Delincuencia, la primera prioridad
Contrario a lo que podía ocurrir hasta hace pocos años, la inseguridad ciudadana se ha instalado como el tema más urgente de la poblacion. La delincuencia ha arremetido con fuerza en estos tiempos, con el empleo de nuevos métodos de violencia y el uso de menores de edad.
Hace un par de semanas el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, fue categórico al señalar que Chile enfrenta el peor momento para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia. Y su percepción se ratifica con la opinión que tiene la ciudadanía en general. La encuesta de Cadem consignó que el 86% de los chilenos cree que la delincuencia ha aumentado y mencionan, entre otras causales, que los tribunales de justicia y la Fiscalía no funcionan, que ha aumentado la inmigración, que Carabineros no tiene las atribuciones necesarias, que ya no se respeta a la policía como antes, que hay un aumento de bandas narcotraficantes, y que han aumentado la pobreza y las necesidades de las personas post pandemia.
Se han hecho frecuentes las balaceras y los robos son cada vez con más violencia, con atacantes armados que dejan víctimas fatales y heridos. La delincuencia se potencia por la gran cantidad de armas que están en manos de antisociales y, sobre todo, de bandas de narcotraficantes. Ya no son extrañas las balaceras entre traficantes que pugnan por el control de los barrios, así como los ajustes de cuentas. Se entiende así la preocupación que existe entre los habitantes. La delincuencia se ha transformado en una constante en algunos barrios, por lo que aumenta la sensación de inseguridad.
La comunidad tiene conciencia del esfuerzo que realizan las policías, pero también es legítimo que la gente se exprese para requerir la ayuda cuando ven que los delitos muestran un aumento desmedido, sobre todo en los niveles de violencia. Por una parte, se aprecia una mayor violencia en los delitos, y por otra, la participación de menores de edad, que saben que son inimputables o tendrán bajas penas, amparados en leyes que los protegen.
El escenario, ya está visto, se hace cada vez más cuesta arriba. Es aquí donde el Gobierno tiene una obligación indelegable, tanto para actuar liderando planes de seguridad, como también evitando dar señales erróneas a la hora de pretender interrumpir el curso normal que deben seguir las investigaciones del Ministerio Público.