financiamiento pueda resolver rápidamente cómo se van a tratar estos problemas. Esto porque la plata que se está gastando en la alimentación y en otras cosas es del Gobierno y no de la Convención.

-Las colaciones las cubren con plata del bolsillo de cada constituyente...

-Sí. De hecho, nunca nos han dado. A veces han proporcionado pan a esa hora, pero no un almuerzo propiamente tal.

-¿Es una de las demandas que se tienen que mejorar con urgencia?

-Daniel Stingo se refería a que hay muchos convencionales, lo que no es mi caso, a los que se les ha hecho complejo financiar sus propias cosas y por ello es necesario que se faciliten las condiciones como para que puedan almorzar. Además, se producen diferencias, porque los que viven en Santiago tienen mayores posibilidades de llevar alimentos desde sus casas; pero quienes somos de regiones tenemos la dificultad al no tener dicha opción.

-¿Cree que todos estos conflictos dañan la imagen de la Convención ante la gente?

-Sí, claro; por eso es importante que tratemos de avanzar y de colaborar en el proceso y ocupar menos energías en pelear.

-¿Esperaba un inicio con todas estas situaciones?

-Viendo otros procesos constituyentes, como el de Sudáfrica, por ejemplo, es habitual que los primeros días cueste partir dada la ausencia de normas o de un reglamento básico de funcionamiento. Sin embargo, no esperaba que el Gobierno no tuviera listas las condiciones físicas, porque el primer día no estaban funcionando los micrófonos ni las conexiones entre las salas, ni tampoco las condiciones sanitarias. No había alcohol gel en los dispensadores.

-¿Cómo evalúa el avance del reglamento que les permitirá operar?

-Ha ido avanzando en las normas básicas de funcionamiento y dentro de ellas se estableció una comisión de reglamento, que ya comenzó a sesionar y que estará a cargo de elaborar, en un período de un mes, una propuesta para funcionar.

"Estoy conforme"

-Una de las críticas a la Convención es que han tratado temas que no le corresponden, como el indulto a los presos del estallido...

-Fue una discusión larga, donde hubo distintas posiciones, pero luego de un día se logró llegar a un acuerdo amplio donde casi un 70% de los constituyentes apoyaron a la Convención; pero eso ya quedó en el pasado y hoy estamos hablando de los temas que tienen que ver con la Convención Constitucional.

-¿Qué análisis realiza considerando la polémica que generó esta declaración?

-Yo estoy conforme con la declaración que salió. Sin embargo, ahora la Convención tiene que estar centrada en los temas de fondo y de forma para que de esta manera podamos construir una Constitución al nivel de lo que Chile requiere. Pero ello no sólo depende de nosotros, sino que también de las personas y de los medios de comunicación.

-¿Y como se logra centrar la atención en la redacción de la nueva Carta Magna si ya elaboraron una declaración que tiene un sentido más bien judicial?

-Esa declaración establece explícitamente que no le corresponde a la Convención intervenir en otros poderes del Estado. Sin embargo, manifiesta una preocupación por cómo han sido manejados los presos en el contexto de las manifestaciones. Es una declaración política, que ocupó un día y que ya fue cerrada.

-Pero formuló una opinión referida a otro poder del Estado...

-Este movimiento social, que nace en el contexto de una crisis política, económica y social, es la que gatilla la conformación del proceso constituyente. Es algo que está intimamente relacionado y en consecuencia, me parece que es razonable que exista un pronunciamiento, que espero que sea único para que no sigamos refiriéndonos a la contingencia.

-Más ahora que vienen las elecciones, la presidencial y la parlamentaria...

-Ese es otro problema también, porque dentro de la Convención, si bien dos tercios de sus integrantes somos independientes, existe un grupo importante que representa a los partidos políticos que participan de las elecciones presidenciales, y por eso es un riesgo que la discusión presidencial permee hacia la constitucional. Por lo mismo, espero que podamos mantener separadas las aguas, porque el proyecto de la Carta Magna es de largo plazo y va más allá de uno, dos cinco gobiernos.

-¿Podría quedar establecido en el reglamento de funcionamiento que ningún integrante de la Convención intervenga en el proceso electoral que se aproxima?

-Efectivamente, puede quedar sancionado en el reglamento y también se puede discutir en la comisión de ética. Sin embargo, aunque quede sancionado y los convencionales cumplan, igualmente existe el riesgo o la amenaza de que existan influencias en las expresiones de los constituyentes como consecuencia de que la opinión pública estará concentrada en las discusiones políticas de los candidatos presidenciales.

