Marcelo Galindo

Alrededor de 370 millones de pesos en especies, otros $24 millones en efectivo y camionetas de un alto valor, entre otros artículos, incautó la PDI a integrantes de una organización que se dedicaba hace más de cuatro años a la venta de salmones en estado de descomposición.

Uno de los procedimientos de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Puerto Montt se cumplió en Angelmó.

La investigación comenzó en octubre del año pasado, encabezada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Puerto Montt, por delitos contra la salud pública, asociación ilícita y lavado de activos.

Hubo 22 personas detenidas, entre ellas 16 hombres y seis mujeres, y dos adolescentes de 17 años.

Ayer, el fiscal jefe de la Sacfi, Marcello Sambuceti, estuvo en la audiencia virtual de control de la detención de los 22 imputados, en la que solicitó una ampliación por 48 horas, que fue aprobada por el Juzgado de Garantía, por lo que la formalización de cargos se contempla para este viernes.

Blanqueo

La fiscal regional Carmen Gloria Wittwer, dio cuenta de siete delitos, imputados a los integrantes de esta banda.

Se trata del lavado de activos, asociación ilícita, hurto, robo en bienes nacionales de uso público, receptación, delito contra la salud pública y delito tributario (no facturaban y menos emitían boletas).

De acuerdo a Wittwer, hay más de 60 cuentas bancarias incautadas "para que no hagan movimientos con este dinero".

Según la persecutora, es toda una organización "donde hay un líder que coordinaba y mandaba a ejecutar toda la labor de sustracción y posteriormente el blanqueo del dinero que se obtenía".

Anticipó que formalizarán investigación por el delito contemplado en el artículo 315 del Código Penal, "porque estimamos que poner a la venta estos productos, que no eran aptos por el consumo humano, pone en riesgo a la población".

Normativas

Marcela Cárdenas, jefa del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud, es coincidente con la fiscal regional, porque su consumo "es un riesgo tremendo para la salud de las personas y la salud publica", replicó.

Cárdenas explicó que hay una serie de normativas aplicables a la venta de alimentos. "Este producto está envasado al vacío, pero no cuenta con etiqueta. Eso es lo que quiero transmitir: existe un etiquetado sanitario y es algo básico que todos los consumidores tienen que tener claro", remarcó Cárdenas.

El prefecto inspector Gastón Herrera, jefe regional de la PDI, informó que seis de los imputados registran antecedentes penales.

Explicó que el salmón "de mortandad" que era extraído a camiones que los transportaban para hacer harina de pescado, era procesado con químicos e incluso cloro, para evitar el mal olor.

Ese producto en mal estado era vendido en Puerto Montt, en Angelmó y en Concepción.

"Se incautaron más de 370 millones de pesos en especies y alrededor de 24 millones en dinero en efectivo; es decir, se trata de una organización que se enriqueció durante bastante tiempo. Es un hecho que venía ocurriendo por lo menos hace cuatro años", especificó.

El intendente Carlos Geisse, dijo que se trata de salmones putrefactos. "No se piensa en la salud de las personas, sino que sólo en el beneficio personal. Nos alegramos del éxito de esta operación lo que es un llamado de alerta", observó.

370 millones de pesos en especies logró decomisar la PDI en el procedimiento que duró varios días.

60 cuentas bancarias incautó el Ministerio Público, con lo que se evitó la utilización de ese dinero.

Debido a la falta de avances para resolver los problemas que han detectado con la implementación de la nueva ficha clínica electrónica Titán, que comenzó su funcionamiento la semana pasada en las provincias de Llanquihue y Palena, los gremios de la salud primaria dieron comienzo a una paralización de "brazos caídos".

Cristina Elgueta, representante de esas agrupaciones de funcionarios, dijo que "nos reunimos con el alcalde (Gervoy Paredes) para analizar el funcionamiento del Sistema Titán. Llevamos dos semanas, en las que nos dan plazos y más plazos para tener bien implementada la ficha y no ha pasado nada, estamos en las mismas condiciones".

La dirigenta expuso que ante esa situación resolvieron movilizarse de "brazos caídos" en algunas atenciones "que no dan las seguridades para que nosotros podamos ejecutarlas".

La profesional sostuvo que han registrado un ciento por ciento de adhesión a la protesta, en la que han previsto turnos éticos, principalmente para casos de urgencia. "No vamos a desproveer a la población de atenciones, porque no es una movilización en contra de la gente, es para poder darles una mejor atención y de una vez por todas podamos tener una ficha clínica, para dar una atención como corresponde", manifestó.

Este sistema fue adjudicado en febrero pasado por el Servicio de Salud del Reloncaví a la Empresa Sistemas Expertos, pero los trabajadores de la atención primaria han revelado que presenta falencias, que han motivado incluso volver a utilizar las fichas en papel.

Sin respuesta

El alcalde Paredes acusó que "hemos mandado cartas y oficios al Ministerio de Salud, Superintendencia (de Salud) y tampoco hemos tenido respuesta". Consideró que "se está experimentando acá con un sistema informático que no ha dado el ancho".

Además, justificó la movilización "porque no se puede atender pacientes por el desastre de este programa Titán. Ellos son los más golpeados, más nuestros funcionarios y las personas que atienden en cada Centro de Salud Familiar (Cesfam)".

Más de mil 150 millones de pesos se distribuyeron entre las nueve comunas de la Provincia de Llanquihue, como parte del Tercer Fondo Solidario Municipal dispuesto por el Gobierno, que tiene como objetivo mitigar los gastos extraordinarios en los que incurren los municipios producto de la pandemia del covid-19.

Las 30 comunas de la región recibirán $2.358 millones.

Según la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), la definición de los montos se hizo considerando la cantidad de habitantes y la situación de vulnerabilidad del territorio, de acuerdo al Registro Social de Hogares.

"Entendemos que existen situaciones comunitarias que deben resolverse a través de los municipios, apoyando a quienes se han visto considerablemente afectados desde el punto de vista económico y social por esta pandemia. Con estos fondos se cubre áreas de ayuda social y sanitización, entre otros", dijo Leticia Oyarce, gobernadora de Llanquihue.

El jefe regional de la Subdere, Pablo Hernández, añadió que con estos recursos los municipios podrán ir en ayuda "de las familias de menos recursos, comprando medicamentos, pagos de servicios básicos, funerarios , arriendo entre otros. Los aportes a los que pueden destinar este dinero varían según las necesidades que los alcaldes detecten en sus propias comunidades", especificó.

En el caso de Puerto Montt el municipio recibirá 679 millones 187 mil pesos.