En enero de 1919, Max Weber dictó dos conferencias en Múnich ante la Unión Libre de Estudiantes de Baviera, cuando esa ciudad era capital de la efímera "República Soviética de Baviera" y Alemania entera se desenvolvía -como el resto de Europa- en la efervescencia social que siguió a la Primera Guerra Mundial.

Las conferencias se titularon "La ciencia como vocación" y "La política como vocación". La segunda se tradujo luego en un ensayo publicado con ese mismo nombre en 1919. Este ensayo es uno de los más divulgados de Weber, porque en él está contenida su teoría del Estado como detentor del monopolio del uso legítimo de la fuerza. Una teoría que devino pronto en un principio que está presente hoy en la mayoría de los cuerpos constitucionales de los Estados del mundo y es el sustento en el que se basa la existencia legitimada de policías y fuerzas armadas.

Si este principio no fuese aplicado, es muy probable que en las relaciones sociales terminara por imponerse aquella situación en la que, según Hobbes, "el hombre es el lobo del hombre", o en otras palabras, el reino de la barbarie en el cual finalmente la que impera es la ley del más fuerte.

La condición de legitimidad en el uso de la fuerza está dada por el consenso social, expresado por intermedio de textos constitucionales, leyes y normas. De esa condición, qué duda cabe, la que importa más es la del consenso social, del cual se derivan -o debieran derivarse- las constituciones y las leyes. Cuando ese consenso no existe, la policía tiende a deslegitimarse o sus integrantes tienden a percibirlo de esa manera.

La situación de Carabineros, durante el último período, ha llegado a rozar esa deslegitimación. En alguna medida por parte de la opinión pública y, en otra medida quizás mayor, por parte de la autoridad. Las razones que se aducen, esas sí carecen de toda legitimidad. Algunas se originan en el actuar delictivo ordinario de algunos miembros de la institución, como si ello significara que es toda la institución la que delinque. Otras se originan en la obligada actuación de Carabineros en la represión del vandalismo o el terrorismo y tiene como principales voceros a quienes -seguramente por su propia inclinación ideológica- tienden a ponerse de parte de aquellos que son reprimidos.

Claro que ese reclamo y la deslegitimación consecuente se presenta bajo la forma de crítica de los excesos o de las acciones lesivas a los Derechos Humanos que algunos carabineros han cometido en el curso de esa acción represiva.

Pero nuevamente es válido decir que si bien esos excesos y esos atropellos a los Derechos Humanos sí se han cometido, no es la institución la que ha actuado de esa manera, sino elementos aislados, todos los cuales están siendo juzgados por tribunales correspondientes.

¿Y qué ocurre cuando las fuerzas policiales se sienten deslegitimadas por la opinión pública o por la autoridad?

No es difícil discernirlo, porque es algo que hoy día está ocurriendo ante nuestros ojos: la fuerza policial pierde eficacia porque sus elementos, al sentirse deslegitimados, pueden llegar a renunciar a la utilización de aquella potestad que le está asignada por la Constitución y las leyes.

Eso es lo que ocurrió en el hecho más reciente en que un carabinero perdió la vida porque dudó en utilizar la fuerza que legítimamente está autorizado a utilizar: el del cabo segundo David Florido Cisterna.

Él fue víctima de la bala disparada por un delincuente, pero esa fue sólo la última consecuencia de una situación más grave, pues al perseguir a ese delincuente sin hacer uso de su propia arma en el contexto de deslegitimación que afecta a su institución, fue en realidad víctima de esa deslegitimación.

¿Qué se debe hacer para evitar que esa situación se repita hasta diluir completamente la capa protectora de la sociedad que representa Carabineros de Chile?

Desde luego a nosotros, la sociedad civil, nos corresponde reconocer públicamente la legitimidad de nuestra policía. Pero también nuestras autoridades deben hacerlo, sobre todo nuestro gobierno, porque quizás por la juventud de la mayoría de sus miembros, a ellos les cupo no hace mucho tiempo expresar de diferentes maneras su desconfianza acerca de Carabineros.

Desconfianza que, en algunos casos, adoptó diversas modalidades de un reclamo por la desaparición misma de la institución. Es por ello que ahora que son autoridad, les corresponde reponer la confianza que en un momento pusieron en duda y restituir la legitimidad de Carabineros de Chile.

Esa es la pega que Juan Carlos Florido, el padre del cabo asesinado, con todo respeto les solicitó hacer al Presidente de la República, Gabriel Boric; y a su ministra del Interior, Izkia Siches, durante el funeral de su hijo.