-¿Qué le parece que ya se esté hablando de que ustedes serían el cuarto poder del Estado?

-No comparto esa expresión y creo que queda muy claro en la carta cuando explícitamente se establece que la Convención no puede interferir en los otros poderes.

-El oficialismo es minoría en la Convención. Sin embargo, apuestan a no quedar afuera del debate de los temas relevantes y a que podrán formar alianzas temáticas. ¿Cuál es su postura?

-Hay temáticas que son transversales a todos los partidos políticos y por eso espero que cuando estemos hablando de medio ambiente no existan diferencias y todos apoyen las propuestas de mejoras a su protección, y que la derecha, que se ha opuesto a cambiar el cómo entendemos el manejo del agua, esté abierta a discutir el garantizar este recurso como un bien nacional de uso público y que no sea tratado, a nivel constitucional, desde la propiedad privada, como ocurre en la actualidad. Hay problemas que vamos a discutir y que van más allá de las divisiones políticas. Por eso abogo para que se generen las alianzas temáticas.

Sistema único

-La salud es una de las temáticas más recurrentes en la agenda de los constituyentes. Usted es médico y está radicado en una zona aislada. ¿Tiene alguna propuesta al respecto?

-Es uno de los temas que me interesa mucho, porque tiene que ver con mi formación de pre y postgrado. Por lo demás, uno ve que es una de las demandas ciudadanas desde el comienzo de este movimiento y de la crisis social, lo mismo que las pensiones. En ese sentido, el lograr garantizar la salud como un derecho social es fundamental y quiero poder convocar a la mayor cantidad de personas posibles con la finalidad de que no sólo se pueda garantizar esto, sino que también establecerlo en rango constitucional. Soy partidario de la existencia de un sistema público que garantice la atención de todas las personas, independiente del nivel de ingresos que tengan y que las prestaciones se puedan realizar de acuerdo a la necesidad que exista y no acorde a la capacidad de pago.

-Un sistema público más robusto que el actual...

-Uno que primero incorpore una reforma al financiamiento, ya que hoy día las cotizaciones de quienes tienen más recursos y menos enfermedades se van al sector privado y las de quienes tienen menos y más se enferman, se van a un seguro público, como Fonasa. La idea es que todas las cotizaciones puedan juntarse en un mismo fondo, como ocurre en países de izquierda y de derecha en gran parte del mundo desarrollado, como Inglaterra, Canadá y Japón.

Esto permitirá financiar un sistema único, en el que todas las personas puedan recibir atención según la prioridad sanitaria y no la capacidad de pago.

-¿Esto significaría eliminar el sistema privado?

-No creo que sea bueno eliminarlo. Debe seguir existiendo, pero debe funcionar con la lógica privada. Es decir, con seguros; pero que la cotización obligatoria se tribute en un sistema único. Y si alguien, por razones legítimas, quiere atenderse en el sector privado, podrá contratar un seguro. Pero reitero, las cotizaciones obligatorias deben manejarse con una lógica de seguridad social y eso implica incorporar la solidaridad, que me gustaría que quede garantizada en términos constitucionales.

-¿Obligarlos a cotizar en un sólo sistema no iría contra la libertad para elegir el sistema que más acomoda?

-Las personas tienen la libertad de ir y de atenderse donde quieran y de contratar seguros privados también. Pero la seguridad social, como funciona en gran parte del mundo desarrollado, tiene que incorporar la solidaridad, lo que significa que las cotizaciones de quienes tienen menos riesgo de enfermar ayuden a financiar las prestaciones de quienes están actualmente enfermos.

-¿Algo similar se plantea para las AFP?

-Con las AFP existe un problema de que cada vez hay una mayor proporción de adultos mayores. El cambio demográfico en Chile tiene una tendencia al envejecimiento y esto hace que un sistema cien por ciento solidario tenga la dificultad de presentar problemas en la medida de que exista más población envejecida. Hay que pensar en alternativas, como la solidaridad intrageneracional.

Es decir, que exista la solidaridad para las personas que pertenecen a un mismo rango etario y no con las de otra generación, ya que ello permitirá que el sistema no se vea afectado por el envejecimiento. El detalle será materia de ley.

" Esa declaración establece explícitamente que no le corresponde a la Convención intervenir en otros poderes del Estado"