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Ley Bentónica
Al hablar de recursos marinos, se piensa de inmediato en los diferentes tipos de peces, excluyéndose del imaginario la amplia gama de recursos que pueblan el océano. En especial, aquéllos que se encuentran más cerca del borde costero, en particular en lo que se denomina el "bentos". Nuestras costas presentan una gran variedad de recursos bentónicos, esto es, aquellos que realizan parte preponderante del ciclo vital con asociación directa a un sustrato, dentro de los que destacan el erizo, loco, macha, lapa, navajuela, almeja, huepo, juliana, taquilla, pulpo, jaibas y dentro del grupo de algas, huiro negro, huiro palo, huiro flotador, cochayuyo, pelillo, lugas, etc.
La Región de Los Lagos, atendida por sus características costeras y la presencia de archipiélagos, concentra gran cantidad de los agentes pesqueros artesanales del país, lo que refleja la importancia de la actividad pesquera para la zona. Según Sernapesca, en la región existen inscritos 2.776 armadores, 4.709 buzos, 10.179 pescadores propiamente tales y 32.899 recolectores de orilla, algueros o buzos apnea. Asimismo, se calculan 122 plantas de elaboración a partir de recursos bentónicos, con 9.234 plazas.
El sector bentónico es el principal proveedor de productos pesqueros para consumo fresco, y un importante abastecedor de materia prima para las industrias de conservas y congelados. Las capturas de los invertebrados son destinadas en su totalidad al consumo humano, mientras que las algas son utilizadas como alimento y para la producción de compuestos químicos de alto valor comercial, contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional, una de las dimensiones que la FAO recomienda potenciar en nuestra legislación.
Actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional el proyecto de ley conocido como "Ley Bentónica", el cual satisface un anhelo histórico del sector, y que tiene por finalidad establecer una regulación diferenciada del sector bentónico respecto del de peces, introduciendo una serie de modificaciones que permitan abordar de manera diferenciada el desarrollo y la administración de dicho sector, los recursos involucrados y la actividad ejercida sobre ellos. Se trata de una iniciativa entusiastamente impulsada por dirigentes de la región y que inexplicablemente salió de la tabla de la comisión respectiva de la Cámara de Diputados ad portas de votarse sus últimas indicaciones.
Es de esperar que el Gobierno retome dicha iniciativa, importante para nuestra región, la cual no sólo hace justicia a una parte importante de la pesca artesanal, en especial buzos y algueros, sino que considera una serie de avances en manera de sustentabilidad y que por lo mismo fue aprobada en el Senado de forma unánime.
Éric Correa
Conteo de votos y Servel
Un presidente de un partido ha dicho que la votación del 4 de septiembre será "la batalla de las batallas", como si la proposición de Constitución y el plebiscito fueran parte de una guerra. Si es una guerra, en la actualidad, la batalla también se da en el ciberespacio, y el ataque puede proceder de cualquier parte del mundo.
Es por ello que preocupa que los sistemas informáticos del Servel sean suficientemente confiables y no sea posible hackearlos durante el envío y recepción de los resultados, la tarde de ese día, ya que esa información oficial del Gobierno será valedera para gran parte de la población y no será posible revertirla cuando se haga el conteo físico de los votos en los días siguientes, produciendo una debacle de proporciones en el país. Es urgente que un ente externo fiscalice y asegure esta materia en el Servel antes que sea tarde.
Marcos Concha Valencia
Sistema universal de salud
El actual sistema de salud tiene una estructura mixta de financiamiento y distribución que incorpora compañías de seguro públicas y privadas, las que son criticadas por su rol al promover igualdades y equidades en el acceso al sistema de salud. La evidencia sugiere que los sistemas de cobertura universal tienden a ser más baratos y simples de administrar, que cuando hay compañías de seguros generando ganancias.
Pese a que la propuesta de la Convención, en derecho a la salud, está orientada a un sistema universal de salud, su discusión no es nueva. Uno de los principales cambios del texto es el financiamiento, que ahora deberá provenir del Estado y la provisión de servicios se realizará por prestadores públicos o privados.
En este caso, las isapres no recibirán las cotizaciones obligatorias de salud, pues una ley determinará el órgano público de administración de fondos. Estas pueden integrarse al seguro social del Estado o brindar seguros complementarios. También se incorporan pilares, que buscan establecer un sistema de atención primaria centrado en la prevención de enfermedades, la salud mental, y foco en el enfoque comunitario, lo que contribuye a generar un mayor nivel de justicia social, participación comunitaria y mejor calidad de vida para las personas.
Transitar a un sistema de salud universal no significa comenzar de cero. Se puede aprender de otros países, comparando las mejores prácticas y no replicar los problemas que ya existen en esos sistemas.
Tenemos la oportunidad de movernos a un sistema de salud universal, por lo que se debe resaltar la necesidad de invertir en los servicios de salud para fortalecerlos y hacerlos aptos ante los desafíos futuros.
Alicia Núñez, académica de la Universidad de Chile
Precio de los medicamentos
Nuevamente se coloca sobre la mesa el gran tema del precio de los medicamentos en Chile. Seguimos en un fuego cruzado entre farmacias y laboratorios por los costos de los fármacos. En esta ocasión Femsa, empresa tras Cruz Verde y Socofar (una de las droguerías más grandes de nuestro país), alude a la responsabilidad de los laboratorios en los precios de los medicamentos.
Tenemos una política nacional de medicamentos añeja, que data de hace más de 15 años, y donde las diversas leyes en discusión hasta la fecha no han dado respuesta a la anhelada regulación de precios que tienen múltiples países OCDE. Se sigue dejando al lobby, al mercado y a la contingencia un tema tan delicado como es el acceso a los fármacos en Chile.
"Pareciera ser que las farmacias no son las culpables", dice uno de los involucrados, lo que intenta nuevamente dividir entre "los buenos y los malos", más que avanzar en términos de incorporar a los medicamentos a la seguridad social, llevando la discusión desde una rencilla entre partes interesadas a un acuerdo nacional que refleje lo importante: el medicamento es un bien social y la farmacia un establecimiento de salud.
Jorge Cienfuegos Silva, académico de la Universidad Andrés Bello