para fortalecer el contacto con las personas privadas de libertad, porque esta condición no significa, bajo ningún punto de vista, que el derecho de cualquier interno o interna de comunicarse con su defensa se vea restringido, con mayor razón cuando el Estado está a cargo de resguardar su integridad física y síquica".

Llorente remarca que durante toda la pandemia la Defensoría ha estado trabajando "para proveernos de distintos medios de contacto con aquellas personas que están aisladas. De hecho, hace algunas semanas visitamos los módulos de aislamiento preventivo por covid y, en ese contexto, obtuvimos el compromiso de Gendarmería de facilitar una mayor frecuencia de contacto entre los internos y sus respectivas defensas, para verificar las condiciones de privación de libertad en forma continua."

Recurso de amparo

El abogado Naín Lamas fue uno de los juristas que recientemente recurrió de amparo en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, a favor de un cliente, porque pese a los diagnósticos de seis profesionales en salud mental, el imputado no era trasladado a la Unidad de Siquiatría del Hospital de Puerto Montt.

Todos los diagnósticos coincidían en determinar ideación suicida del recluso.

"Se recurrió de amparo considerando que la seguridad individual de nuestro representado estaba en riesgo por actuaciones arbitrarias e ilegales". A juicio de Lamas, una persona en prisión preventiva ve limitados sus derechos de libertad ambulatoria, pero no otros derechos básicos "reglamentados en el plano penitenciario, como lo es el derecho a la salud y salidas al aire libre, aun cuando estén castigados. Todo ello no se permitía y por eso se acogió el recurso". El ex fiscal aclara que hay fallos en el país, de la Corte Suprema, que ha resuelto sobre esta materia, aumentando las exigencias a favor de la salud mental de los reclusos, ya sea que estén en condición de imputados o condenados rematados.

La abogada Tábata Recabarren es crítica respecto a la atención siquiátrica que han tenido sus defendidas estando en el penal de Alto Bonito.

Según Recabarren, son pacientes siquiátricas cuya atención ha estado muy por debajo de los estándares de acceso a la salud "según lo consagrado en nuestra constitución vigente, y tampoco se aproximan al estándar de atención de salud siquiátrica pública del resto de la población, agravándose la situación de esta manera, y siendo doblemente afectados los internos porque, a la no atención médica se suma la discriminación".

Para la penalista, la atención en salud mental no existe, ya que los únicos "sicólogos que trabajan en la cárcel no tienen por función el cuidado de la salud mental de los pacientes, sino el velar por el control de cumplimiento de penas y beneficios intrapenitenciarios". Otra situación que denuncia la abogada Recabarren dice relación con el no reconocimiento de los pacientes siquiátricos cuando ingresan a la cárcel. "No se les reconoce su calidad de pacientes porque vienen sin un diagnóstico previo, y otras veces porque no existe una evaluación de calidad al ingreso, ni se monitorea la salud de los imputados".

" El Estado tiene obligaciones específicas respecto de quienes se encuentran privados de libertad, y entre ellas está respetar derechos a la vida, la integridad física y síquica"

Patricia Rada, Consejera regional (CS) y abogada

2 suicidios ocurrieron durante todo 2021 en el penal de Alto Bonito en Puerto Montt. A la fecha este año ya van cinco casos.

22 de julio se pronunció la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, instancia que acogió el recurso de amparo a favor de un interno.

4 siquiatras evaluaron a un recluso imputado, quien tuvo que recurrir a la justicia para que sea internado en el hospital.