"El hecho de la agresión sexual debería ser investigada con igual celo que la muerte del señor (Richard) Barría", dijo en diálogo con El Llanquihue, el abogado Sergio Díaz, defensor del único imputado del homicidio del concejal electo de Llanquihue, cuyos restos fueron encontrados en su domicilio, el martes pasado.

El concejal electo evidenciaba alrededor de 15 puñaladas en diferentes partes de su cuerpo, ocasionadas con un cuchillo de menor tamaño que estaba en la cocina de la casa.

En menos de 24 horas, Carabineros de la Sección del OS9 levantó un cerco policial sobre el imputado, quien decidió entregarse acompañado de su abogado.

Fue el defensor privado Sergio Díaz quien ratificó que el joven de 18 años fue víctima de una agresión sexual.

"Hay una metodología de trabajo y se funda en la declaración y antecedente que nos ha dado el imputado y que se relaciona a la existencia de una agresión sexual de la cual fue víctima y previo a los hechos que desencadenaron la muerte del señor (Richard) Barría", explicó el abogado.

Consecuencias

El abogado proveniente de Temuco, añadió que la declaración de su cliente tuvo como objetivo colaborar con la investigación desde el momento que tomó conocimiento de la muerte de Barría. "Esa fue su intención principal. Por ese motivo se me contactó para los efectos que estuviese bien asesorado al momento de tomar contacto con la policía, como con la Fiscalía".

Reveló que su defendido "ha tomado el peso a las consecuencias de lo que aconteció el domingo, pero esas consecuencias -que evidentemente son lamentables del señor Barría a nosotros- nos parece que no son aisladas y deben ser entendidas en un contexto y que hemos tratado que se investigue; una agresión sexual tiene una relevancia importante, debe ser indagada y confirmada. Si hubiese antecedentes que pudiesen extender está indagatoria a otras personas, es decisión del Ministerio Público", resaltó.

Para el defensor, los delitos sexuales no dejan huella física, "salvo que sean violentos. Sobre todo en materia de abuso sexual, es normal que no dejen huella física, pero si sicológica".

Detalló que existen diligencias pendientes encaminadas a ello. "Hay una huella sicológica evidente y es difícil transmitir a la opinión pública cómo es que él se siente con la agresión de la que fue víctima. Veremos los resultados de estas diligencias, pero la agresión dejó en él una huella sicológica relevante", remarcó.

Rigurosidad

Durante a jornada de ayer, y mientras se realizaba el funeral del concejal Barría, su familia emitió una declaración pública que subieron a plataformas de redes sociales.

"Queremos solicitar a la opinión pública y especialmente a los medios de comunicación, evitar tanta especulación que circula en redes sociales y prensa nacional, instando a los profesionales de las comunicaciones a recurrir a fuentes oficiales de información y mantener la objetividad en un caso que nos afecta profundamente como familia", señalan.

En la misiva solicitaron respeto "hacia sus hijos, madre, hermana, sobrinos, familiares y amigos que sufren tan irreparable pérdida. Ante un crimen de esta naturaleza, queremos dejar en manos de la justicia y de las secciones investigativas a cargo de las pericias, que hagan su trabajo con la rigurosidad y pulcritud necesaria para esclarecer la verdad, donde sean indagadas todas las aristas necesarias para llegar hasta las últimas consecuencias y que quienes resulten responsables de este macabro hecho, reciban la condena ejemplar que tanto anhelamos".

Para la familia de Richard Barría se debe dejar que la justicia haga su trabajo, porque ya está detenido el imputado.

Otro punto importante en el documento público se refiere al tema político.

"Queremos dejar en claro, que no descartamos ninguna arista investigativa en la causa, y que nuestra intención como familia jamás ha sido responsabilizar a algún miembro del poder político de este macabro hecho, dejando en manos de las instituciones, que se imparta la justicia tan necesaria para encontrar la paz y tranquilidad para seguir adelante".

Detención

Durante la tarde de ayer, en el Juzgado de Garantía de Puerto Varas, se llevó a cabo la audiencia de control de la detención del imputado.

En la audiencia virtual, la magistrada Paulina Tapia, prohibió el ingreso de los medios de comunicación.

"Se amplió la detención por el máximo legal de tres días, y se decretó el resguardo de la causa a solicitud de todos los intervinientes"

Paulina Tapia,, jueza de Garantía, de Puerto Varas.