INDH y Mejor Niñez supervisan desalojo de las 63 familias del campamento de Pelluco
AYER CONCLUYÓ. Desarme de las casas proseguirá hoy. Delegada presidencial confirmó que la totalidad de las personas ocupantes de la toma firmaron acta de entrega del inmueble. Carabineros llamó a tener paciencia con el tránsito.
Evitar la vulneración en los derechos de los niños y adolescentes es el objetivo del Servicio Mejor Niñez, que ha estado supervisando el desalojo de las 63 familias del campamento de la ex vía férrea, levantado durante 2018.
Las tres remociones en masa -el 7 y 8 de junio, y el lunes 4 de julio- motivó a las autoridades a firmar el decreto de desalojo que se terminó de concretar ayer.
Organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Servicio Mejor Niñez, velaron por el trato a las personas, y de esa forma no se vean vulnerados.
Luis Alberto Lillo, director (s) regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, dijo que el organismo tomó conocimiento de la situación de desalojo que afecta a las familias del sector de Pelluco, y que también involucra a los menores que viven con sus familias o cuidadores.
"Por esta razón estamos en un constante monitoreo ante eventuales situaciones que constituyan algún tipo de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes", comentó la autoridad, quien explicó que habrá un seguimiento.
Indh
Para Milena Sánchez, abogada y directora regional (s) del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), lo fundamental de todo este proceso es evitar el desalojo forzoso.
"Hemos realizado una observación en terreno del proceso, solicitado determinada información a las autoridades involucradas para efectos de verificar que el proceso se realice, con completa consideración de los derechos de las personas", anotó.
Según la abogada, hay "familias completas con niños y eventualmente personas de la tercera edad. Esas son circunstancias que se están mirando con bastante atención".
Respecto de la presencia de extranjeros en la toma, comentó que en su mayoría son familias de migrantes no documentados que, por esta condición, no podrían optar a alguna de las soluciones habitacionales que han sido conversadas por la autoridad política.
De acuerdo a Milena Sánchez, el objetivo es conocer la información "para efectos de determinar y mediar ante la autoridad política, para ayudar a las personas que están en una situación desmejorada para negociar otro tipo de soluciones a su situación".
Restitución
Giovanna Moreira, delegada presidencial regional, confirmó que la totalidad de las personas ocupantes de la toma firmaron el acta de entrega del inmueble, por lo que están realizando el desarme voluntario de las viviendas.
Según Moreira, gracias al trabajo intersectorial de distintos servicios, todas las familias saldrán de la zona de riesgo, incluyendo quienes presentaban resistencia.
"Gracias a un trabajo intersectorial y a distintas voluntades, damos paso a la restitución del bien fiscal por parte de Carabineros a los dueños. Seguiremos trabajando por la seguridad pública", explicó la delegada presidencial.
El coronel Fernando Fajardo, prefecto de Carabineros, subrayó que se mantendría cerrada la vía que va hacia Puerto Montt, porque aún hay camiones que están trabajando.
"Hay personas que están bajando sus enseres y no queremos que esto en ningún caso vaya por una premura a terminar con algún accidente de tránsito o fatalidad, que es justamente lo que estamos evitando".
Para el coronel Fajardo, lo importante es que la comunidad tenga paciencia.
"Prudencia, solidaridad y buen trato, entendernos por favor, sobre todo a los conductores que tienen un poco más de carácter o que andan un poquito más apresurados, saber compartir la vía".
63 familias dejaron la toma que, durante la pandemia, aumentó de forma explosiva la cantidad de ocupantes.
7 de junio fue la primera remoción en masa. Posteriormente se repitió el 8 de junio y el 4 de julio.