Con la publicación de las resoluciones de aceptación o rechazo por parte del Servicio Electoral (Servel) de las candidaturas a las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales -proceso que se encuentra en etapa de apelación ante la Justicia Electoral- se ha dado un nuevo paso hacia un hito político que esta vez se concretará con las votaciones generales del 21 de noviembre. En esta fase se observa cómo las plataformas de redes sociales se convierten en escenario habitual de una "batalla" que, lamentablemente, no suele estar vinculada a las ideas y propuestas de cada postulantes, sino más bien a la circulación de ataques y la viralización de la información falsa o, al menos, distorsionada.

Se trata de un fenómeno ya fuertemente instalado en el país, pese a que su origen es reciente a nivel global. El concepto de "fake news" (noticias falsas) es el preferido para resumir esta temática, que se ha expresado a nivel global en distintos episodios como la crisis de refugiados europea de 2015 y las elecciones presidenciales de Estados Unidos, o el Brexit en el Reino Unido.

A nivel nacional también se han registrado episodios recientes donde la desinformación ha primado en los mensajes promovidos con fines espurios y desde el más amplio espectro político y social, como ocurrió especialmente a partir del estallido social", cuando se difundió una serie de afirmaciones falsas que apelaban a activar emociones, prejuicios y hasta fomentar sentimientos de odio que parecían desterrados.

Dentro de este escenario, un fenómeno que se asocia específicamente a la actividad política sobre el cual hay cada vez más evidencias científicas dice relación con la forma en que las redes sociales contribuyen significativamente a la generación de un mayor grado de polarización política en los países. Este proceso se ha hecho particularmente visible desde el estallido, pasando por las campañas electorales del año pasado y de este 2021. La mejor recomendación pasa por elegir medios de comunicación serios y comprender que las redes sociales no son ninguna garantía de información creíble y bienintencionada; lo único que hay en esas plataformas es odio y malas intenciones.

Debido a la emergencia sanitaria por covid-19, la inseguridad alimentaria en Chile se pudo visibilizar como una realidad urgente. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a lo menos 400 mil personas se sumarían al número de individuos con inseguridad alimentaria severa, como resultado del eventual aumento en la tasa de cesantía, la pérdida de ingresos y, por ende, la limitación al acceso de alimentos nutritivos.

Por esta razón, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Elige Vivir Sano publicó el Plan de Seguridad Alimentaria, que expone 29 medidas para aminorar los potenciales efectos de la pandemia en la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables.

Si bien los esfuerzos de este plan llegan a aliviar la incertidumbre de muchos chilenos, ¿cómo podemos asegurar que la ayuda sea suficiente y se mantenga el tiempo que se requiera?

Para ello, se puede proponer estrategias adicionales orientadas a complementar los ejes de acción impulsados por el Gobierno, por ejemplo, capacitar a las organizaciones civiles para apoyar en el catastro de familias afectadas y/o beneficiadas por las estrategias de gestión de emergencias sanitarias, además de aumentar la cantidad de personal sanitario, como nutricionistas y kinesiólogos en los establecimientos de salud.

También sería importante implementar un subsidio a los alimentos saludables, pues frente a una disminución en los ingresos de la población, las preferencias alimentarias se ven seriamente afectadas, optándose por productos de baja calidad nutricional y altos en nutrientes críticos.

La reactivación del Programa Alimentario Escolar es vital dado que posiblemente la comida que recibían sus beneficiarios podría corresponder a la más importante (y en algunos casos, la única). Finalmente, podrían generarse medidas económicas de protección al precio de los alimentos e incentivar la producción y comercio de pequeños agricultores como actores principales en el abastecimiento de determinadas localidades del país.

Todas estas propuestas nos hablan de la deuda socioalimentaria que el país tiene con las familias chilenas, recordándonos que el derecho a la alimentación es fundamental y es deber del Estado velar porque así sea.

Catalina Zamora, académica de

la Universidad de Las Américas

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