Vicente Pereira

El reemplazo de Carabineros, la eliminación del secreto del Informe Valech y la amnistía o indulto para los denominados presos políticos, fueron algunas de las propuestas realizadas la semana pasada por la Comisión de Derechos Humanos (DD.HH.) de la Convención Constitucional -órgano encargado de redactar la nueva Constitución- y que formó parte del debate entre los constituyente de esta región.

De los siete representantes que suman los distritos 25 y 26 en esta entidad, sólo Mario Vargas (PS) forma parte de esta instancia.

Al respecto, Vargas explica que esta propuesta fue elaborada sobre la base de más de 300 audiencias con representantes de distintas entidades de la sociedad civil, de las cuales recogieron sus apreciaciones y consideraciones para luego construir la propuesta que será presentada ante la Convención.

El objetivo, según dice, es que el anteproyecto innove en las formas y concepciones sobre las libertades fundamentales y se convierta en responsable de los errores y falencias que la "jurisprudencia y la doctrina han buscado resolver por años". Asimismo, señala, la idea es reformar el sistema de protección que el país proporciona a los sectores vulnerables.

"Nos hacemos cargo de dejar en manos de la comisión permanente (DD.HH), disposiciones transitorias que buscan dar solución a situaciones graves y urgentes, tal y como lo demanda la ciudadanía", remarca.

Distintas visiones

Entre los constituyentes de la zona, no obstante, hay distintas visiones respecto de lo presentado por la Comisión de Derechos Humanos.

Katerine Montealegre (UDI) es crítica de las propuestas. "De todas las comisiones, es la que tiene el trabajo menos respetado", advierte.

Para Montealegre, esta instancia no puede tratar temas de fondo, "pero tampoco puede transgredir la Constitución y las leyes. Lo que hacen es un abuso de poder... Abusar de una mayoría para tratar temas que no les corresponden, porque no están dentro de sus competencias".

En sus cuestionamientos, sostiene que todo esto "le quita legitimidad a su trabajo" y acusa que "buscan pasar una maquinaria ideológica".

Respecto del cambio de Carabineros, Montealegre reitera que no tienen la potestad para hacerlo. "Quienes votaron a favor no han ido a las poblaciones más modestas para preguntar cómo están con la drogadicción y con la delincuencia que les ha limitado su calidad de vida", sostiene.

Además, pide considerar lo que sucede con quienes cometen violencia cuando "quieren manifestar sus ideas", o con quienes "amparan la violencia cómo un método de acción política. Muy pocos la condenan y entre ellos están quienes forman parte de la Comisión de DD.HH.".

También se mostró contraria al término del secreto del Informe Valech y reclama que hay constituyentes que le han dado la "espalda a la ciudadanía porque han puesto por delante sus intereses ideológicos".

Así también remarca que quieren sancionar el "negacionismo cuando les conviene", sin considerar el gobierno de Salvador Allende y sin reconocer lo que sucede en países como Venezuela y Cuba en materia de derechos humanos.

Para la independiente Adriana Ampuero (Insulares e Independientes), en tanto, el cambio de Carabineros "me parece no sólo una medida de reparación necesaria para el país, sino que también una oportunidad para la institución, de repensar una estructura que hasta hoy resulta ser elitista, colonialista y patriarcal".

Es por ello que señala que "es relevante que por fin un órgano con las competencias pertinentes, pueda plantear el necesario ejercicio de generar cambios profundos en las Fuerzas Armadas y de Orden, en sus competencias y en su relación con la ciudadanía".

"Silencio"

Sobre el levantamiento del secreto del Informe Valech, Ampuero plantea que "lamentablemente los 50 años de este secreto, consagrados legalmente por la Comisión Valech, a través del artículo 15 de la Ley 19.992, se ha traducido en silencio e impunidad en Chile".

