La Corte de Apelaciones de Puerto Montt declaró inadmisible el recurso de protección interpuesto por una mujer que se molestó porque no la dejaron ingresar al restaurante "Tablón del Ancla", por no portar el pase de movilidad que entrega el Ministerio de Salud a quienes han completado su esquema de vacunación contra el covid-19.

El incidente fue grabado por la denunciante con su teléfono celular y lo expuso en Internet, lo que causó reacciones de la comunidad. La mayoría de los comentarios eran de apoyo a la medida dispuesta en ese restaurante.

Tal como lo anunció en el video, Ana María Rojas recurrió de protección ante la Corte de Apelaciones, contra el ministro de Salud, Enrique Paris, siendo asesorada por el abogado René Fuchslocher.

En el documento de 35 páginas, Fuchslocher planteó -en una de sus partes- que "resulta evidente que la autoridad sanitaria intenta establecer como política publica un pase de movilidad para presionar o inducir a las personas a que se vacunen, estableciendo para ello ciertos beneficios en su libertad de desplazamiento en desmedro de otros que no optaron por vacunarse".

Agregó que "sin embargo esta diferencia de trato entre unos y otros, no tiene una justificación razonable y objetiva con base científica consolidada aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

Pese a ello, el tribunal de alzada declaró inadmisible el requerimiento, al argumentar que "el acto denunciado excede de las materias que son de conocimiento del recurso de protección".

De acuerdo a la Corte, esta no es la vía idónea para le recurrente, "por cuanto solicita dejar sin efecto para sí y para "todas las personas que acrediten estar sanas o ser seropositivas al SARS-CoV-2" la resolución exenta 644 de fecha 14 de julio de 2021 dictada por la cartera del Ministerio de Salud y en la que establece un pase de movilidad, lo que corresponde a medidas adoptadas por la autoridad recurrida para hacer frente a la pandemia que aqueja al país y se enmarca en políticas públicas, gestión que es privativa del Poder Ejecutivo a través de los ministerios respectivos, no correspondiendo a los tribunales de Justicia su determinación".

Redacción

En una carta dirigida a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de la Región de Los Lagos, el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, denunció la ejecución de trabajos de modificación del cauce, rellenos y otros, en terrenos emplazados parcialmente en la Zona Típica de Puerto Varas, particularmente en la Quebrada de Gramado.

En la misiva, Gárate solicitó el diagnóstico por parte de la entidad gubernamental, junto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Los Lagos, por la afectación del paisaje, que -según afirma- cambia por completo el carácter ambiental y propio de la zona protegida.

Zona típica

El jefe comunal puntualizó que "al asumir la administración nos encontramos como equipo con una situación en curso, en la que se estaban realizando obras emplazadas en el sector aledaño a la Zona Típica de nuestra ciudad".

En ese contexto, recordó Gárate, "procedimos rápidamente a levantar los antecedentes del hecho, reuniéndonos con el Comité Ambiental Comunal, el Cosoc, Monumentos Nacionales, el dueño del terreno, entre otros, para comprender los antecedentes del caso y ver cómo afectaba el proyecto a la Zona Típica".

A partir de la información recopilada, agregó, la administración municipal evaluó con las unidades pertinentes las atribuciones y mecanismos que disponían "para actuar en consecuencia a los compromisos con la comunidad y las convicciones de la misma autoridad comunal, en orden al cuidado del medio ambiente, asumiendo un rol activo en su protección y conservación".

"En virtud de aquello, es que se decidió ingresar la denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente", enfatizó el alcalde.

Gárate especificó que "creemos fielmente que estos son temas que trascienden a nuestra comuna y nuestra administración, que responden a necesidades globales cada vez más evidentes, en las que tanto la autoridad como las fuerzas vivas deben trabajar y colaborar con miras a hacer de nuestras comunas, ciudades y país, espacios sostenibles y sustentables para sus habitantes, las generaciones futuras y todas las formas de vida", subrayó.

