Erwin Schnaidt

En un hecho considerado como inédito en el país, la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) anunció que dará comienzo a un procedimiento administrativo de revocación del permiso otorgado a Enjoy, para operar un casino en Puerto Varas.

De acuerdo al ente regulador, la Sociedad Casino de Puerto Varas "no cumplió con el desarrollo y entrega de las obras comprometidas en el plazo establecido", que venció el pasado domingo 1 de agosto.

En junio de 2018 la SCJ adjudicó a Enjoy la licencia para operar durante 15 años un casino en esta ciudad, sin que haya existido avances en su construcción y habilitación, lo que estaba contemplado junto al ex Hotel Patagónico, en calle Klenner. Esta condición fue constatada en terreno por personal de ese organismo.

Como estableció la Superintendencia, la Ley de Casinos define que al completarse ese tiempo sin haber ejecutado lo comprometido, "el permiso de operación se entenderá revocado conforme al procedimiento administrativo reglado en la misma ley".

A través de su portal de internet, la SCJ anunció el comienzo de ese proceso de revocación, mediante el que "se busca resguardar los intereses del fisco y particularmente del municipio de Puerto Varas".

Cumplimiento

Mediante un comunicado, desde la empresa Enjoy ratificaron su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones y anticiparon que ejercerán "todas las acciones" para demostrar que no le cabe responsabilidad alguna en esta situación y que -por tanto- no corresponde la aplicación de sanciones en su contra.

En el documento exponen que la SCJ conoce "los esfuerzos para cumplir oportunamente con la ejecución del proyecto en Puerto Varas", pero que se vieron enfrentados a "incuestionables situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, reconocidas por la Contraloría y por la Corte Suprema", como el impacto de la pandemia del covid-19 y "acciones para entorpecer el proyecto que se denunciaron al Tribunal de la Libre Competencia".

Y mencionaron a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Puerto Varas, a la que acusaron de negarse a otorgar el permiso de edificación, lo que calificaron como "grave y arbitrario", ya que con ello habría dilatado los plazos de tramitación.

"Enjoy lamenta que la impropia conducta de una autoridad comunal afecte el normal funcionamiento de la industria dependiente de la Superintendencia de Casinos y que esa conducta haya privado a Puerto Varas de un proyecto que habría generado importantes beneficios para la comuna y sus habitantes", finalizaron.

Inédito

El alcalde Tomás Gárate consideró que "para la comuna de Puerto Varas es prioritario poder agilizar y normalizar esta situación lo antes posible y que haya una empresa que esté operando el casino de nuestra comuna".

Observó que el atraso que representa esta indefinición tiene efectos "en la recaudación e ingresos de este municipio, que ha dejado de percibir esos recursos durante todo este tiempo". Expuso que contar con un operador "asegurará disponer del retorno económico proyectado para la comuna", por cuanto -enfatizó- el interés de la corporación edilicia "es proteger el patrimonio y los ingresos del municipio, porque esto afecta la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los vecinos, impulsar políticas públicas comunales y programas de apoyo social, en infraestructura e inversión. Eso es lo que vamos a defender".

En la antesala del Concejo Municipal del miércoles, reconoció a El Llanquihue que tuvo reuniones con representantes de la SCJ, quienes le detallaron el proceso que se implementará y resaltó que "es algo que no ha pasado en Chile. Es inédito".

Gárate añadió que esta solicitud debe ser presentada ante un consejo consultivo para su definición en base a los antecedentes conocidos. Apuntó que ese consejo reúne a representantes de diversos ámbitos a nivel nacional, incluido un delegado del Presidente de la República. Planteó que debería integrarlo el gobernador regional Patricio Vallespín, ya que originalmente se establecía que participaba el intendente en ejercicio. "Me parece importante que los intereses de la región estén representados en ese consejo consultivo", subrayó.

$14 mil millones

El jefe comunal lacustre consideró que una vez conocida esa resolución, también se podría hacer efectivo el pago de la póliza de seguro "que -en términos de calidad- es equivalente a la boleta de garantía establecida, por lo que el patrimonio está asegurado".

