Durante las últimas dos décadas el Día del Patrimonio Cultural había sido celebrado con especial interés por las familias, y sobre todo por los niños, que tenían la oportunidad de recorrer en plenitud y gozar con la estética y lo que guardan edificios estatales, museos, bibliotecas y otras dependencias. Con el paso de los años, se fue agregando un significado más amplio, ya que era la oportunidad de reflexionar acerca de la necesidad de valorar y preservar el patrimonio del país.

Desde que fue instituido esta fecha (el 2 de mayo, pero que en esta ocasión se celebró el pasado fin de semana en todo el país), ha sido una instancia para la riqueza espiritual, considerando que parte del patrimonio nacional ha sido dañado por terremotos, incendios y otros desastres. Además, la demanda de suelo para la construcción también ha significado la destrucción de edificaciones emblemáticas, así como ha ocurrido con los tan necesarios humedales naturales.

Ciertamente, hay razones económicas que llevan a esa invasión de edificios, así como la creciente demanda de la población por disponer de un hogar. De hecho, la construcción en altura aparece como una alternativa para muchas familias. Pero pierde la historia de cada ciudad, que ve desaparecer para siempre los símbolos de lo que fue alguna vez el patrimonio. Surge así la necesidad de consolidar un orden jurídico que preserve eficazmente el patrimonio arquitectónico y cultural.

Por eso es importante tomar conciencia de lo que representa el patrimonio cultural, histórico y arquitectónico, para comprometerse en su cuidado, porque es bueno que la sociedad sea capaz de poner a buen resguardo lo que hicieron y construyeron las generaciones anteriores y que dejaron como un legado que le pertenece a todos. Pero no sólo hay que pensar en la declaración de algunas obras como monumentos nacionales, sino también es necesario resguardar las zonas típicas en las ciudades, que se constituyen en cartas de presentación para quienes van a visitarlas, sean turistas nacionales o extranjeros. El cuidado del patrimonio debiera ser una tarea que involucre a toda la sociedad.

Iniciamos dos procesos que pueden redefinir el modo en que organizamos y administramos el territorio en el país: la instalación de nuevos gobernadores regionales y la deliberación de la Convención Constituyente. El primero es resultado de un debate de varias décadas que decantó en 2018, con las leyes que crearon la figura de gobernadores regionales, pero cuya elección fue pospuesta en varias ocasiones hasta mayo de 2021. Quienes ejerzan el cargo por primera vez podrán proponer, con ciertas restricciones, un diseño institucional que quiebre la tensión entre las iniciativas presidenciales y las demandas territoriales

El segundo proceso tuvo una discusión más reciente, muy resistida por la política tradicional y que, en la forma que adoptó tras las recientes elecciones, permitiría redactar una nueva Carta Magna sin que algún sector político ejerza poder de veto.

Estos procesos no fueron pensados para ser implementados simultáneamente. Esto puede llevar a que los gobernadores regionales cumplan su rol sin tener la certeza de que generarán cambios duraderos, al mismo tiempo que puede condicionar a los constituyentes a adecuarse o a seguir los principios ya esbozados en cada región.

Pero también hay otras posibilidades. Por ejemplo, en estas elecciones vimos triunfar agendas territoriales, con candidaturas y preferencias de voto con sellos locales. Esto puede afirmar en ambos roles un sentido de descentralización y de mayor autonomía, e incluso de una nueva división territorial.

Estos procesos pueden abordar el descontento con el centralismo, especialmente en regiones con provincias que históricamente han estado al margen de las discusiones, como ocurre con Palena y Chiloé. Pero es el mismo descontento de ciudades, barrios y localidades que perciben la política como algo lejano y conflictivo. Por ello, es necesario reconocer el valor del territorio. En él encontramos las experiencias, conocimientos y expectativas que deben verse reflejados en nuestras nuevas instituciones y regiones, así como en el modo en que tomemos nuestras próximas decisiones. Esto nos demandará más participación, pero también más diálogo y curiosidad por aprender de cada persona y de cada opinión.

Álvaro Román, investigador

del Ceder de la ULagos.

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