El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, dimitió ayer de su cargo en medio de fuertes divisiones internas en el Gobierno de Alberto Fernández y tras una semana de tensiones en los mercados como reacción a medidas que evidencian los desequilibrios macroeconómicos del país suramericano.

Guzmán presentó su renuncia a Alberto Fernández en una carta que hizo pública a través de la red social Twitter.

La gestión de Guzmán, quien integraba el Ejecutivo desde diciembre de 2019, era el centro de las críticas tanto de la oposición como del ala oficialista que lidera la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, quien ha cuestionado el ajuste fiscal comprometido en el acuerdo sellado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo último.

"Ha sido un verdadero honor acompañarlo en la tarea de poner a nuestro país de pie. Juntos hemos dado pasos para que la economía de nuestro país se recupere y crezca. La hora necesita que quien usted disponga tome las riendas del ministerio que hasta hoy tuve el honor de conducir", dijo Guzmán en su misiva.

Consideró que "será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante" para que quien le reemplace "cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances descritos y hacer frente a los desafíos por delante".

"Eso ayudará a que quien me suceda pueda llevar adelante las gestiones conducentes al progreso económico y social con el apoyo político que es necesario para que aquellas sean efectivas", señaló.

En su extensa misiva, Guzmán hizo un repaso a su gestión, marcada por la reestructuración de la deuda con acreedores privados, la negociación con el FMI, los desafíos que implicó recibir una economía en recesión desde 2018 y luego golpeada por la pandemia y el factor "disrruptivo" de la guerra en Ucrania.

Destacó, entre otros puntos, que el año pasado la economía argentina logró recuperarse un 10,4 %. "Hoy la economía continúa creciendo y generando empleo, habiendo pasado ya la primera revisión de aquel programa (con el FMI), y habiendo logrado adaptarlo a las circunstancias globales cambiantes en el contexto de la guerra en Ucrania", indicó.

"Por delante, será fundamental continuar fortaleciendo la consistencia macroeconómica, incluyendo a las políticas fiscal, monetaria, de financiamiento, cambiaria y energética, así como la coordinación vía políticas de precios e ingresos, para atacar la problemática inflacionaria que daña al funcionamiento de nuestra economía y lograr continuar recuperando el poder adquisitivo", añadió.

La renuncia de Guzmán corona una semana tensa en los mercados cambiarios, con la cotización del dólar en niveles récord tras la decisión del Banco Central de imponer más restricciones al acceso a las divisas por parte de las empresas para pagar importaciones, una medida que busca cuidar las escasas reservas monetarias del país.

Argentina afronta un escenario de aceleración de la inflación y debe cumplir desafiantes metas fiscales y monetarias asumidas en el acuerdo con el FMI, cuestionadas por Cristina Fernández, quien ayer, en el momento en que Guzmán presentaba su renuncia, reiteraba sus diferencias respecto a la gestión económica del Gobierno.

La de Guzmán, un hombre que hasta ahora había defendido públicamente Alberto Fernández, es la segunda renuncia que en menos de un mes. A principios de junio, también en medio de tensiones con la vicepresidenta, dimitió Matías Kulfas como ministro de Desarrollo Productivo, otro hombre cercano al presidente.

Una coalición de grupos ambientalistas demandó al Gobierno estadounidense de Joe Biden por no considerar los daños que las emisiones producidas por la perforación de petróleo y gas en tierras públicas pueden causar a los animales en peligro de extinción. La demanda señala que el petróleo sacado de un pozo en Wyoming -en terrenos que suman más de 50.000 hectáreas- añadirá sus emisiones al dióxido de carbono en la atmósfera que está calentando el planeta y contribuirá así a devastar los arrecifes de coral en Florida, los osos polares en el Ártico y los pájaros cantores en Hawái.

"El cambio climático es un problema de impactos acumulativos", explicó Brett Hartl, director de asuntos gubernamentales del Centro para la Diversidad Biológica, ONG que lidera la demanda.

Esta estrategia cuestiona si una ley que protege a los animales en peligro de extinción puede detener nuevas perforaciones petroleras: la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

"Esta es una nueva teoría legal que llevamos intentando poner en práctica desde hace un par de años y esta es la primera vez que hemos podido presentar la demanda porque tenemos hechos convincentes ", explica el activista, que teme por la supervivencia de varios animales.

El demócrata Joe Biden, al principio de su mandato, trató de comprometerse con su promesa de campaña de suspender nuevas perforaciones en tierras federales, pero su empeño se vio frustrado después de los recursos interpuestos por los estados republicanos y por la industria petrolera.

La demanda señala que, según los análisis de la Oficina de Administración de Tierras, la producción de petróleo y gas en tierras públicas emite el 9 % de los gases de efecto invernadero de los Estados Unidos y el 1 % de las emisiones globales.

Además, la demanda estima que los aproximadamente 3.500 permisos de perforación aprobados bajo el Gobierno de Biden liberarán hasta 600 millones de toneladas de gases de efecto invernadero durante la vida útil de estos pozos.

El activista lamenta que el ritmo de aprobaciones para nuevas perforaciones "es aún mayor que durante los años de Trump".

La industria del petróleo, por su parte, dice que medidas de este tipo contra el petróleo y gas gestionado por el Gobierno dañaría la economía en momentos en que la inflación es la más alta en 40 años.

El Tribunal Supremo de Texas (EE.UU.) restauró la noche del viernes una ley de 1925 que prohíbe el aborto y que el fiscal general del estado había ordenado implementar después de que el Tribunal Supremo federal acabara con la protección al aborto.

El fallo del Tribunal Supremo de Texas restaura la ley de manera temporal mientras se llega a una decisión final.

En la práctica, lo que hizo el tribunal fue bloquear el fallo de una corte inferior que había impedido la entrada en vigor de la ley a petición del Centro para los Derechos Reproductivos (CRR, en inglés) y la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU, en inglés), que representaban a clínicas que practican abortos. La ley de 1925 establece una pena de hasta 5 años de cárcel para aquellos médicos que ayuden a una mujer a interrumpir su embarazo. La legislación prohíbe el aborto en caso de incesto o violación y solo establece una excepción en caso de riesgo para la vida de la madre.

Esa ley entró en vigor antes de que, en 1973, el Supremo estableciera que los estados no podían interferir en la decisión de una mujer sobre su embarazo en el fallo "Roe contra Wade".

La semana pasada, el Tribunal Supremo revocó "Roe contra Wade", con lo que acabó a la protección federal al aborto y dio permiso a los estados para fijar sus propias reglas.

A continuación estados como Texas empezaron a implementar las "leyes zombis", hechas antes de que el Tribunal Supremo garantizara el derecho al aborto en 1973, mientras que otros estados activaron "leyes resorte" llamadas así por haber sido diseñadas para entrar en vigor justo cuando se derogó el derecho al aborto.

El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, ordenó a todos los fiscales texanos que persiguieran por la vía penal a cualquier médico que ayudara a una mujer a interrumpir su embarazo.

Cuando una corte inferior bloqueó su orden el martes, Paxton recurrió ante el Tribunal Supremo de Texas.