El inexorable paso del tiempo es una realidad que está poniendo en aprietos al Gobierno Regional (Gore).

Es que a contar del 1 de junio próximo deberá asumir un alto costo por la detención de las obras de construcción de la avenida El Teniente, las que no siguieron avanzando tras llegar a un 77% de progreso, producto de un litigio con 11 familias, las que extendieron sus propiedades sobre un bien nacional de uso público, lo que impide ejecutar el plan de ampliación de esa arteria, que busca abrir una conexión directa con el Hospital de Puerto Montt y la avenida Ramón Munita.

De acuerdo con el consejero regional (core) Rodrigo Wainraihgt (RN), este impedimento deriva en un incumplimiento de contrato con la empresa constructora LN, que se vio impedida de cumplir con esa etapa del proyecto, lo que también le resta de recibir el correspondiente avance en dinero.

"En este contrato, si es que nosotros (como mandantes) nos atrasamos, se le debe pagar a la constructora una indemnización de un millón de pesos al día. Si es que no terminamos el contrato este mes, se le debe empezar a pagar desde el 1 de junio", observó.

Ante ese panorama, Wainraihgt cree que en el Gobierno Regional se debe tomar una decisión: "Seguir con el contrato y hacernos cargo de esta indemnización; o, reliquidar el contrato y hacer una nueva licitación, con todo lo que eso conlleva", como el mayor tiempo para realizar la obra y el alza de precios que han experimentado los materiales de construcción.

El origen

Wainraihgt, quien preside la Comisión de Infraestructura del Core, comentó el presente del proyecto tras realizar una sesión especial de esa instancia, con la presencia de representantes del Serviu, de la Municipalidad de Puerto Montt, así como de la Unidad Jurídica del Gore.

"Hay 11 familias que movieron sus cercos hacia un bien nacional de uso público (calle Los Ebanistas). Algunas no tienen problema en que le corran la pandereta o ampliaciones, pero hay otras que -definitivamente- no se quieren mover", adujo el core.

Por eso se acordó con el municipio establecer un catastro con las decisiones de esas personas.

Demoliciones

Pero, también surgió en la reunión la propuesta para que el Serviu expropie esos terrenos y se haga cargo del costo de la demolición que representará esa decisión.

Sin embargo, se aclaró que el Serviu solo puede expropiar sobre un suelo privado, no ante un bien nacional de uso público, como calles y plazas. "El artículo 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, al Serviu se le autoriza nada más que en aquellos casos de expropiación, el poder realizar esos gastos", añadió.

Wainraihgt añadió que "de acuerdo a los artículos 5 y 63 letra 'f' de la Ley Orgánica de Municipalidades, al que le corresponde administrar los bienes nacionales de uso público es a la Municipalidad". Además, hizo notar que la Dirección de Obras Municipales (DOM) envió decretos a la Municipalidad en los que "les dice que tiene que solicitar la demolición. Si el particular no lo hace, debe ejercer las acciones de demoler a su costa y después cobrar al particular".

El presidente de la Comisión de Infraestructura del Core admitió que el tiempo apremia, pero que las actuaciones del aparato fiscal están regidas por el Derecho Público que, "a diferencia del Derecho Privado, sólo podemos hacer aquellas cosas que están expresamente señaladas en la ley".

"Hay 11 familias que movieron sus cercos hacia un bien nacional de uso público (calle Los Ebanistas)"

Rodrigo Wainraihgt,, consejero regional.