Gárate definió que existen dos garantías a pagar, por más de $14 mil millones. Una, por el 5% de la inversión del proyecto, por lo que se calcula ingresos por 22.186 UF ($660 millones). Mientras que la póliza de seguro debería cubrir tres años de la oferta económica presentada y con la que Enjoy ganó esa licitación, lo que corresponde a un total de 454.503 UF ($13.500 millones).

Especificó que sólo un 50% de esos dineros quedarían en el municipio, ya que la otra mitad es administrada por el Gobierno Regional para distribuir en otras comunas de la región.

Al respecto, la SCJ definió en su anuncio que este desembolso se llevará a efecto sólo una vez que el procedimiento de revocación del permiso "se encuentre ejecutoriado". También precisó que esos respaldos "deben mantenerse en todo momento vigentes por parte de la sociedad operadora".

Acción social

El concejal Marcelo Salazar, quien ha reclamado el pago de esa boleta de garantía, confirmó que en la sesión del Consejo, el alcalde Gárate "también nos informó que de aquí para adelante, procede iniciar este proceso revocatorio, que es único y que nunca se había producido en el país, por lo que se entiende que podría haber situaciones que podrían alargar su resolución", expuso y advirtió que es altamente probable que la empresa dé curso a "acciones dilatorias".

Salazar aseveró que una vez conformado el consejo consultivo "se procede a revocar la licitación entregada a Enjoy, además del cobro de las boletas de garantía", recursos con los que "se podrá realizar mucha acción social".

"Yo entiendo, y también lo dijo el alcalde (Gárate), que pondrá a todo su equipo detrás de esto para conseguir el pago de las boletas de garantía, lo que nos deja muy conformes", añadió, junto con anticipar que seguirán con atención los próximos pasos del ente regulador respecto a este procedimiento revocatorio.

Conforme a la Ley de Casinos y la Circular N°84 de 2017 de la SCJ, el actual concesionario (Dreams) del Casino Municipal de Puerto Varas podrá seguir operando hasta que entre en funcionamiento el nuevo operador a ser licitado.

"(La Sociedad Casino Puerto Varas) no cumplió con el desarrollo y entrega de las obras comprometidas en el plazo establecido".

Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

"Enjoy lamenta que la impropia conducta de una autoridad comunal afecte el normal funcionamiento de la industria"

Declaración de la empresa por anuncio de la SCJ.

"Me parece importante que los intereses de la región estén representados en ese consejo consultivo".

Tomás Gárate,, alcalde de Puerto Varas.

"De aquí para adelante, procede iniciar este proceso revocatorio, que es único y que nunca se había producido en el país"

Marcelo Salazar,, concejal de Puerto Varas.

8 de junio de 2018, Enjoy superó a Dreams para la operación por 15 años de un casino en Puerto Varas.

2 años de plazo tenía Enjoy para su proyecto, lo que fue extendido hasta el 29 de junio de 2021 por la SCJ.

En su respuesta al anuncio de la Superintendencia de Casinos, Enjoy consideró como "grave y arbitraria la desobediencia de la Dirección de Obras Municipales", a la que sindican de "dilatar excesivamente los plazos de tramitación y vulnerar abiertamente las normas de urbanismo y construcción" y que "llegó incluso a desatender los reiterados requerimientos que le hizo la propia Superintendencia de Casinos, por lo que al final los hechos se están investigando en la Contraloría para determinar responsabilidades y sanciones".

Consultado al respecto, el alcalde Gárate expuso que conforme a los antecedentes que conoce, "en el proceso de licitación se generó un informe de evaluación del anteproyecto por parte del municipio, en base a la propuesta elaborada por la empresa. Sin embargo, de eso al cumplimiento normativo hay una distancia, sobre la que era necesario establecer ciertas modificaciones al proyecto que no habían sido incorporadas. Por lo tanto, me parece que en el proceso se debe establecer si es que hubo algún tipo de incumplimiento normativo o algún error procedimental para responder a los alegatos de la empresa".