Marcelo Galindo

Una fuerte fiscalización comprometió realizar la Municipalidad en el sector Chinquihue, en el borde costero de Puerto Montt, donde fueron clausurados cuatro astilleros que funcionaban sin la documentación para ejecutar ese tipo de labores.

La arremetida desde el municipio es en respuesta a una denuncia de vecinos de las villas Marina y El Progreso, porque una vez que se retiraron los inspectores municipales que clausuraron esos lugares, siguieron funcionando, esta vez a puertas cerradas.

De acuerdo al alcalde Gervoy Paredes, se desplegó una labor de fiscalización en esa zona por actividades que se desarrollan en medio de una población. "Es decir, de un sector residencial", precisó.

Según Paredes, estas actividades están relacionadas "con la emisión de contaminantes -como han sostenido los vecinos- peligrosos. Hemos, como municipio, verificado las patentes de las diferentes empresas".

Periódicamente

El administrador municipal, Ricardo Trincado, explicó que la acción desplegada por inspectores municipales de Rentas y Patentes, tiene relación con la clausura de las empresas que no han acreditado patente para trabajar.

"Sin este requisito, fundamental, no puede efectuar sus labores. En caso de intento de reapertura para infringir esta sanción, de acuerdo a lo dispuesto por el alcalde Gervoy Paredes, como municipio mantendremos sistemáticamente la fiscalización", dijo. Trincado anunció que "haremos inspecciones periódicas para que estas empresas, que incumplen con las normas, no retomen sus actividades".

El administrador municipal precisó que el Plan Regulador define a esa zona como residencial. "Sólo permite la instalación de industrias no peligrosas; que no dañen a terceros; que los efectos productivos, permanezcan en el interior de sus instalaciones. Estos requisitos deben acreditarse ante la Seremi de Salud", aseguró.

Contaminación

La concejala independiente Marcia Muñoz detalló que habitantes del territorio de la Ruta Chinquihue y de los sectores El Progreso y Villa Marina, han sido afectados desde hace muchos años por ruidos molestos.

"Esto ocurre todos los días, con el pulido al fierro, la pintura a los barcos, afectando a las familias y al borde costero con mucha contaminación. No creo que ningún otro barrio lo permita. La Armada se ha puesto una venda en los ojos, porque todo ese trabajo se hace sin permiso, sin patente", denunció la edil.

Para Muñoz, el llamado "es a endurecer estas clausuras, para que prohíban a estas empresa seguir funcionando".

Helga Torrealba, residente hace más de cuatro décadas en Villa Marina, puntualizó que el pasado 16 de septiembre "vimos con los marinos, que los astilleros se tomaron esta zona y con mucha basura a orilla de playa. Los dueños de astilleros quedaron citados y hasta el día e hoy no tenemos ni una respuesta respecto a ese problema de contaminación".

Torrealba añadió que todos los vecinos están afectados en Villa Marina, "porque a orilla de mar están todos los astilleros contaminando".

Con la participación de más de 50 asistentes en forma virtual, se desarrolló la charla abierta a la comunidad "Acceso a la justicia de grupos vulnerables: personas con discapacidad y especialmente mujeres víctimas de violencia", que organizó el Comité de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

La actividad -que se realizó en la modalidad webinar- fue encabezada por la presidenta del tribunal de alzada y del comité, Ivonne Avendaño, y contó con la asistencia remota de jueces, consejeros técnicos, funcionarios judiciales y público en general.

Las exposiciones contaron con intérprete de lengua de señas y estuvieron a cargo de la directora regional de Servicio Nacional de la Discapacidad, Jessica Droppelmann, quien abordó el "Rol institucional de Senadis"; y del abogado del programa de acceso a la justicia para personas con discapacidad de la Corporación de Asistencia Judicial, Jorge Martel, quien se refirió a "Consideraciones acerca del acceso a la justicia de personas con discapacidad".

La jueza del Juzgado de Familia de Puerto Montt e integrante del Comité de Género en representación de la Asociación Regional de Magistradas y Magistrados Los Lagos, Jacqueline Guerra, fue la encargada de presentar y moderar la jornada.

"El Comité de Género ha impulsado esta actividad con el objetivo de refrendar el compromiso institucional con incorporar una perspectiva de género y derechos humanos en nuestro quehacer diario, proponiendo una reflexión acerca del acceso a la justicia de las personas con discapacidad, especialmente mujeres, reconociendo que desgraciadamente las afectan situaciones de desigualdad".