En cuanto a los indultos, estima que se tiene que entender que toda sanción penal tiene un contexto. "Si privamos al derecho del debido contexto, entonces las sanciones las aplicarían sistemas computacionales y no jueces. Chile vive un proceso de crisis de representación política, económica y social. En ese contexto, el Presidente, en lugar de buscar el diálogo social, anuncia que está en guerra contra los mismos chilenos a los cuales representa. Ese caos produjo una revuelta social, donde los delitos comunes se sancionaron bajo Ley de Seguridad Interior del Estado, suprimiendo garantías procesales mínimas. Se aplicaron penas altísimas, se usó la prisión preventiva como verdaderas penas, cuando dos tercios de los presos políticos de la revuelta no tenían antecedentes penales previos".

Distinta es la visión del constituyente Harry Jürgensen (RN), para quien esta comisión no tiene facultad para referirse a estos temas.

Además, señala que en el caso del indulto, éste aplica cuando hay sentencias ejecutoriadas y no cuando hay procesos. "La gran mayoría de estas situaciones están en esta segunda condición, por lo que hay que dejar que el Poder Judicial funcione. Lo mismo que las instituciones, de acuerdo a sus prerrogativas y facultades".

Disciplina

Con respecto a Carabineros, Jürgensen sostiene que "soy un firme defensor de que es una institución con disciplina y aplicando los principios del honor y de la defensa de la patria si fuese necesario. Precisa de modificaciones en función de los avances tecnológicos y de procedimientos que se realizan en el mundo".

Para Jürgensen, todas las materias referidas al negacionismo que tiene la intención de aplicar la "izquierda", no tiene otro objetivo que "acallar el derecho de expresión y de opinar libremente sobre situaciones que ocurren en nuestro país. Esto atenta al derecho ciudadano".

Para Julio Álvarez (PS), en tanto, los derechos humanos es un temática esencial que atraviesa en vertical a toda la Convención. "Lo entendemos como un mandato popular y por ello era esencial la creación de una comisión provisoria de derechos humanos de la forma en que se hizo". En este sentido, dice, realizó algunas propuestas que ahora deben ser conocidas por el pleno, el que -a su vez- tiene que ver cómo las incorporan o no al reglamento definitivo.

En cuanto a Carabineros, su postura es que la función policial debe ser reordenada. "Y eso debe realizarse desde la Constitución", señala.

Sin embargo, "los términos en los que se realice está en discusión; aunque hay principios esenciales que tienen que formar parte tanto de la función de la policía como de las Fuerzas Armadas".

Lo relevante, a juicio de Álvarez, es la estricta dependencia al poder civil y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Ahora, en cuanto al cambio de institucionalidad, añade, serán discusiones que se darán cuando se aborden los temas de fondo, a partir de la segunda quincena de septiembre.

Sobre el secreto del Informe Valech, sentencia que lo clave debe ser la transparencia y hacerlo de cara a la gente.

Autorización

Sin embargo, para Álvarez lo importante es "cómo fue propuesto por la comisión, cuando dice que todo esto tiene que ser liberado, transparente y conocido por la comunidad, pero estableciendo como requisito que sea previa autorización de la víctima. Y eso es relevante, así como resguardar que estos hechos no se vuelvan a repetir".

Sobre los indultos y amnistía, señala que todos quienes pueden ser calificados como presos políticos durante la revuelta o la dictadura no debieran tener impedimentos de ninguna naturaleza. Pero siempre y cuando no se trate de delitos comunes.

Para la independiente UDI, Cecilia Ubilla, lo importante radica en cómo quedará el texto definitivo y en cómo lo expuesto por este comisión se vote de manera definitiva.

Además, explica que este texto debe ser integrado en el reglamento para luego ser visto por el plenario. Por lo tanto, más allá de lo que se ha informado, lo relevante es cómo "quedará el texto definitivo tras su aprobación".

Ubilla estima que el análisis de estas materias se comenzarán a discutir en septiembre, mientras que la propuesta de Constitución desde octubre, ya que ahora están trabajando en las normas".

7 constituyentes suman los distritos 25 y 26 de la Región de Los Lagos.

300 audiencias dijo Mario Vargas fueron realizadas por la Comisión de DD.HH.