Redacción

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle comunicó a la Convención Constitucional que no participará en el acto de entrega del proyecto de nueva constitución, el próximo 4 de julio en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional.

De esta manera el exmandatario se suma a la decisión tomada por el también expresidente Ricardo Lagos, quien a través de una carta solicitó no ser invitado a participar en el acto final.

La misiva de Eduardo Frei fue dirigida a la Presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros y al vicepresidente, Gaspar Domínguez. En ella señala de manera textual que "si bien agradezco su invitación a la sesión de Pleno de la Convención Constitucional del próximo 4 de julio, en esta ocasión no participaré. Le saluda atentamente, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, expresidente de la República".

La invitación a los expresidentes ha estado rodeada de críticas y polémicas. En un comienzo, la mesa de la Convención decidió marginar a los cuatro exmandatarios de la ceremonia, aduciendo "problemas con el aforo" del Salón de Honor del excongreso.

Sin embargo, esta decisión desató variadas críticas de distintos sectores, del parlamento y de un grupo de convencionales.

Es por eso que la mesa reconsideró la medida y el jueves después de una votación dividida, decidió invitar a los expresidentes al acto de cierre de la Convención.

Pocas horas antes ese día, Ricardo Lagos solicitó en una misiva a la Convención no ser invitado: "Rogaría que no considere mi nombre", "para dar lugar a personas que, con menos oportunidades de participación e interacción durante el trabajo de la CC, puedan participar del evento".

Esta decisión fue comentada por representantes de distintos sectores políticos. El senador Ricardo Lagos Weber e hijo del exjefe de Gobierno, aseguró que "hay un sector de chilenas y chilenos que creen en la exclusión. Que aquellos que piensan distintos, yo los excluyo. Lagos, como dijo en su carta, colaboró con ellos en cuatro oportunidades en los nueve meses. La pregunta es como hacemos para construir un país de todos, una constitución de todos, cuando hay un sector que insiste en excluir visiones. Yo lo encuentro poco auspicioso", afirmó.

En tanto, el senador de la UDI, Iván Moreira indicó que "el expresidente Lagos dio ayer (jueves) una cátedra sobre como responder de manera elegante y contundente al ninguneo de la Convención con los expresidentes. Sobria e irónica, estoy seguro que muchos en la Convención no la podrán entender".

"Probablemente identificó en la Convención a un espacio que ha desarrollado una crítica hacia los últimos 30 años de administración, de los cuales él fue una parte importante y en ese contexto se entiende su decisión de dar un paso al costado. Y hoy día esa constitución que salió de ese espacio democrático claramente es mucho mejor que la constitución que actualmente nos rige", aseguró el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve dijo que espera que la justicia aplique la máxima pena posible que establece el Código de Justicia Militar, en el asesinato del carabinero David Florido, ocurrido el pasado 10 de junio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda de Santiago.

Señaló que el mínimo estándar que debe tener el país e que ningún homicidio quede impune y "menos el de un carabinero".

"Nosotros lo hemos dicho, delitos de esta naturaleza merecen la mayor sanción que establece la ley, en este caso delitos de esta naturaleza, que es asesinar a un carabinero que estaba cumpliendo con sus funciones, está tipificado en el Código de Justicia Militar en el artículo 416 y las penas van desde 15 años y un día hasta el presidio perpetuo calificado. Nosotros esperamos que se aplique la máxima pena que establece el Código de Justicia Militar" aseguró el subsecretario.

El carabinero David Florido recibió un disparo en la cabeza cuando concurrió a fiscalizar una barbería. Tenía 33 años y dos hijas y con su muerte se convierte en el mártir 1.227 de Carabineros.

