trabajo a miles de familias, tanto de manera directa, como indirecta.

"Descentralización"

Domínguez destaca la relevancia que presenta este sector productivo en el contexto de la descentralización, en el sentido de que se tiene que permitir la tributación local, aunque sea parcial, ya que ello implicaría mayores recursos para la región. "Que se puedan tener a libre disposición", sentencia.

Otro punto relevante, según señala, es el impacto ambiental que, evidentemente, genera la industria en Los Lagos, lo que está dado porque la institucionalidad ambiental en "Chile es muy débil".

En este punto, la propuesta del constituyente apunta a que cuando una industria, independiente del sector, quiera instalarse en un punto determinado, debe ser evaluado el impacto ambiental.

"Actualmente, la ley establece que ello puede darse a través de un estudio de impacto ambiental o mediante una declaración de impacto ambiental", manifiesta.

Sin embargo, "la definición si es que corresponde elaborar un estudio o declaración lo realiza la propia empresa, lo cual evidentemente expone y manifiesta un conflicto de interés sobre esta materia, lo que no está regulado".

Otro punto importante para la autoridad es la nula capacidad de fiscalización que tiene el Estado para la salmonicultura. "Un ejemplo de ello es que Sernapesca, a la hora de fiscalizar las plantas, tiene que solicitarle a las propias salmoneras que le faciliten las lanchas para ir a revisar cómo están las condiciones, lo que muestra la nula capacidad de fiscalización".

En este contexto, para Domínguez, en la nueva Carta Magna se tiene que avanzar en la creación de una institucionalidad tipo defensoría natural del medio ambiente, la que podría ser un organismo autónomo y público; pero con capacidad de fiscalización.

En su propuesta describe que esta entidad debe contar con algunas atribuciones que ayuden a tomar decisiones en esta materia.

"Algunos han propuesto considerar al medio ambiente como un sujeto de derecho, lo que tendría varias implicancias jurídicas y vendría a cambiar un paradigma jurídico", explica.

"Derecho al trabajo"

Los trabajadores también han puesto su reparo en cuanto al debate que tiene lugar en la Convención.

Es así como Marta Oyarzo, presidenta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón, entidad que agrupa a 12 organizaciones sindicales, dos federaciones y una confederación, cuenta que estuvo el martes en la Convención Constitucional, exponiendo en la Comisión de Derechos Fundamentales de esta entidad.

En su relato detalla que su participación guarda relación con el derecho al trabajo, ya que en la Convención se están tratando estas temáticas de derechos fundamentales y su gremio aboga por el derecho al trabajo y por mantener las fuentes laborales que genera la industria.

Para Oyarzo, este encuentro fue importante, por cuanto se reconoce que existe preocupación debido a que se han levantado varias organizaciones, además de algunos constituyentes, que persiguen la salida de la industria salmonera de la zona, lo que "nos parece que es atentar contra nuestra fuente laboral", apunta.

De ahí que estime que las autoridades tienen que proporcionar las facilidades y generar el espacio que permita escuchar a los trabajadores. "No se pueden tomar medidas arbitrarias, porque ello atenta contra la libertad de trabajo", dice.

Sobre los cuestionamientos a la industria por la temática medioambiental, sostiene que la mirada del gremio es que se tiene que mejorar lo que tiene, porque, de lo contrario, sería "nivelar para abajo".

Entonces, la postura que presenta guarda relación con buscar los lineamientos que permitan mejorar la actividad acuícola.

Junto con ello, la dirigenta es de la idea de que si se comprueba que la industria tiene responsabilidad en el daño ambiental de un hecho determinado, tendría que realizar las reparaciones correspondientes.

"Que se elaboren normativas fuertes, enérgicas y que se fiscalice a la industria como corresponde. Pero que ello no signifique eliminar las fuentes de trabajo. La propuesta es que exista una regulación eficaz y efectiva y que los entes competentes realicen el trabajo que tienen que ejecutar, puesto que se puede decir mucho, pero, en realidad, no siempre se fiscaliza como se debe", subraya

Es por ello que para la dirigenta todos tienen que cumplir su parte y si el sector es responsable tendrá que salir a reparar el daño.

Por lo mismo, insiste, en que ello no debe significar cortarle la fuente laboral a más de 71 mil trabajadores que hoy "pertenecemos a esta industria, desde la Región del Biobío y hasta Magallanes", señala.

"Fortalecer la institucionalidad"

Cristóbal De La Maza, superintendente de Medio Ambiente, sostiene que muchas de las materias que se requieren para fortalecer la institucionalidad ambiental tienen que ver con de rango legal y no constitucional.

Sin embargo, resalta que la Convención debiese revisar estas materias y proponga nuevas acciones para fortalecer los derechos en materias ambientales y de desarrollo sustentable, así como robustecer las instituciones.

No obstante, plantea que en materia de fiscalización el foco tiene que estar puesto en reforzar la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente y que guarda relación con el Servicio Nacional de Pesca.

La idea, dice, es potenciarla desde su dotación y su presupuesto, puesto que tiene que existir un despliegue mucho más potente en materia de fiscalización, lo que no sólo aplica a la salmonicultura, sino que a todos los sectores del país.

En cuanto a la regulación, estima que siempre será positivo seguir profundizando y estableciendo mayores exigencias que permitan tener un sector más sostenible.

En su análisis, destaca que si bien se avanzó desde el punto de vista sanitario, reconoce que aún restan algunas temáticas por concretar, mientras que admite que en área ambiental aún "estamos bastante al debe" y por ello plantea que se requiere revisar si el reglamento ambiental de la acuicultura necesita ser actualizado o si es que se tienen que establecer mayores exigencias en el sistema de evaluación de impacto ambiental, especialmente en lo que tiene que ver con áreas sensibles a los impactos del cambio climático o a las de alto valor natural que tienen que ser protegidas.

Para la autoridad, estas mejoras permitirán continuar avanzando en fiscalización ambiental.

Además, comenta que este 2021, la Superintendencia del Medio Ambiente ha mostrado progresos sustantivos en este punto, por cuanto será el primer año en que fiscalice a la totalidad de los centros de engorda del salmón en cuanto a su posicionamiento con herramientas de inteligencia artificial que han ejecutado internamente.

Mientras que para 2022 proyecta avanzar en la profudización de la fiscalización en materia de sobreproducción y manejo de mortalidades.