Diversos movimientos sociales encabezaron ayer la primera gran marcha callejera en Argentina tras la derrota del oficialismo en las elecciones primarias legislativas del domingo último, mientras el presidente Alberto Fernández ver arreciar la crisis del Gobierno y aún evalúa las renuncias de sus ministros.

Entre las demandas están la solicitud para que el Gobierno entregue más alimentos a los comedores sociales y se generen más puestos de trabajo, en el contexto de recesión que vive el país desde hace tres años y medio.

Manifestantes de organizaciones sociales de izquierda no afines con el Gobierno de Fernández se citaron en la esquina de las avenidas 9 de Julio e Independencia, en Buenos Aires, para marchar hacia la sede del Ministerio de Desarrollo Social.

La jornada de protesta se realiza después de que el miércoles cinco ministros que responden al sector liderado por la vicepresidenta, Cristina Fernández, pusieron a disposición sus cargos ante el presidente, lo que abrió una crisis en el seno del Ejecutivo luego de que el oficialismo perdió categóricamente las primarias del domingo para definir candidatos legislativos para las elecciones del 14 de noviembre próximo.

"No hay ninguna razón para no hacer la marcha", sostuvo a varios medios Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, una de las agrupaciones que convocaron a la jornada ciudadana. Belliboni señaló que la marcha "no tiene nada que ver con la crisis política que se está desenvolviendo" y que la lucha de poder "no tiene nada que ver con las necesidades de la población".

Recordó además que hace 70 días en muchos comedores populares no se entregan alimentos y que caen el empleo, los salarios y las jubilaciones, y que la razón por la cual el kirchnerismo "perdió las elecciones" es "porque ajustaron".

Las manifestaciones sociales se han incrementado este año en Argentina, ante la crisis económica que atraviesa en su tercer año en recesión.

Hasta agosto pasado, la inflación interanual era de 51,4% en Argentina y la pobreza ya había trepado al 42% en el segundo semestre de 2020.

El origen de la crisis

En ese contexto estalló la crisis abierta en el seno del Ejecutivo argentino. Mientras Alberto Fernández evalúa si acepta o no las renuncias de sus ministros, ayer dijo que defenderá su autoridad y que la gestión de Gobierno seguirá como él "estime conveniente" (ver recuadro).

"El presidente no ha aceptado ninguna renuncia de las que están presentadas", dijo ayer la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. "Todas ellas, como la composición del Gabinete, está a su consideración y lo va a informar en el momento que tenga algo para informar", agregó la funcionaria, una de las más cercanas al mandatario.

El origen de la crisis se remonta al domingo pasado, cuando las listas de precandidatos a diputados y senadores de la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, fueron más votadas que las del Frente de Todos en la mayoría de las provincias.

Apenas tres días después de la derrota, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y al menos otros cuatro ministros, todos integrantes del sector kirchnerista del Gobierno, decidieron dimitir.

Entre un gran hermetismo por parte del Gobierno, esta situación alimentó infinidad de rumores acerca de la lucha de poder entre kirchneristas y albertistas dentro del peronismo, mientras el jefe de Estado recibía apoyos públicos por parte de algunos gobernadores provinciales y otras autoridades políticas y sindicales.

También organizaciones sociales habían convocado para ayer una marcha en su apoyo, pero fue cancelada a petición del propio mandatario y el evidente "tope" de protestas.

Presidente "okupa"

Con la crisis en ascenso, se filtró ayer en la prensa argentina un audio atribuido a la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos, en el que analiza la derrota del domingo lanzando exabruptos contra Fernández, a quien llama "enfermo", "okupa" y "atrincherado" y califica de "núcleo de inútiles" a ministros de su influencia.

Al mandatario lo acusa de haber hecho una "mala política económica" -subordinada a los mandatos del Fondo Monetario Internacional- y apunta a que fue eso lo que llevó a perder las elecciones.

También se expresó el jefe de bancada de los diputados opositores, Mario Negri. "Hay una crisis interna de poder porque han hecho una mala lectura de las urnas. Estamos con riesgo de anomia y vacío de poder. Alberto Fernández tiene que ser presidente y poner fin a esto".

Para el presidente Alberto Fernández, en el oficialismo debe primar la responsabilidad", pues "no es este el tiempo de plantear disputas". "La coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad. Debemos hacerlo, y lo haremos, para asegurar que se satisfagan las necesidades de nuestro pueblo", señaló el mandatario en Twitter. "He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mí. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos., subrayó.

Lejos de ser un instrumento de contrapeso frente a la represión del régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la Justicia de ese país habría desempeñado un rol esencial en años de violaciones de derechos humanos, de acuerdo con el último informe de la misión internacional de las Naciones Unidas para esa nación.

"Jueces y fiscales han desempeñado a través de sus actos y omisiones un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidas por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositores supuestos o reales", subrayó la presidenta de la instancia, la portuguesa Marta Valiñas.

Presión gubernamental

El informe de más de 200 páginas, presentado en Ginebra y que se debatirá en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo 24 de septiembre, denuncia presiones gubernamentales para que los jueces nieguen garantías a los opositores, así como obstáculos a los abogados y hasta amenazas que han llevado a algunos magistrados al exilio.

"Algunos de los jueces que entrevistamos huyeron del país al no ser vistos como aliados del sistema y siguen viviendo con miedo fuera de Venezuela", denunció Valiñas.

El informe es el segundo que realiza la misión desde que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó su creación en 2019.

Sin independencia

El documento concluye que Venezuela presenta "un sistema de Justicia carente de independencia", que "perpetúa las graves violaciones de los derechos humanos contra opositores al gobierno".

Entre las irregularidades, se citan el uso de la prisión preventiva como medida rutinaria o el hecho de que magistrados emitan órdenes de arresto retroactivas para ocultar detenciones ilegales, algunas de ellas acompañadas de torturas.

Valiñas también señaló que los fiscales han presentado supuestas pruebas obtenidas mediante tortura, aceptadas después por los jueces, así como la negligencia de ciertos magistrados ante la evidencia de maltrato en detenidos.

177 entrevistas realizó la instancia diplomática para elaborar el documento de 200 páginas.