La principal coalición de oposición política en Argentina reclamó ayer que se investiguen las licitaciones para la construcción de un nuevo gasoducto y que fueron eje de nuevas tensiones internas dentro del Gobierno de Alberto Fernández.

El diputado Waldo Wolff, de Juntos por el Cambio, el principal frente opositor, adelantó que este lunes varios dirigentes de esa coalición presentarán varias denuncias o una unificada ante la Justicia para que se investigue el proceso de licitación.

"Sin dudas, tiene que intervenir la Justicia", dijo Wolff en declaraciones a Radio Con Vos.

Por su parte, el bloque de Juntos por el Cambio en el Senado anunció en un comunicado que presentará un proyecto de comunicación para exigir al Ejecutivo "precisiones respecto a las denuncias" en torno al nuevo gasoducto y que derivaron el sábado en la decisión de Alberto Fernández de pedir la renuncia al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

El "off" de la discordia

La salida de Kulfas del Gobierno se produjo en medio de las divisiones que desde hace meses se suscitan en el seno del Ejecutivo, entre los funcionarios cercanos al presidente y aquellos alineados con la vicepresidenta, Cristina Fernández.

La nueva controversia se desató el viernes último, cuando la vicepresidenta reclamó en un acto que el grupo siderúrgico Techint, ganador de la licitación para proveer las tuberías del nuevo gasoducto Néstor Kirchner, mudara parte de su producción desde Brasil a Argentina, y pidió al presidente mayor acción ante los empresarios.

Tras esas declaraciones, fuentes en "off the record" (no identificadas) de un área del Gobierno citadas por medios locales acusaron a funcionarios de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa, anteriormente denominada Ieasa) -alineados con la vicepresidenta- de armar "un pliego de licitación a la medida de Techint".

En respuesta a esas acusaciones, Enarsa sostuvo en un comunicado que esas aseveraciones salieron del ministerio encabezado por Kulfas, un ministro cuestionado por el kirchnerismo.

Cristina Fernández hizo público su malestar por el "off" y el jefe de Estado terminó por pedir su dimisión.

La polémica

En el centro de la polémica en torno al proyecto del gasoducto están las especificaciones para la construcción de las tuberías del gasoducto, lo que fue licitado a inicios de mayo pasado a la firma Siat, que es una filial de Techint, y que fue la única empresa que presentó una oferta.

Enarsa negó que la licitación haya sido diseñada a la medida de Techint.

Las citas en "off" apuntaron que se licitaron caños de 33 milímetros de espesor, que solo fabrica Techint, en vez de tuberías de 31 milímetros, como las de los gasoductos europeos y que podrían haber sido provistas por otros fabricantes.

Pero Enarsa respondió que, en realidad, se compraron tuberías de otros espesores a los citados y que se hizo siguiendo las normativas técnicas vigentes.

Las citas en "off" apuntaron que también se adjudicó la provisión de válvulas a una empresa importadora en lugar de a un fabricante argentino que ofrecía precios y condiciones similares, pero Enarsa aseguró que esto no es cierto porque aún el proceso de licitación para estos componentes se encuentra abierto y será declarado "fracasado" debido a que "ninguna de las ofertas recibidas cumplen con los plazos de entrega solicitados".

Amnistía Internacional (AI) ve con preocupación que el régimen de excepción en El Salvador se vuelva la "norma" y que "terminen por desmantelar a las instituciones del Estado y al Estado de Derecho" en el país centroamericano, según su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas.

Más de dos meses suma ya el país bajo este régimen, aprobado por la Asamblea Legislativa por 30 días (ampliado dos veces), tras una escalada de asesinatos a finales de marzo atribuido a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha (MS13).

Para el presidente Nayib Bukele, con estos poderes especiales está cerca de ganar la "guerra" contra las pandillas, con más de 37.000 detenciones, de las que, según el mandatario, el 1% podría ser "error".

El balance de las organizaciones humanitarias es de 1.123 denuncias de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias de personas que aseguran no tener vínculos con las llamadas maras, y al menos 24 fallecidos bajo custodia estatal. Estas denuncias superan las 1.800 con las más de 700 recabadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Erika Guevara Rosas presentó recientemente en El Salvador las conclusiones preliminares de una investigación que concluyó que en el país centroamericano se están cometiendo "graves violaciones" a los derechos humanos.

"La conclusión preliminar de altísima preocupación es que estos regímenes de excepción, estas extensiones no sean la excepción sino que se conviertan en la norma y que esto termine por desmantelar a las instituciones del Estado y al estado de derecho", dijo Guevara a Efe al ser preguntada por las principales preocupaciones del ente.

El Congreso de El Salvador es dominado por el partido Nuevas Ideas (NI), que posee la mayoría absoluta y que es dirigido por un primo del mandatario.

Además, la presidencia de este órgano está en manos de un exsecretario de Bukele.

El papa Francisco "reza por las víctimas" del ataque perpetrado ayer domingo contra una iglesia católica en el estado de Ondo, en el suroeste de Nigeria, en el que murieron decenas de personas, según confirmaron a Efe fuentes policiales.

"El papa ha tenido conocimiento del ataque a la iglesia de Ondo (Nigeria) y de la muerte de decenas de fieles, muchos de ellos niños, durante la celebración de Pentecostés", el día en el que los católicos conmemoran la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, indicó la sala de prensa del Vaticano.

"Mientras se aclaran los detalles del incidente, el papa Francisco reza por las víctimas y por el país, dolorosamente afectado en un momento de celebración, y encomienda a ambos al Señor, para que envíe su Espíritu a consolarlos", añadió en un escueto comunicado.

El portavoz de la Policía en Ondo, Funmilayo Odunlami, dijo a Efe que dos docenas de personas murieron en el ataque, aunque aún no disponen de la cifra exacta, y que las fuerzas de seguridad están tratando de averiguar si fue perpetrado por hombres armados o mediante explosivos.

Un trabajador del hospital federal de Owo aseguró al periódico local The Punch que más de 50 personas habían sido llevadas al hospital después del ataque, perpetrado durante la misa dominical.

"Siguen trayendo a gente al hospital, de algunos se confirmó la muerte y otros siguen respirando pero, de momento, no puedo especificar el número de muertos", señaló al citado medio el profesional del centro médico.

Nigeria sufre ataques incesantes de bandidos y secuestros masivos por lucrativos rescates, pero estos suelen producirse en el centro y noroeste del país, lo que hace extraño este incidente en el suroeste del país.

Recientemente, también el sureste del país ha sido escenario de graves secuestros y asesinatos que las autoridades atribuyen a los separatistas del Pueblo Indígena de Biafra (IPOB, por sus siglas en inglés), un grupo de aboga por la secesión de ese territorio.

A esta inseguridad, se suma la amenaza yihadista que asuela desde 2009 el noreste del país, causada por el grupo Boko Haram y, desde 2015, su facción ISWAP (Estado Islámico en la Provincia de África Occidental).