Taludes y cauces

El Comité Ambiental Comunal (CAC) Puerto Varas ya había advertido en mayo, sobre la intervención de la Quebrada Gramado, "a pesar de que se encuentra en proceso de declaratoria como Humedal Urbano".

En un comunicado público, el CAC sostuvo entonces que "es alarmante el desmantelamiento completo de flora, fauna, suelo fértil y la modificación de taludes y cauce que se realizó estos días en la Quebrada de Gramado, en la parte vecina al Centro de Arte Molino Machmar de Puerto Varas, lo que afecta seriamente las funciones hidrológicas y ecosistémicas que ésta provee".

Asimismo, plantearon que "como Comité Ambiental Comunal de Puerto Varas, hacemos un llamado a detener hoy la destrucción de quebradas y humedales", así como "a reparar el daño ocasionado".

En su cuenta de Facebook el CAC admitió más tarde que "a pesar de las denuncias, a pesar de la notificación al dueño y oficios a las instituciones (...), seguimos viendo día a día cómo sigue la destrucción de esta importante quebrada. ¿Dónde está fallando el sistema? ¿Por qué sigue el entubamiento? ¿Quién fiscaliza y multa? ¿O quedará todo en papeles? ¿Llegaremos a tiempo?".

"A pesar de las denuncias, a pesar de la notificación al dueño y oficios a las instituciones (...), seguimos viendo cómo sigue la destrucción de esta importante quebrada"

Comité Comunal Ambiental, Puerto Varas.

Un llamado a no caer en la irregularidad que implica la compra de una "propiedad" en campamentos de Puerto Montt, realizó el director regional del Serviu, Fernando Gunckel, tras la publicación de diversas ofertas de este tipo en portales de internet.

En dichas publicaciones, se ofrece la venta de mediaguas o terrenos ubicados en campamentos, específicamente en las laderas Angelmó, Lintz y MacIver, con valores cercanos a los 3 millones y medio de pesos por una construcción precaria, con conexión irregular al tendido eléctrico y sin servicios básicos de alcantarillado ni agua potable.

Aunque Gunckel reconoce que se trata de una transacción entre privados, comprometen un traspaso ficticio de derechos sobre una propiedad que no es tal, en circunstancias que los terrenos donde se emplazan los campamentos pertenecen a particulares o a entidades públicas.

El director regional del Serviu advirtió que "lo más riesgoso es que (esas construcciones) están ubicadas en zonas de peligro de derrumbe o deslizamientos de terreno, configurando asentamientos cuyos accesos son muy difíciles y representan un enorme riesgo en caso de emergencias, como incendios. Ya hemos tenido experiencias muy dolorosas en el pasado, con personas fallecidas y lesionadas", añadió.

Erradicación

De acuerdo a Gunckel, este tipo de acciones dificulta el trabajo para erradicar a familias de campamentos que se ubican en terrenos de riesgo. "El Minvu trabaja hace muchos años con familias de campamentos de laderas, para que abandonen estos lugares, por su seguridad. En este trabajo de largo plazo, además de otorgar subsidios habitacionales, se ha trabajado en el desarrollo de proyectos para estas familias, en la vinculación a comités de vivienda, en el acompañamiento de familias más vulnerables, para acceder a una casa definitiva. Incluso hemos otorgado subsidios de arriendo y de gastos de traslado transitorio, para que abandonen más rápido las laderas, con el compromiso ante notario de desarmar sus viviendas".

No obstante, agregó, "nos encontramos cada cierto tiempo con este tipo de ofertas que obstaculizan nuestra labor y la de otros organismos con los que compartimos la tarea de entregar mejor calidad de vida a las familias que realmente lo necesitan", afirmó.

Desde 2015 a la fecha, 56 familias de las laderas Angelmó, Lintz y MacIver han sido favorecidas con la entrega de subsidios individuales para compra de vivienda y han abandonado los campamentos, a las que se suman actualmente cinco familias que serán erradicadas al proyecto Vista Cordillera, en etapa de ejecución, y otras seis que cuentan con subsidio de arriendo vigente.