Superintendencia sanciona al San Javier por caso de abuso sexual
PUERTO MONTT. Una multa de 60 UTM aplicó el ente de Educación contra el establecimiento particular, por infracciones cometidas en el marco de la denuncia de abuso sexual que dos alumnos habrían cometido contra una compañera. El colegio apeló a la medida.
Como "infracciones de mediana gravedad" calificó la Superintendencia de Educación (Supereduc), de la Región de Los Lagos, las faltas presuntamente cometidas por el colegio San Francisco Javier de Puerto Montt, en el marco de la denuncia de una alumna contra dos compañeros de curso, por el delito de abuso sexual.
La superintendencia multó al establecimiento particular con 60 UTM (Unidades Tributarias Mensuales), es decir, poco más de 3 millones 250 mil pesos.
La familia de la joven afectada, que hoy tiene 17 años, quedó conforme con la determinación de la Supereduc, que terminó sancionando al colegio, sin que la dirección del colegio separara a la denunciante de los presuntos victimarios, debiendo compartir las aulas.
Protocolo
El informe devela una serie de hechos y medidas que el colegio no adoptó, lo que gatilló la sanción.
"Del análisis del protocolo de abuso sexual, contenido en el reglamento interno del establecimiento educacional, se observa que este no se ajusta a la normativa educacional, debido a que no es posible visualizar los siguientes contenidos mínimos: los plazos para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos denunciados; las medidas y acciones que involucren a los padres, apoderados y adultos responsables de los estudiantes afectados y la forma de comunicación con estos".
La Superintendencia de Educación también se manifiesta respecto a la falta de protección hacia la alumna denunciante, dándole la razón a la familia de la niña, en el sentido que "nunca la joven fue protegida", y por lo cual emprendieron diversas acciones judiciales. El documento agrega que tampoco se ajustan a la normativa educacional "las medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados, la obligación de resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados; las medidas formativas pedagógicas y/o de apoyo psicosocial aplicable a los estudiantes involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo".
El organismo que vela por los derechos de los escolares también se refiere a la falta de vías que debió utilizar "el establecimiento para mantener debidamente informada a la familia del afectado/a y a la comunidad