Marcelo Galindo

La Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que obliga al Banco Estado a restituir 5 millones de pesos que le fueron extraídos a una clienta, quien aseguró no haber hecho ese movimiento.

La afectada, domiciliada en Castro en la Provincia de Chiloé, recurrió de protección ante la Corte puertomontina, manifestando que sus derechos habían sido vulnerados.

Los hechos se remontan al 26 de febrero pasado, cuando alrededor de las 13 horas la clienta del Banco Estado recibió varias llamadas a su celular, de números desconocidos.

Explicó que intentó llamar desde su teléfono, pero que fue bloqueado. A lo que sumó que en su correo aparecieron dos mensajes desde la entidad bancaria, dando cuenta de la realización de dos transferencias desde su cuenta a otro banco, una por $100 mil y otra por 4 millones 900 mil pesos.

Resguardar

La víctima expuso en el recurso que esas transferencias no fueron realizadas por ella, como titular de la cuenta. "No perdió su tarjeta, no entregó sus claves bancarias, ni menos aún perdió dispositivos de seguridad", asegura el escrito.

Señala en ese documento que "tampoco le entregó a alguna persona las contraseñas bancarias; configurándose por tanto una vulneración de la seguridad cibernética del banco, lo que a todas luces no constituye responsabilidad ni negligencia de su persona como titular de la cuenta corriente".

Agregó que "el banco, estando obligado a resguardar los fondos depositados, incumplió con su deber de resguardar sus dineros, teniendo toda la responsabilidad por su actuar negligente, y por no tener los sistemas adecuados para resguardar la seguridad de sus clientes y cuentas corrientes".

El 27 de febrero, la afectada hizo una denuncia por estafa ante el banco, que el 8 de marzo entregó una respuesta negativa a la demanda por restitución del dinero ($ 5 millones).

"Informamos que hemos rechazado la cancelación o restitución de los fondos correspondientes a las operaciones reclamadas, puesto que la situación que usted describe no está contemplada dentro de la ley número 21 mil 234".

Afectación

El ministro Patricio Rondini, vocero de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, explicó que cuando un cliente bancario observe en sus productos operaciones electrónicas fraudulentas, "debe dar cuenta al banco correspondiente para el bloqueo del caso. Si la respuesta no satisface al cliente, este podrá interponer un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para que se evalúe si existe o no una afectación a su derecho de propiedad".

Rondini dijo que "en cada caso se analizará si existe una falla del sistema de seguridad propio del banco, en cuyo caso es éste el que asume la perdida; de lo contrario, la deberá asumir el cliente. Además, de conformidad a la ley 21.234, es de cargo del banco probar que las operaciones son autorizadas por el usuario y que se encuentra registrada a su nombre".

De acuerdo a las cifras del último trimestre (del 23 de mayo al 23 de agosto) la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Puerto Montt recepcionó un total de 27 denuncias por el delito de estafa, mediante la modalidad del depósito de dinero, tras recibir mensajes a través de WhatsApp por supuestos familiares o amigos.

5 millones de pesos alcanzó la cantidad sustraída a la clienta de Castro del Banco Estado.

26 de febrero la víctima registró en su celular varias llamadas de números desconocidos.

8 de marzo la recurrente recibió una carta en la que el Banco le informó que no le restituiría su dinero.

El fallo de la Corte de Apelaciones, confirmado por la Suprema, junto con acoger el recurso de protección, obliga al banco a pagar las costas y restituir los 5 millones de pesos a la clienta afectada. Indica en una de sus partes que "de conformidad a la ley número 21 mil 234, era de cargo del banco recurrido probar que dicha operación fue autorizada por el usuario y que se encuentra registrada a su nombre, y a este respecto, no acompañó ningún medio de prueba para acreditar sus alegaciones, más allá de la carta respuesta dada a la actora en que le indican que no le harán restitución de los fondos, y que fue el único documento que acompañó a su informe".

El prefecto Claudio Villalobos, jefe de la Bridec de la PDI, llamó a la ciudadanía a evitar facilitar información a desconocidos, ya que "basta con sólo entregar los códigos que me llegan al teléfono por mensajería, para que otra persona pueda tener acceso y capturar mi cuenta (WhatsApp). Entonces, la indicación prioritaria es no entregar ningún código que llegue al teléfono", afirmó. Esta modalidad relacionada con WhatsApp se ha producido a nivel nacional, registrándose también algunas denuncias en esta jurisdicción.

Un celular que el acusado del homicidio regaló a un funcionario de la Municipalidad de Puerto Montt, fue clave para aclarar un homicidio ocurrido en la madrugada del 24 de abril de 2019, en el camino costero a Calbuco.

Flavio Andrés Salinas Millanao recibió una pena de 18 años de presidio, por el delito de homicidio de Armín Antonio Gómez Paredes, y el ilícito de trafico de drogas.

El cuerpo de Gómez Paredes fue encontrado de madrugada en esa ruta y en un comienzo su deceso se había atribuido a un atropello. Pero, al analizar el cuerpo, los detectives de la PDI encontraron varios impactos de bala.

La investigación se extendió por más de dos años y tras el juicio, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt dictó sentencia contra el imputado y otras personas, implicadas en el trafico de drogas.

Marcelo Maldonado, fiscal jefe de Puerto Montt, dijo que el Ministerio Público valoró que se reconozca la responsabilidad del imputado en los delitos en los que fue condenado.

"Es un fallo importante -argumentó Maldonado-, porque la investigación nace prácticamente con poca información de los hechos, sin testigos presenciales, sin cámaras de seguridad, en una zona rural, donde era de noche, no había personas transitando y sin sospechosos", detalló.

Explicó el persecutor que con el trabajo de inteligencia desarrollando por detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI, el análisis de elementos tecnológicos y otros indicios se logró reconstruir las horas previas al deceso de la víctima.

"Destacamos varios puntos, como el hecho de posicionar en el lugar de los hechos, un teléfono que usaba el imputado el día del homicidio, aparato que después fue regalado a un funcionario municipal que lo activó con un plan a nombre del municipio de Puerto Montt", especificó.

Agregó Maldonado que se pudo determinar que un arma de fuego encontrada en poder del imputado, en un domicilio aledaño al suyo, correspondía a la usada para darle muerte a Armín Gómez.

El abogado destacó que "el imputado estaba confiado de una posible impunidad, lo que había confesado a un compañero de delitos del trafico de drogas, que había quemado la gran mayoría de la evidencia".

Indicó que el crimen se aclaró producto del compromiso "que como Fiscalía, junto con la Policía de Investigaciones, tenemos para la persecución penal de los delitos".

Explicó el fiscal jefe que junto al imputado, otras siete personas fueron condenadas como partícipes del delito de trafico de drogas.

Tras la investigación se logró el comiso de 4 vehículos.

"Se logró sacar de circulación más de 30 mil dosis de droga de diferente naturaleza, avaluada en no menos de 35 millones de pesos. Las armas que estaban en poder del narcotráfico también fueron sacadas de circulación", remarcó.

Remató el persecutor que "esto nos compromete como Fiscalía para seguir operando bajo este tipo de procedimientos, que demuestran que se puede enfrentar el trafico de drogas con las herramientas legales y en un marco de respeto a la garantía procesal".

30 mil dosis de drogas, de diferente naturaleza, fueron sacadas de circulación durante esta investigación.

24 de abril de 2019, en la madrugada ocurrió el homicidio de Armín Gómez, en el camino costero a Calbuco.