Autoridades judiciales informaron en la última jornada que 62 personas han sido juzgadas hasta el momento en Cuba por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio, mientras se desconoce aún la cifra oficial de detenidos.

El delito predominante, imputado a 53 de los procesados, fue desorden público, aunque también se les imputaron otros como desacato, resistencia, instigación a delinquir y daños, declaró el magistrado del Tribunal Supremo Popular, Joselín Sánchez, al diario estatal Granma.

Las penas para esos delitos van de tres meses a un año de prisión o multas de hasta 300 cuotas o ambas, según el Código Penal cubano (cada cuota es mayor a un peso cubano e inferior a 50). El juez indicó que 22 de los 62 procesados asistieron al juicio oral con abogados, 45 presentaron recurso de apelación y solo uno quedó absuelto.

Sobre las quejas por excesos cometidos por los agentes del orden contra los manifestantes detenidos, aseguró que "no han sido representativas dentro de las reclamaciones".

Además, dijo que los procedimientos se llevaron a cabo "con apego a la legalidad y respeto al debido proceso y a todas las garantías previstas en la legislación cubana; en particular el derecho a la práctica de pruebas y la obligación de demostrar la responsabilidad de los acusados en los hechos que se les imputan", aseveró.

Totalmente contrario a las denuncias que se han hecho públicas a través de organizaciones de derechos humanos, Sánchez dijo que "el tribunal dio todas las facilidades para que a los acusados que tuvieron la intención de nombrar abogado, se les garantizara ese derecho".

También comentó que se le revocó la libertad condicional a 21 sancionados "que participaron en los hechos e incumplieron con sus obligaciones impuestas por la ley".

Por su parte, Dixán Fuentes Guzmán, fiscal jefe de la Dirección de Atención a los Ciudadanos, declaró al mismo diario estatal que "en relación con los hechos desestabilizadores" ocurridos en julio, el organismo recibió solo 47 denuncias, "lo que, estadísticamente desmiente las campañas que hablan de quebrantamientos desproporcionados de la legalidad y listas de supuestos desaparecidos".

Aún sin cifra oficial

Durante y después de las protestas del 11 de julio, que incluyeron desde manifestaciones pacíficas hasta enfrentamientos con la policía y saqueos en algunas localidades, se produjo una ola de detenciones contra los participantes y supuestos instigadores, entre ellos ciudadanos, artistas, activistas opositores y periodistas independientes.

El Gobierno no ha ofrecido datos oficiales sobre el total de detenidos y se desconoce cuántos hay, aunque algunas organizaciones hicieron sus propios estudios, entre ellos la Cubalex, cuyo recuento fue respaldado por Amnistía Internacional, que cifró los arrestos vinculados a las manifestaciones en 537.

"Se desconoce el paradero de muchos detenidos. En muchos casos, el régimen detuvo a activistas y periodistas reconocidos con el aparente propósito de impedir que participen en las manifestaciones o que reporten sobre estas", denunció a fines de julio el director regional de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Estas organizaciones denunciaron graves incumplimientos de la legalidad por parte de la justicia cubana, desde ignorar el derecho de habeas corpus de los procesados hasta juicios sin abogado defensor y condenas de cárcel sin pruebas concluyentes.

Vivanco ha publicado durante semanas múltiples casos de detenidos donde incluso denuncia maltratos.

Las manifestaciones se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad. Las autoridades de la isla insisten en culpar a Estados Unidos tanto de las protestas como de la escasez que sufre el país.

11 de julio fue el día clave del último tiempo en el panorama político de Cuba, con múltiples protestas.

537 detenidos cifró, por su parte, la organización Cubalex, con el respaldo de Amnistía Internacional.

Centenares de personas marcharon ayer por el Malecón de La Habana para mostrar su apoyo al Gobierno cubano en un momento de creciente disenso político, crisis económica, extrema escasez y un alarmante auge de covid-19. La caravana se realizó en el aniversario del Maleconazo del 5 de agosto de 1994, cuando cientos de personas descontentas salieron a las calles de La Habana a protestar y Fidel Castro, entonces líder del régimen en la isla, se presentó para dialogar con algunos de ellos frente al conocido hotel Deauville, lo que calmó la situación. La marcha de ayer se detuvo unos minutos frente a ese hotel, donde luce un enorme retrato de Castro.

El Gobierno de Argentina informó ayer que desde mañana permitirá el ingreso al país de extranjeros que sean familiares directos de argentinos o residentes y que puedan acreditar tal circunstancia, en medio de las restricciones que rigen para frenar el avance de la pandemia.

La medida entrará en vigencia este sábado y los interesados deberán concretar el trámite ante la empresa transportadora correspondiente, para lo que tendrán que presentar el certificado de nacimiento, matrimonio o de convivencia que compruebe el vínculo directo con el ciudadano argentino.

También deberán contar con un PCR negativo en el lugar de origen 72 horas antes del abordaje y contratar seguro médico covid-19. Al llegar, se realizarán test de antígenos, que de resultar negativo les permitirá completar el aislamiento obligatorio según lo determine la jurisdicción donde fije domicilio, y 7 días después del arribo deberán realizar un nuevo PCR.

Estas llegadas solo se podrán realizar por los corredores habilitados: Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto de San Fernando, Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Puerto de Buenos Aires.

Para frenar la llegada de la variante delta de covid-19, Argentina mantiene diversas restricciones en la llegada de personas al país, entre ellas un permiso de entrada solo para 1.000 pasajeros por día, siempre que sean nacionales o extranjeros con residencia.

La titular de Migraciones, Florencia Carignano, destacó que esta reunificación familiar es posible gracias a la vacunación y al aumento en el cumplimiento de la cuarentena.

"Tuvimos que tomar medidas porque el nivel de incumplimiento de la cuarentena de quienes ingresaban al país llegaba al 40% y nos ponía en riesgo a todos. Gracias a las constataciones presenciales de domicilio logramos bajar esa cifra al 10%", aseguró.

"En estas semanas que ganamos al ingreso de la variante delta logramos avanzar en la aplicación de 12 millones de vacunas más. Es por esto que hoy podemos, de forma gradual, empezar a flexibilizar algunas medias", destacó.

33,34 millones de dosis contra covid-19 ha aplicado Argentina, con 4,9 millones de casos y más de 106.000 muertes.