escolar; y el procedimiento conforme al cual los funcionarios del establecimiento cumplirán con la obligación de denunciar".

"El protocolo -remarca el informe- no entrega lineamientos a seguir en caso que el posible victimario sea un alumno / alumna".

Apoderados

El Centro General de Padres y Apoderados del Colegio San Javier -a través de una carta- se sumó a las peticiones para mejorar el protocolo, con foco en el próximo año escolar. .

La directiva pone atención al hecho que el reglamento interno no registra hoy cambios en caso que se vuelva a repetir un hecho como el denunciado: "Para 2022 insisten en dejar en la misma sala a la presunta víctima con él o los presuntos victimarios".

En una declaración dirigida a los padres y apoderados sostienen que la dirección del colegio "no cumplió con el principio fundamental de dar protección a la o él denunciante".

Justamente la Supereduc aborda este punto con mayor profundidad en el documento.

"No se visualizan acciones que promuevan el desarrollo emocional de los afectados, no existe evidencia de que se generarán medidas protectoras concretas para la alumna afectada, así también no es posible verificar la implementación de acciones que fomenten la comunicación constructiva para evitar que los conflictos aumenten en intensidad".

Visibilización

La familia de la adolescente víctima de estos hechos está analizando las medidas que legalmente podrían llevar adelante tras el informe de la Superintendencia de Educación.

Al mismo tiempo agradecieron "el tratamiento dado a la difusión del caso, que como saben, no es el único".

Agrega que la visibilización de lo ocurrido tiene como único fin "que ningún estudiante quede desprotegido/a, en ningún recinto educacional. Y que se atrevan a hablar cuando les están pasando cosas que atentan con su integridad".

Señalan que "también nos importa que todas las personas acepten las diferencias de los demás (sea hombre, mujer, con discapacidad, mateo, bueno o malo para los deportes, con diferente identidad de género, artista, niños y niñas con frenillos, entre otros); ese es un primer paso como sociedad que debemos construir para erradicar la violencia de género".

Revisión

Paulina Rettig, directora regional de la Superintendencia de Educación, confirma el proceso de sanción al colegio San Francisco Javier.

"Iniciamos una investigación por una presunta agresión sexual y luego de realizar una fiscalización instruimos un proceso administrativo sancionatorio con una multa, en primera instancia, a la que el establecimiento apeló mediante un recurso de reclamación. Hoy está en etapa de revisión de esta superintendencia, por tanto, no podemos entregar mayores detalles".

Rettig menciona que todos los establecimientos del país tienen la obligación de incorporar en sus reglamentos internos estrategias de prevención y protocolos frente a agresiones sexuales o hechos de connotación sexual, que atenten contra la integridad de los estudiantes. "Hacemos un llamado a las comunidades educativas a revisar sus reglamentos internos y protocolos de actuación, saber exactamente cómo y ante quién procederán a hacer esta denuncia e incorporar estrategias de información y capacitación para prevenir hechos de connotación sexual y agresiones sexuales dentro del contexto educativo", explica.

Comunidad

El informe también se hace cargo del hecho que la alumna denunciante sigue siendo estudiante del citado establecimiento educacional. "En el mismo sentido, es fundamental que el establecimiento educacional cumpla con su rol formativo, frente a lo cual las medidas adoptadas se deben complementar con acciones de contención, de apoyo psicosocial y pedagógicos".

Explican que "la función protectora del colegio culmina con dar a conocer a las instituciones pertinentes un presunto delito, en atención a que él o la estudiante afectada, continúa siendo miembro de la comunidad escolar, requiriendo apoyo, comprensión y contención".

Este medio pidió al Colegio San Javier un comentario sobre el proceso de la Supereduc, sin embargo, no respondieron.

25 de octubre fueron formalizados por la Fiscalía los dos adolescentes que estudian con la víctima. La causa quedó suspendida.

1 año de suspensión condicional del procedimiento fijó el Juzgado de Garantía de Puerto Montt tras la formalización de los imputados.

$3 millones 250 mil es la multa aplicada por la Superintendencia de Educación, por presuntas infracciones cometidas por la dirección del colegio.