de la banda, pero fue interceptada en el terminal de buses de Puerto Montt por uno de sus miembros. Posteriormente, fue amenazada mostrándoles una foto de su familia y recordándole los nexos con el "Tren de Aragua", es decir, en clara alusión a que su seres queridos serían víctima de esta organización. Las mujeres prostituidas debían pagar "una multa" de 4 millones de pesos por el viaje a Chile, pero luego el monto incluso podía ascender hasta $7 millones. También se les ofrecía enviar dinero a sus familias en Venezuela, lo que tampoco se cumplía.

Eran trasladadas a distintas ciudades como Temuco, Osorno y Puerto Montt. En la capital regional de Los Lagos, eran alojadas en las Cabañas FX y ejercían el comercio sexual en un local ubicado en el centro, en calle Benavente 183, donde la PDI realizó un allanamiento el pasado miércoles.

Dineros

En cuanto a los servicios, según reveló la Fiscalía, sus captores cobraban montos de $25 mil por "el momento"; $35 mil la media hora y $50 mil una hora completa, atendiendo clientes en extensas jornadas, desde las 10 de la mañana a las 23 horas. Todos los recursos reunidos en la actividad sexual iban directamente a parar a los líderes de la banda.

En cuanto al manejo de los dineros, uno de los imputados facilitaba a lo menos cinco cuentas bancarias para las transacciones. En una de ellas se constataron movimientos por alrededor de $10 millones de pesos en tres meses.

Mauricio Maya, jefe regional de Los Lagos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entidad querellante en el caso, comentó tras la audiencia que "son delitos graves, que atentan gravemente contra la dignidad de las personas y sobre los cuales Chile mantiene compromisos internacionales para su persecución penal. Nos parece importante la medida de prisión preventiva, porque apunta a la protección de las víctimas".

La delegada presidencial Giovanna Moreira comentó que como gobierno también se hicieron parte en la causa, en calidad de querellantes. Sostuvo que se trata de delitos de alta complejidad y connotación social.

"Como Ministerio del Interior nos hacemos parte de esta investigación con una querella, presentada por la propia ministra y tramitada por esta delegación regional, porque creemos que la trata y explotación de personas ataca directamente la dignidad humana, lo cual nos preocupa y moviliza como Gobierno. Destacamos que se haya decretado la prisión preventiva de todos los imputados, dada la gravedad de los hechos", dijo.

Y agregó: "Agradecemos el eficiente trabajo investigativo de la PDI y del Ministerio Público que logró desbaratar esta asociación criminal y brindar protección a las víctimas.

" La trata y explotación de personas ataca la dignidad humana (...) Destacamos que se haya decretado la prisión preventiva de todos los imputados".

Giovanna Moreira, Delegada presidencial

$10 millones fueron detectados como movimientos en una de las cuentas que usaban los imputados. Ahí depositaban lo recaudado por las prostitutas.

18 y 25 años tienen las mujeres que figuran como víctimas en la investigación de la Fiscalía y la PDI.

4 meses fijó el tribunal para la investigación. Los cinco venezolanos imputados -una mujer y cuatro hombres- quedaron en prisión preventiva.

Durante el inicio de la audiencia virtual, el abogado defensor Pablo Sanhueza -por intermedio del juez Juan Carlos Orellana- le pidió al fiscal de Puerto Montt, Marcelo Maldonado, que le enviara la minuta que usaría en la instancia, debido a que con este material podía preparar sus futuras intervenciones en la formalización. "No le voy a pedir que hable más lento, porque más nos vamos a demorar", cerró Sanhueza al terminar su petición.

"Abogado, le pido que mantenga la razonalidad en el tono, porque le está dando órdenes al tribunal y al Ministerio Público", le respondió el juez Orellana.

El fiscal Maldonado sostuvo que no podía cumplir la petición de Sanhueza, dadas algunas complejidades técnicas y a los apuntes que él tenía en su minuta.

El magistrado Juan Carlos Orellana desestimó la imputación de lavado de activos, por falta de indicios suficientes en esta etapa procesal. "De acuerdo a los antecedentes que aportó el ente persecutor, salvo el ilícito de lavado de activos, respecto el cual no formó parte de la resolución que decretó la medida cautelar de prisión preventiva", sostuvo el juez.

Según el ente persecutor, al menos desde agosto de 2021 y hasta la fecha de su detención, el 23 de marzo de 2022, los imputados Almérida Robles, Almérida Osto, Ustariz Mendoza, Santiso Linares, Padilla Jiménez, Bernardo Ramón Bracho Borges y Doriani Sinaí Moreno López (estos dos últimos aún no ubicados), formaban parte de una organización criminal estructurada, en la que cada uno cumplía funciones y roles específicos y determinados, que se creó para la comisión reiterada, sistemática y permanente del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, cuyo centro de operaciones estaba en Puerto Montt.