El Décimo Juzgado de Garantía de Santiago a solicitud de la Fiscalía, amplió la detención de los tres sospechosos de la muerte del uniformado hasta el lunes 20 de junio. Se trata de Juan González sospechoso de ser el autor material del disparo y Julio Vidal y Marcela García, acusados de encubrimiento. Esta última es funcionaria del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

La magistrada Lucia Giannini aseguró que "si bien todas estas audiencias de control de detención se puede pedir la ampliación, el tribunal es el llamado a resolver y ponderar los intereses en juego. Acá tenemos los intereses de las partes querellantes, también la solicitud del ente persecutor y están los intereses de las tres personas detenidas".

Agregó que "existen diligencias pendientes y deben cumplirse y que pueden perfectamente incidir en la calificación jurídica" para "establecer y esclarecer la participación" de todos los imputados.

Marcela García, la funcionaria judicial, habría ocultado a Juan González en su domicilio, mientras era buscado por las policías, mientras que Julio Vidal se encontraba junto a González al momento de su detención.

La reciente Encuesta CEP ha entregado un panorama desolador respecto de las percepciones sobre Chile actual. Un 58% califica la situación económica como mala o muy mala; un 42% cree que empeorará en los próximos doce meses; y un 89% opina que el país está estancado o en franca decadencia. Para el 52% de la población la situación política actual es mala o muy mala, y el 44% considera que es peor que hace cinco años atrás. En los últimos doce meses, la percepción de la delincuencia, asaltos y robos subió del 42% al 50% como el principal problema que nos afecta. Algo similar aconteció con el narcotráfico, el que ascendió del 17% al 23%. Y problemas sociales como las pensiones (33%), la salud (33%) y la educación (28%) completan la lista de los cinco primeros dramas que aquejan a las personas en su vida cotidiana.

Con datos cualitativos en la plataforma digital C22 del CEP (Hablar de Chile) es posible reconocer la experiencia tras estos problemas. En la zona norte las expectativas más recurrentes son la necesidad de apoyo en educación y el acceso a la salud. En la zona central se trata de estos mismos anhelos cruzados por el tema de la calidad, y se agregan distintivamente las pensiones y el costo de la vida. En la zona sur y austral, en tanto, el acceso y la calidad en salud y educación son expectativas importantes, como también lo es la vivienda. Y en relación con la inseguridad vital, en todas las regiones de Chile la violencia de género al interior de la familia y la inseguridad en el entorno barrial son experiencias que marcan la vida cotidiana de las personas. Y es evidente que, en la Araucanía, la violencia ha traspasado su umbral crítico.

Todo esto es caminar sobre hielo delgado. Por una parte, sabemos que la economía y la política son altamente sensibles a las expectativas de los públicos y reproducen la desesperanza en forma de profecías autocumplidas. Por otra, deficiencias en salud, educación, pensiones, y especialmente la exposición a hechos cotidianos de violencia incrementan la incertidumbre sobre la vida presente y las expectativas de futuro. Con condiciones sociales de este tipo todo se vuelve difícil. De los economistas sabemos que la inversión decrece; de los politólogos escuchamos que la gobernabilidad se ve afectada. Pero lo que parece más trágico es que la confianza en el otro y en las instituciones sociales es arrojada a un vacío del que difícilmente se puede escapar.

En un Estado de derecho, la primera tarea es asegurar la vida de las personas para absorber el temor mediante el imperio de la ley. Y la segunda es ofrecer alternativas institucionales de inclusión social para reducir la incertidumbre de la desprotección. El gobierno actual fue elegido por su agenda social. Tiene que avanzar en ella con independencia de lo que acontezca con la propuesta constitucional. Pero también se ha encontrado con un recrudecimiento de la delincuencia, el narcotráfico y la violencia en espacios públicos. A estas debe enfrentarlas decididamente con la legitimidad que le otorga el derecho. De otro modo, no podrá rescatar la esperanza ciudadana y la confianza perdida, y el hielo delgado bajo nuestros pies cederá nuevamente.

"En un Estado de derecho, la primera tarea es asegurar la vida para absorber el temor mediante el imperio de la ley".

*Investigador del Centro de Estudios Públicos