarla y generar un ejercicio distinto a cómo fue elegida esta Convención, ya que si se elige una igual, se cometería los mismos errores, en los que se impuso la arrogancia, la soberbia, las minorías no fueron reconocidas y nunca hubo una práctica de la democracia. No se pudieron confrontar las ideas".

"Un gran acuerdo"

Con Jürgensen coincide Katerine Montealegre (UDI), para quien lo que se vota el próximo 4 de septiembre, es la propuesta de la Convención y no "las promesas del oficialismo, ni del Apruebo para reformar".

Señala que lo definido por el oficialismo dejó en evidencia una serie de aspectos. De partida, "que hubo un gran acuerdo de parte de la izquierda de que el texto es malo". Luego señala que confirma que todo lo que advirtió la oposición "no era fake news, como se trató de instalar durante un tiempo".

Y un tercer punto, a juicio de la gremialista, tiene que ver con que "no pueden prometer que realizarán estos cambios, porque necesitan quórum que son más altos y requieren de referéndum, del consentimiento indígena. Y porque cuando uno ve el cambio refundacional de la propuesta, de inmediato nos damos cuenta que requerirán ser implementados por varias décadas".

Por lo mismo, sostiene que cuando se habla de aprobar para reformar, se pregunta "¿Reformar qué (…)? Si en realidad los cambios que propone la Convención no son para un período acotado, sino que van a transformar el Chile que hoy conocemos. Por ello la estrategia del Gobierno es desesperada para llamar a votar Apruebo, pero que no funciona porque los chilenos tienen claro que la propuesta del texto es mala y, por lo mismo, prefieren comenzar un proceso constitucional que no sea una chacota, como el que hizo la Convención Constitucional".

No es derrota

Adriana Ampuero es enfática al señalar que el que se debata posibles reformas previo al plebiscito, no es algo que vea "como una derrota. El momento de hacer dicha propuesta probablemente no es el más adecuado, pues es confuso para la ciudadanía que se proponga modificaciones sin tener claro el resultado del plebiscito".

Sin embargo, "veo complejo que desde los movimientos territoriales se decante por respaldar un texto redactado entre cuatro paredes por gente designada por los partidos a su acomodo, y que no responda a los cambios estructurales que se demandan desde la ciudadanía. De eso ya hemos tenido suficiente en la historia de Chile y dependerá absolutamente del contenido y las formas. Si ganara el Rechazo, el futuro del proceso constituyente es tremendamente borroso e incierto. Nada asegura que los sectores que han trabado la pelota por más de 40 años ahora milagrosamente se comprometan a algo distinto".

La visión de Ampuero es compartida por Julio Álvarez, para quien el que se esté abordando mejoras a la propuesta de Carta Magna, no significa que sea una manera de reprobar lo que hicieron durante el año en que el que estuvieron trabajando en la redacción de ese texto.

En este sentido, Álvarez lo observa como "una cuestión más bien política. Tampoco veo inconveniente en que sean los partidos los que puedan hacer política. La Constitución se elaboró para que sea implementada por la política, lo que quiere decir por el Parlamento. Hay más de 100 mandatos desde la Convención al Congreso para que, haciendo política, que es lo que le corresponde, dicten las normativas que estén acorde con la nueva Carta Magna".

Por ello sentenció que "toda esa construcción que está mandatado el Parlamento, lo faculta para, teniendo el mandato popular, poder realizar mejoras a la nueva Constitución. No le veo mayores inconvenientes".

4 de septiembre es la fecha en la que tendrá lugar el plebiscito de salida.

12 meses se prolongó el trabajo de los 154 convencionales constituyentes.