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En este sentido y según Danilsa Granado, en Puerto Montt se habían autodenunciado -en febrero- 138 personas. Muchas de las cuales llegaron con niños.
De acuerdo a su registro, serían 34 los menores de edad en dicha condición al segundo mes de este año.
Sin embargo, Granados señala que ese número subió de manera considerable, por lo que en la actualidad serían unas 400 los autodenunciados.
Mariño, en tanto, también admite que hay quienes están ingresando por pasos no habilitados. "La mayoría tiene familia y por eso se les puede ver pidiendo A ellos, precisamente, se les está haciendo un seguimiento de manera de ayudarlos a conseguir empleo. La idea es que no pidan, porque hay algunos que lo hacen por necesidad, pero otros que no".
Granados, en tanto, coloca el acento en que hay muchos niños en esta condición y familias viviendo hacinadas. "Tienen problemas de vivienda y de trabajo. Hay muchas madres solteras con 2 a 3 hijos, otras embarazadas o que fueron madre recién. Y todas ellas entraron por pasos no habilitados".
Entonces, "cómo viven... de la solidaridad. Habitan donde pueden, pasan frío y no tienen calefacción", remarca Granados.
Fiscalizaciones
Sobre este punto, Oscar Barría, comisario del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, afirma que durante este "último semestre hemos reforzado nuestro despliegue territorial, lo que se ha traducido en que a la fecha se concretara un 30% más fiscalizaciones y un 40% más de extranjeros infractores en relación a 2020".
En el caso de estos últimos, dice que se trata de personas que residen de manera irregular y que tienen, por ejemplo, sus visas vencidas, trabajan sin permiso de la autoridad administrativa o que ingresaron de manera clandestina o irregular al país.
"Corresponde a migrantes que ingresaron por la zona norte y que se han trasladado al sur, ya sea en busca de fuentes laborales o reunificación familiar", señala.
Barría indica que se han digitalizado casi la totalidad de los trámites, por lo que llama a nacionales y extranjeros para acudan a las oficinas de la institución con el fin de realizar sus trámites respectivos.
Incluso, asegura, pueden efectuarlo aquellos migrantes que llegaron al país de forma irregular. Además, estos trámites digitales los pueden efectuar a través de la página web de la Policía de Investigaciones de Chile (www.pdichile.cl).
Barría recalca que los detectives de esta unidad especializada continuarán con las fiscalización en distintos puntos de la Provincia de Llanquihue y manifiesta que las dependencias de su entidad se encuentran abiertas para atender a la comunidad.
Sobre esta temática, el delegado presidencial Carlos Geisse, recordó que el proceso de regularización se encuentra en curso hasta octubre de este año.
Además, describe que desde el año 2015 y en particular a partir de 2018 "se ha registrado un aumento exponencial de extranjeros irregulares en el territorio nacional, principalmente por el ingreso a través de Colchane y Chacalluta.
En todo caso, Geisse destaca que la situación general de los migrantes en la región ha mejorado "por la racionalización de los procesos de sanción y de expulsión, así como por la colaboración de otras instituciones, como la Municipalidad de Puerto Montt, el Instituto de Derechos Humanos y la Defensoría Penal Pública".
Vulnerabilidad
La situación de los menores de edad constituye uno de los aspectos que preocupa en esta materia.
De hecho, en la actualidad, en el sistema de residencia de la Red Sename de la región, se encuentran ingresados 3 niñas y 1 niño migrantes. Tres de ellos en la Provincia de Llanquihue y uno en la de Osorno.
Al respecto, la directora regional Lilian Peña, explica que lo primero es establecer que la migración irregular en sí no se considera una causal de ingreso a los programas de la Red Sename.
"Sin embargo, las condiciones de precariedad en que se pueden encontrar las familias exponen a las niñas y niños a situaciones de vulneración, como su utilización para el ejercicio de la mendicidad, por ejemplo, lo que nos obliga a intervenir en beneficio de la protección de esos menores".
"Cuando recibimos antecedentes de algún caso, nuestras oficinas de Protección de Derechos (OPD), hacen un levantamiento de información detallado del grupo familiar o los adultos que se encuentren al cuidado de estos menores. Esta información es elevada a los Tribunales de Familia y son ellos quienes determinan las acciones a seguir y si es que el niño o niña debe ser ingresado a algún programa ambulatorio o al sistema de residencias