Marcelo Galindo

Categórico es el informe elaborado por la Contraloría Regional respecto a la situación del abogado de la Municipalidad de Puerto Montt Egidio Cáceres, quien fue denunciado por un particular de cumplir funciones privadas en horario laboral en el Municipio. Situación que motivó al organismo contralor a calificar este hecho como "altamente complejo".

Cáceres no se ha querido referir a esta acusación, pero se defendió en Contraloría, instancia en la que aseguró que ese día, cuando acudió a representar una causa al Primer Juzgado de Policía Local de Puerto Montt, lo hizo en reemplazo de su padre, también abogado.

Durante la semana pasada el concejal Juan Carlos Cuitiño (PEV) dio a conocer esta irregular situación y ayer aseguró que analiza la posibilidad de recurrir a organismos judiciales para que se investigue este hecho.

En la Municipalidad no han profundizado en la investigación a la que se ha visto enfrentado el jefe de la Unidad Jurídica.

Sin embargo, durante la semana pasada el administrador municipal Ricardo Trincado, aseguró que no había falta de probidad en el actuar de Cáceres, aunque la Contraloría argumenta lo contrario.

"En relación a la publicación efectuada por el concejal, señor (Juan Carlos) Cuitiño respecto de la concurrencia del director jurídico a una audiencia ante el Juzgado de Policía de Puerto Montt, cabe señalar que los funcionarios públicos tienen derecho a ejercer libremente su profesión, siempre que con ello no se afecte el cumplimiento de sus deberes", resaltó Trincado.

Patrocinio

En su defensa, Cáceres argumentó en Contraloría que asumió la representación de dos personas que eran clientes de su padre, quien el 19 de diciembre de 2019 no pudo asistir al Juzgado de Policía Local donde está radicada la causa y lo reemplazó.

"Ese día se encontraba imposibilitado de asistir a la audiencia, razón por la cual él compareció personalmente, precisando que con fecha 22 de enero de 2020 renunció al patrocinio y poder en esa causa", según se señala en parte del informe del ente contralor.

El abogado agrega, en su defensa, que no existe ninguna norma expresa que le impida tramitar ante dichos juzgados considerando el principio de legalidad. Además, alude que los juzgados de policía local cuentan con independencia judicial de la autoridad municipal para el desempeño de su cargo.

Cáceres manifiesta al organismo contralor que "con fecha 18 de diciembre de 2019 completó debidamente un formulario de permiso con goce de remuneraciones para ausentarse durante la mañana del día siguiente, solicitud que el alcalde firmó y timbró, accediendo al mismo, sin embargo, dicho permiso no fue tramitado debidamente y pese haber sido aprobado por la máxima autoridad del municipio jamás llegó al departamento de personal para su registro".

Probidad

Pese a la defensa planteada por el abogado, para la Contraloría Regional existe falta de probidad.

"Considerando que los juzgados de policía local son dependencias municipales, por cuanto forman parte de la estructura orgánica de los municipios, no cabe sino concluir que la actividad particular del abogado, señor Egidio Cáceres Langenbach ante el Primer Juzgado de Policía Local de Puerto Montt, habría vulnerado el principio de probidad administrativa".

Por ello, se concluye que la Contraloría Regional de Los Lagos "dará inicio a un procedimiento disciplinario a fin de determinar la eventual responsabilidad administrativa del mencionado servidor público por los hechos anteriormente objetados".

La Contraloría Regional calificó este hecho como "altamente complejo" y en su observación se indica que "se determinó que don Egidio Cáceres Langenbach, director del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Puerto Montt, asistió en horario laboral el día 19 de diciembre de 2019 al comparendo citado por el Primer Juzgado de Policía Local de Puerto Montt, en calidad de abogado y apoderado de particulares, registrando ese día su asistencia en el municipio en horario normal, sin que se verifique el uso de algún permiso o ausencia ya sea por feriado legal o licencia médica".

Contraloría agrega que "adicionalmente, la actividad particular del citado letrado, referida al patrocinio de una causa, se efectuó ante un juzgado de policía local que pertenece al mismo municipio en el que labora, lo que contraviene el principio de probidad administrativa, de acuerdo a la jurisprudencia administrativa de este órgano de control".

Acciones

Al respecto, el concejal Juan Carlos Cuitiño, afirma que con sus asesores evaluarán las acciones judiciales posteriores, pero que ello dependerá de las reuniones e informes que emanen desde la Contraloría Regional.

Para Cuitiño, "el alcalde hace mucho tiempo perdió el control de sus asesores. Hacen y deshacen, vulnerando el orden y las leyes que establecidas y todo esto va en desmedro de la comunidad. Y no lo digo yo, queda demostrado por los informes de Contraloría".

Sin embargo, precisa que todo ello dependerá de las reuniones e informes que pueda proporcionar la Contralora Regional en este caso que involucra al abogado municipal.

19 de diciembre de 2019 ocurrió el cuestionado comparendo en el juzgado de policía local de Puerto Montt dependiente de la misma Municipalidad.

8.34 horas, el abogado firmó su ingreso a su jornada laboral en la municipalidad el 19 de diciembre de 2019. Su salida tuvo lugar a las 18.12 horas.

Colegio de Abogados El presiden te del Colegio de Abogados Regional Puerto Montt, Juan Espina, dijo que "respetando la investigación de la Contraloría y la presunción de inocencia que favorece a todas las personas hasta que no se determine fehacientemente los hechos en una sociedad tan carente de ética, Creo fundamental implementar controles para el respeto de la ética en las profesiones liberales. Un control que antes era obligatorio y estaba radicado en los Colegios Profesionales". Según Espina, en otros países "los colegas abogados pueden ser sancionados e inhabilitados para litigar por cierto tiempo cuando las faltas fuesen de gravedad". Agrega que en el caso de Cáceres, se valora que la Contraloría, en sus competencias, "investigue las eventuales faltas administrativas. Pero creo que este tipo de situaciones en que se afecta la ética profesional debe estar radicada en el Colegio de Abogados".