Redacción

Una señal de alerta emitió el Poder Judicial luego que la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional aprobara en general dos normas que buscan limitar el periodo de ejercicio de los jueces.

Las propuestas, presentadas por convencionales del Frente Amplio, el Partido Comunista y otros movimientos de izquierda, fueron aprobadas el lunes en dicha instancia de la Convención. Una de ellas busca reducir a 10 o 15 años la duración del cargo para los magistrados de la Corte Suprema, mientras que la otra rebaja a 8 años el periodo para los jueces de las cortes de apelaciones y tribunales de primera instancia.

A través de un informe presentado este martes, titulado "Independencia judicial: indispensable para el Estado de derecho", el máximo tribunal advirtió que dichas modificaciones ponen en riesgo la autonomía de los jueces, que hoy son inamovibles y culminan su carrera al cumplir 75 años.

"Establecer períodos acotados de tiempo para su desempeño no solo contradice las recomendaciones internacionales, sino que pone en riesgo un elemento fundamental de toda sociedad democrática", dice el documento, que fue leído por la ministra Ángela Vivanco.

Según lo expuesto por la magistrada, es crucial "contar con jueces independientes, y por tanto inamovibles hasta la edad de jubilación, en tanto mantengan buen comportamiento, de manera que no estén ni aun teóricamente sujetos a presiones de grupos de poder de cualquier orden, de quienes pudiera llegar a depender su futuro laboral o profesional".

La reacción de los supremos fue duramente criticada por un grupo de convencionales. "Es una intromisión indebida por parte de la Corte Suprema y es preocupante respecto a la autonomía e independencia de la Convención Constitucional", dijo Manuela Royo (MSC).

Según Mauricio Daza (INN), la arremetida de la Corte "es uno de los peores ataques a la autonomía que ha recibido la Convención desde su instalación".

"Con total independencia sobre la opinión que cada uno tenga respecto de la iniciativa acerca de la duración de los magistrados en su función, esta declaración de la Corte Suprema es una manifiesta infracción de sus deberes legales", agregó Fernando Atria (FA).

Antes de llegar al pleno de la Convención, la idea debe discutirse en particular en la Comisión de Sistemas de Justicia, donde otros constituyentes adelantaron que la rechazarán.

"No se entiende este buenismo e infantilismo inexplicable de algunos convencionales", expresó el convencional Ruggero Cozzi (RN). Su par Andrés Cruz (Colectivo Socialista) agregó que si estas ideas prosperan "estaríamos retrocediendo en la afectación de los derechos fundamentales unos 50 años. Eso es riesgoso y hay muchos dentro de la Convención que no estamos para el efecto de apoyar estas iniciativas".

Consejo de Medios

Las propuestas de norma sobre los jueces no fueron las únicas en encender las alarmas. El lunes también se presentó en la Comisión de Derechos Fundamentales una iniciativa que busca consagrar el derecho a la libertad de opinión, información y comunicación, incluyendo la creación de un Consejo Nacional de Medios.

La propuesta fue presentada por convencionales del Partido Comunista, Movimientos Sociales Constituyentes y la Coordinadora Plurinacional, y apunta a regular el "correcto funcionamiento" de estas empresas, mediante un consejo autónomo.

La iniciativa plantea que se debe garantizar el pluralismo y la diversidad cultural, así como también prohibir "todo tipo de monopolio u oligopolio estatal o privado sobre los medios de comunicación". Por otra parte, plantea que los medios "tienen la responsabilidad y la obligación de transmitir información veraz".

Varios constituyentes de Chile Vamos advirtieron que estas ideas podrían coartar la libertad de expresión. "Son los regímenes más totalitarios quienes buscan establecer verdades oficiales", manifestó, por ejemplo, Rocío Cantuarias (Evópoli).

Finalmente, ayer convencionales del Frente Amplio, de Independientes No Neutrales y Colectivo Socialista, ingresaron una iniciativa que busca consagrar el carácter técnico y la autonomía del Banco Central, en línea con otra que presentó hace una semana ChileVamos, con lo que esta idea sumó apoyos para convertirse en acuerdo.

Chile es el segundo país menos corrupto de América Latina, pero permanece estancado desde hace 4 años, según reveló Transparencia Internacional (TI) a través de su Índice de Percepción de la Corrupción 2021.

Con 67 puntos, en una escala donde el máximo puntaje es 100, el país ocupa el puesto N°27 a nivel mundial, y en nuestra región es sólo superado por Uruguay, que obtuvo 73 puntos.

La ONG advierte que Chile permanece sin avances desde 2017, cuando bajó a su índice actual después de haber alcanzado los 73 puntos. Y lo atribuye a los escándalos de corrupción que han socavado la confianza en las instituciones, como el caso Penta y los fraudes en Carabineros y el Ejército.

De todos modos, TI plantea que el proceso constituyente representa una "oportunidad única" para incorporar normas anticorrupción en la futura carta magna.

"Es fundamental que los gobiernos pasen de la palabra a la acción", comentó a agencia EFE Luciana Torchiaro, asesora regional para América Latina del organismo internacional.

"Los grandes cambios no solo suceden desde arriba, sino también desde abajo. El éxito en la lucha contra la corrupción depende de que todos los sectores pongamos un granito de arena", añadió la representante.

Según Torchiaro, la clave está en fortalecer las instituciones, la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos. "Lo que hemos podido confirmar con el caso de Uruguay es una de las grandes hipótesis de Transparencia Internacional: cuando las instituciones fuertes y democráticas funcionan, la corrupción es menor", sostuvo.

Latinoamérica

La situación en el resto de Latinoamérica es desesperanzadora. Además de Uruguay y Chile, sólo Costa Rica aprueba con 58 puntos. Colombia obtuvo un índice de 39, Argentina y Brasil 38, Perú y Ecuador 36, y Bolivia 30.

Los peor evaluados siguen siendo Nicaragua (20) y Venezuela (14), países con procesos electorales cuestionados y graves denuncias de violaciones a los derechos humanos.