Corte de Apelaciones confirmó el arresto domiciliario parcial a imputado por secuestro
PUERTO MONTT. Voto de minoría del ministro Patricio Rondini estaba por la prisión preventiva. El detenido mantiene la prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional. De acuerdo a la defensora, hay inconsistencias en la indagatoria.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolvió rechazar la prisión preventiva que la Fiscalía solicitaba contra el imputado por el delito de secuestro de su ex pareja, ocurrido esta semana en el sector Chinquihue.
En la audiencia de control de la detención y formalización de cargos, el juez de Garantía Rolando Díaz, decretó medidas cautelares de menor intensidad contra el imputado de 51 años, de nacionalidad colombiana; entre ellas arresto domiciliario parcial, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.
El fiscal a cargo del caso, Álvaro Espinoza, explicó que de acuerdo a la investigación, el imputado se habría reunido con la víctima en el sector de Chinquihue durante la jornada del lunes, cuando la habría amenazado con un arma, para luego -contra su voluntad- la subió a un vehículo.
En un momento de descuido, la mujer logró escapar del auto en movimiento, solicitando ayuda a los transeúntes del lugar.
Tras recepcionar la denuncia, detectives de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI, iniciaron una serie de diligencias, logrando la detención del hombre durante la jornada del martes, en la población Libertad de Puerto Montt.
Mediante un allanamiento a su domicilio, se incautó además, 100 gramos de clorhidrato de cocaína.
Apelación
En la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, compuesta por los ministros Jorge Pizarro, Patricio Rondini y la abogada integrante Margarita Campillay, se revisó la presentación del Ministerio Público, además de escuchar a los intervinientes.
Por voto de mayoría (2-1), el tribunal de alzada confirmó la resolución del Juzgado de Garantía, rechazando la solicitud de prisión preventiva.
"Se estima que con los antecedentes existentes en este estado de la investigación, la necesidad de cautela y los fines del procedimiento se garantizan de manera eficiente con las medidas de menor intensidad", indica el fallo.
Agrega el documento que la privación de libertad en el estado actual procesal "se hace desproporcionada, (ante lo que) se confirma la resolución en alzada de fecha 10 de mayo del actual, dictada por don Rolando Díaz Coloma, juez del Juzgado de Garantía de Puerto Montt".
Peligro
El voto de minoría fue del ministro Patricio Rondini, quien dijo que el imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima.
El ministro Rondini -indica el fallo- "estuvo por revocar la resolución apelada, considerando que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, atendida la pluralidad de delitos por los cuales fue formalizado, el contexto de violencia intrafamiliar en que se desarrollan, la existencia de procesos pendientes y la falta de arraigo".
Boris Valenzuela, abogado asistente de la Fiscalía de Puerto Montt, dijo que el imputado fue formalizado por los delitos de secuestro y microtráfico de drogas.
"Una vez resuelto, la Corte de Apelaciones determinó por dos votos contra uno que la medida cautelar de prisión preventiva se encuentra desproporcionada, en virtud a los delitos y los hechos que se expusieron. Por lo tanto, se confirmó la resolución del Juzgado de Garantía", argumentó.
La defensora penal pública, Silvana Schäfer, quien representa al imputado, reforzó su postura del Tribunal de Garantía y reiteró que hay inconsistencias en la investigación.
"La Corte señaló por mayoría que las medidas cautelares impuestas en la formalización eran suficientes para asegurar el correcto desarrollo de la investigación. Además, acogió los argumentos de esta defensa en relación a las inconsistencias de la investigación, como por ejemplo, que se indicó que el imputado tenía armas en su domicilio, pese a que en la diligencia de entrada y registro de la policía, no se encontró nada", estableció.
2 meses es el plazo de cierre de la indagatoria decretado por el Juzgado de Garantía.
10 de mayo se formalizaron cargos contra el imputado por secuestro y la ley de drogas.