La Academia Nicaragüense de la Lengua fue disuelta este martes por ley tras casi 94 años de existencia, en uno de los golpes más duros contra la cultura que ha propinado el Gobierno del presidente Daniel Ortega.

"Llora Rubén Darío por estos bárbaros", lamentó la poetisa y escritora nicaragüense Gioconda Belli, al reaccionar a la decisión de la Asamblea Nacional (Parlamento), controlado por los sandinistas, de cancelar la personalidad jurídica a la Academia Nicaragüense de la Lengua, bajo el argumento que no se registró como "agente extranjero".

Belli, miembro académico, comentó a través de un mensaje en Twitter que "tras 94 años, esta dictadura -en alusión al régimen de Ortega- no logrará de un plumazo borrar el aporte que la Academia ha significado para el país".

La disolución de la Academia de Nicaragua, creada el 8 de agosto de 1928, fue aprobada hoy con carácter urgente por los 75 diputados sandinistas y sus aliados. Los otros 16 legisladores, de los 91 que integran el Parlamento, se abstuvieron. Ningún legislador hizo uso de la palabra durante el debate.

La Academia, cuyas oficinas están ubicadas dentro de la sede del Centro Cultural de España en Nicaragua, en Managua, emitirá un comunicado posteriormente, dijo a agencia Efe su director, Pedro Xavier Solís.

El domingo pasado informó que estaban "trabajando en la revisión, enmiendas y aportes a la nueva gramática de la lengua española y al diccionario de la lengua española", y destacó que a lo largo de sus casi 94 años "ha velado por la cultura, educación y desarrollo de la lengua común de los pueblos hispanos".

Rae promete "luchar"

El anunciado cierre de la Academia de Nicaragua fue condenado por la Real Academia de la Lengua Española (RAE), y las Academias de la Lengua de Chile, Ecuador y México.

"La Academia Nicaragüense es una institución fundamental para el cuidado de la lengua que han llevado a su más alto grado de excelencia escritores del país como los maestros Rubén Darío, Alfonso Cortés, Ernesto Mejía, José Coronel Urtecho, Lisandro Chávez, Ernesto Cardenal o Pablo Antonio Cuadra, entre otros", subrayó la RAE en la víspera.

El director de la Academia Española, Santiago Muñoz Machado, censuró el cierre de la nicaragüense, y lo calificó como "un paso más allá de la opresión" y significa "cortarle la lengua a la gente".

"Lucharemos por ella", indicó el director de la RAE. "No es ya una agresión a una libertad, la de asociarse o de opinar. Es cortarle la lengua a la gente e ir un paso más allá en la opresión. Es intolerable desde cualquier punto de vista", añadió.

Su colega de la Academia Mexicana, el escritor y profesor de literatura Gonzalo Celorio, calificó el cierre de la nicaragüense de "terriblemente lesiva para una institución que se dedica al mayor patrimonio intangible de la humanidad, que es la lengua".

Se trata, subrayó de una "agresión terrible" contra la Academia nicaragüense y contra la asociación de academias de la lengua española al estar "amenazada de muerte" una de sus integrantes.

La Academia Ecuatoriana de la Lengua calificó de un "atropello al derecho humano de asociarse" el cierre de la nicaragüense y llamó "a denunciar esta agresión en todos los estamentos políticos, sociales y culturales".

El Parlamento también ilegalizó ayer una ONG fundada por el fallecido expresidente Enrique Bolaños (2002-2007), que cuenta con una de las bibliotecas virtuales más completas del país.

Hace dos semanas también ilegalizaron la ONG que organizaba el Festival Internacional de Poesía de Nicaragua, que desde 2005 a 2018 reunió a más de 1.500 poetas de 120 países.

Según el Gobierno, las ONG que han sido ilegalizadas, un total de 344 desde diciembre de 2018, han incumplido con las leyes de la materia, entre ellas no inscribirse en el registro de "agentes extranjeros".

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendores en prisión.

344 ONG han sido ilegalizadas en Nicaragua desde diciembre de 2018, por no cumplir leyes como no inscribirse como "agentes extranjeros"

La justicia de Nicaragua inició ayer un proceso contra el dirigente opositor Yubrank Suazo, a quien la Fiscalía acusó del presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, informó el Centro Nicaragüense de DD.HH.: "Esta mañana se realizó audiencia inicial contra Suazo Yubrank, quedó en evidencia que el régimen Ormu (Ortega Murillo) sigue cometiendo las mismas arbitrariedades de realizar juicios secretos en El Chipote (cárcel de la Policía Nacional), lo que es ilegal". Suazo (31) se hizo conocido en junio de 2018, cuando leyó una proclama en la que los pobladores de Masaya declararon a la ciudad como "territorio libre del dictador", en alusión a Ortega.

El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, defendió este martes el derecho del presidente Pedro Castillo de presentar recursos legales para buscar que la Fiscalía deje de investigarlo como parte de una presunta trama de corrupción.

"El presidente tiene derecho a hacer uso de los recursos que le faculta el Estado, uno de ellos es, por ejemplo, la nulidad de esa decisión (de la Fiscalía), en vista de que contraviene expresamente el artículo 117 de la Constitución", remarcó Torres.

Ese artículo de la Constitución establece que un presidente peruano solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, o por disolver el Congreso, fuera de los casos previstos en la Constitución.

Castillo es investigado desde el año pasado por varias denuncias de presunta corrupción referidas a la irregular adjudicación de la compra de biodiésel, por presiones en los ascensos militares y por la licitación para la construcción de un puente en la región San Martín, a través de un presunta red mafiosa instalada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El domingo pasado, el fiscal general de Perú, Pablo Sánchez, ordenó ampliar la investigación preliminar contra el gobernante por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

Consejo de estado

Ante esto, el abogado de Castillo, Benji Espinoza, presentó ayer un pedido ante el Ministerio Público para que se declare la "nulidad absoluta" de la investigación contra el gobernante y anunció que si su solicitud no es aceptada planteará una "tutela de derechos".

Castillo denunció este lunes que hay una persecución política "irracional" en su contra y se preguntó qué sucedió con "el resto de gestiones" que lo precedieron, así como "contra los anteriores mandatarios y sus ministros".

Ayer Castillo pidió permiso para ir a la Cumbre de las Américas a EE.UU., mientras que presidenta del Poder Judicial de Perú, Elvia Barrios, aseguró que el mandatario convocará el próximo 17 de junio a una sesión del Consejo de Estado ante los reiterados pedidos de altas autoridades para trazar consensos y paliar la crisis social y política que afronta el país.