Ambulantes: ediles valoran aplicación de la ordenanza y admiten necesidad de un espacio
COMERCIO INFORMAL. La mayoría de los concejales identifica como prioritario el ordenamiento del centro de Puerto Montt. Sin embargo, estiman que se tiene que dialogar para que consigan formalizar su actividad.
El cumplimiento de la ordenanza, pero al mismo tiempo, trabajar para que los comerciantes ambulantes cuenten con un espacio que les sea conveniente para que comercialicen sus productos, forman parte de la postura expresada por los concejales de Puerto Montt, luego de que se concretara el desalojo de un grupo de ambulantes durante la jornada del miércoles.
En efecto, para Marcia Muñoz (Independiente), lo primero que se tiene que considerar es el respeto de los ambulantes "históricos" de la ciudad, especialmente quienes producen sus propias artesanías u hortalizas y a quienes se han visto por muchos años comercializando ropas y paquetería en la calle Varas.
Sin embargo, "los demás deben ser controlados y ordenados, toda vez que quiéranlo o no, dificultan el tránsito peatonal en las estrechas veredas del centro, en circunstancias que todo peatón tiene derecho a transitar libremente".
En la misma línea, Juan Carlos Cuitiño (PEV), comenta que ha sostenido un diálogo con ellos, de manera de ver bajo qué fórmula se pueden incorporar en algún sector para que realicen sus labores.
Según Cuitiño, lo sucedido el miércoles es que se hizo efectiva la ordenanza, la que fue aprobada por el Concejo Municipal y que les otorgó la opción de utilizar determinadas calles para realizar su trabajo.
Cuitiño, sin embargo, critica el que la administración municipal contó con tiempo suficiente como para resolver este conflicto. Pero "no hizo un proyecto bien analizado".
Al igual que Cuitiño, Fernando Binder (RN) sostiene que el desalojo de los ambulantes se pudo evitar si es que hubiera existido una fiscalización rigurosa a un comercio que ha crecido de forma exponencial dentro de la ciudad y generando una serie de problemas.
Sin embargo, señala -al mismo tiempo- que hay que ser "justos y por ello valoro que exista la voluntad de parte de la municipalidad para comenzar a fiscalizar este comercio ilícito que ejercen algunos vendedores".
El edil, en todo caso, remarca que el municipio está obligado a cumplir con la ordenanza.
Organización
Evelyn Chávez (RD) cuestiona el proceder policial en el operativo. "Hay otras formas de hacerlo", señala. Además, recuerda que los dirigentes de los fruteros solicitaron que se organice una mesa de trabajo, como una forma de crear una instancia en la que todos participen en la búsqueda de las soluciones más adecuadas a este conflicto.
Chávez es partidaria de que cuenten con su espacio. Más si se considera que la comunidad igual se beneficia, por la diferencia de precios que tienen con los supermercados.
Por lo demás, afirma Chávez, se trata de personas que cancelan sus permisos a la municipalidad puertomontina.
Frente a esta situación, Yerco Rodríguez (UDI), estima que lo que ocurrido habla del pésimo manejo que tiene la administración sobre un comercio que se "desbordó". "Se les escapó de las manos", recalca.
Rodríguez recordó que los ediles han manifestado que se requiere de un ordenamiento en esta materia, puesto que se les ha otorgado la posibilidad de que se instalen a "diestra y siniestra". Y si bien, dice, que tienen el legítimo derecho de ejercer esta actividad, el problema es que la realizan sin un orden claro.
"Para que se ejecuten"
Leonardo González (PPD), en tanto, recuerda que la ordenanza no es nueva y que hace bastante tiempo que entró en vigencia, pero sin ser aplicada, en circunstancias que "siento que son para que se ejecuten".
Sin embargo, sostuvo que no se puede desconocer que hay personas que viven con lo venden diariamente y por eso la solución no pasa por ejercer acciones como las multas, puesto que se volverán a instalar.
De ahí que su propuesta sea que cuenten con un recinto donde se puedan trabajar. Pero cuya ubicación sea conveniente para ambas partes. Es por ello que es partidario de incorporar a los ambulantes en la búsqueda de las soluciones.
González postula que es relevante crear una instancia de diálogo.
Para Fernando España (PS), en cambio, se trata de una determinación que adoptó la administración con el fundamento de que se respete la ordenanza que regula el comercio ambulante y que guarda relación con el ordenamiento de las calles de Puerto Montt.
España define la medida como una medida "injusta, que lamento, pero la ordenanza tiene que respetarse y, por lo demás, es conocida por todos". El edil recordó que el objetivo que tuvo el cuerpo colegiado a la hora de aprobarla fue, precisamente, el de ordenar las calles de Puerto Montt.
Luis Vargas Machado (RN) explica que se había acordado que quienes no contaba con autorización para trabajar debían salir del centro de la ciudad, como una forma de ir cumpliendo los compromisos pactados desde un comienzo con la administración municipal.
El concejal reconoce además que se encuentran "al debe" en torno a buscarles un espacio físico que les permita establecerse y así "sacarlas de Pedro Montt".
Y si ello sucede, plantea Vargas Machado, se descarta la posibilidad de que se vuelvan a instalar en el centro, especialmente en puntos aledaños a la calle Antonio Varas, que hoy es objeto de una remodelación.
Ayer, en tanto, los ambulantes y el municipio sostuvieron una nueva reunión. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo.
Para Emilio Garrido (DC), en tanto, estima que la protesta realizada por los ambulantes en el interior del municipio, deja en "evidencia la total vulnerabilidad de la seguridad en estas instalaciones".
En cuanto al procedimiento efectuado en el centro, este responde a las acciones destinadas a establecer el ordenamiento y organización del espacio físico en calles y veredas, las cuales se encuentran debidamente autorizadas según ordenanzas y también por las disposiciones legales impartidas por la autoridad judicial competente.
23 de marzo es la fecha en la que se produjo el procedimiento en el centro puertomontino.