de la ley, Santana y Navarro advierten que si desde ya no se toman medidas, se vivirán bastantes complicaciones a partir de enero, cuando comience a regir, acorde a la ley, el cobro de estas cuotas.

Para evitar este escenario, Santana ha solicitado a los ministerios de Desarrollo Social y de Energía realizar una proyección de morosidad al 31 de diciembre, de manera de elaborar un plan que pueda solucionar esta situación, para lo cual es necesaria la participación de los municipios, sobre todo en lo que respecta a proporcionar información sobre el estado en que se encuentran las familias.

Apoyo a familias

Para el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, lo primero que se tiene que ver es el aspecto legal, mientras que adelanta que el municipio trabaja con subsidios en esta materia.

Junto con ello reconoce que hay personas que están inquietas ya que se está llegando al final de este beneficio, por lo que tienen que analizar cuáles serán los pasos a seguir.

Sin embargo y de acuerdo a lo que les permita la ley, verán si es que podrán disponer de recursos para apoyar a personas que lo necesiten.

"Queremos ver, por ejemplo, si los recursos que nos han entregado del Covid 3 pudiesen ser utilizados para este fin. Si es así tendremos una pequeña ventaja", remarca.

Además, adelanta que Jacqueline Paz, directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) está preparando un informe en esta área, debido a que bastante gente les expresó su preocupación porque se está llegando al fin de este período.

En Puerto Varas, en tanto, Evelyn Delgado, directora de la Dideco, señala que si bien es un tema que aún no se ha hecho efectivo, entre las propuestas de la actual administración figura el eje de "Comuna Equitativa", que considera una escuela de formación para el empleo y proyecto de vida.

En esa línea, "entregaremos herramientas sociales, técnicas, económicas y emocionales para favorecer conocimientos en estos ámbitos, lo que permite dejar instaladas herramientas de gestión familiar y personal".

En paralelo, detalla que identificarán, a través del Registro Social de Hogares, a quiénes pueden ser las personas y familias afectadas en ese aspecto, "adelantándonos y analizando en conjunto las alternativas para enfrentar cualquier imponderable. Los servicios básicos, como bien lo dice el concepto, son básicos y necesarios. Nadie debe quedar exento de ellos".

En los municipios están preocupados por esta situación, ya que como lo plantea Hernán Navarro, el endeudamiento de servicios básicos es un problema social y humanitario, que está instalado y que requiere de una solución que provenga de una política pública de subsidios para los hogares más vulnerables y donde las empresas también aporten lo que les corresponda.

De lo contrario, advierte, las familias tendrán que ver qué acciones tomar ante un inconveniente que les afectará en lo más sentido de su vida cotidiana, más aún cuando hay hogares que son deudores de electricidad y de agua potable a la vez.

En la misma línea, el senador Rabindranath Quinteros (PS), recuerda que este beneficio fue una iniciativa parlamentaria, ante la que el "Gobierno, al comienzo, se resistió. Cuando impulsamos la ley que impedía el corte por no pago de servicios, en el marco de la pandemia, lo hicimos pensando en aliviar la crisis de miles de familias que habían perdido o visto reducidas sus fuentes de ingresos".

Quinteros comenta que en ese tiempo esperaban que el ejecutivo "actuara más rápido, pero no fue así. Tardó demasiado en generar el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), e inicialmente le puso barreras y limitaciones. Recién hace un par de meses tenemos un IFE universal pero también hay familias que acumularon una deuda grande en servicios básicos".

Respecto a lo que se avecina para los próximos meses, señala que "hoy no podemos seguir aplicando soluciones de corto plazo. El Estado debe hacerse parte con subsidios directos para cancelar la deuda de las personas que más lo necesitan. La solución definitiva solo puede ser dada por un proyecto firmado por el Presidente".

Lo lógico, dice el senador, es que el Estado se encargue de paliar las deudas de las familias más vulnerables. "Lo que no podemos pretender es que las personas sigan recurriendo a sus cada vez más escasos ahorros para pagar las cuentas acumuladas".

Tiempos complejos

En las empresas asumen que se trata de un período complicado y que esta situación también les ha afectado desde el punto de vista económico.

De todas formas colocan el acento en que han otorgado las facilidades para que las familias opten a este beneficio.

De la realidad que presentan, Lipigas, por ejemplo, tiene cerca de 9 mil clientes GLP (Gas Licuado del Petróleo) en Puerto Montt, de los cuales el 10% ha postergado o no ha cancelado. En el caso de quienes cuentan con gas natural y que en la capital regional llegan a los dos mil hogares, un 14% ha optado por este camino, mientras que en Metrogas sólo 15 personas se han acogido a este beneficio a nivel regional.

Gabriel Morales, gerente comercial de Crell Ltda indica que "para nuestra cooperativa ha sido una situación bastante complicada, dadas las fuertes sumas de dinero que no hemos podido recaudar producto de la vigencia de Ley de Servicios Básicos".

Es así como señala que al 31 de julio de este año, la deuda vencida a más de 45 días, originada sólo desde el 18 de marzo de 2020, alcanzó los 960 millones de pesos, para un total de 5.866 clientes. "Dichos clientes, sin Ley de Servicios Básicos estarían en situación de corte de suministro por no pago".

Ahora, si a la misma fecha, "tomamos la totalidad de la deuda vencida, alcanzamos la suma de 1.422 millones de pesos, para un total de