Efe

Colombia sigue en mitad de la crisis desencadenada por más de dos semanas de protestas, mientras el Gobierno trata de ceder en algunas de las demandas para apaciguar el descontento social que vive el país e insiste en invitar a una mesa de diálogo a los convocantes del paro nacional.

La jornada, que transcurrió tranquila sin apenas concentraciones o marchas en las ciudades colombianas por primera vez en 16 días, la abrió la confirmación de la renuncia de la canciller Claudia Blum, la segunda ministra que se baja del carro del Gobierno.

Dos ministros menos

Así, tras varios días de especulaciones y sin dar ninguna razón por la decisión, la canciller se suma al ya exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, artífice de la reforma fiscal que sacó a decenas de miles de personas a la calle el 28 de abril.

La de Carrasquilla fue "una concesión clara a la calle junto con el abandono de esta reforma", explicó a Efe el profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, Yann Basset.

La de la canciller también tiene que ver con las protestas, apuntó, ya que no ha sabido mediar entre las críticas que le han llegado en los últimos días a Colombia, sobre todo por parte de la ONU, por la gestión de las protestas y del uso desmedido de la fuerza por parte de la policía.

Además, "se habla posiblemente también de otros cambios que podrían venir en el futuro cercano" en la administración de Duque.

Aunque desde Presidencia no confirmaron ni relevo ni razones de la salida de Blum, que reemplazó en noviembre de 2019 en el cargo al ministro Carlos Holmes Trujilo, fallecido el pasado enero, puede que este sea un gesto más hacia los protestantes que piden, en última instancia, la cabeza de Duque.

Diálogo urgente

Las protestas, que comenzaron el 28 de abril contra la ya extinta reforma fiscal y se han cobrado 42 víctimas mortales (41 civiles y un policía), según lo reportado a la Defensoría del Pueblo, han derivado en un sinfín de peticiones que se podrían resumir en el descontento por las políticas neoliberales del Gobierno y la brutalidad policial con la que ha actuado las fuerzas de seguridad.

El Comité Nacional del Paro, formado por sindicatos y organizaciones que convocaron las primeras protestas, llevó el lunes al Gobierno una serie de exigencias que incluyen el retiro del proyecto de la reforma a la salud, que contempla privatizaciones, y fortalecimiento de una masiva vacunación, renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual y defensa de la producción nacional.

"Estamos listos para sentarnos a negociar", estimó ayer el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, mediador por parte del Gobierno para el diálogo, quien urgió al Comité a dar "una respuesta inmediata".

"El Gobierno desde hace ocho días ha venido mostrando no solamente una voluntad de sentarse a negociar, sino que ha dado muestras claras de su transparencia, de su compromiso por este proceso y lo más importante es que en este momento y en este instante necesitamos una respuesta del Comité Nacional de Paro", alegó Ceballos, usando la palabra que quieren escuchar los sindicatos: negociación.

Sin embargo, en las calles, tomadas sobre todo por gente joven de barrios de estratos bajos y medios, dudan de la relevancia del Comité Nacional del Paro como interlocutor.

Por eso, el Gobierno también ha intentado otras formas, como reuniones con jóvenes o anunciar la gratuidad para el segundo semestre de 2021 de la matrícula para las universidades públicas e institutos de educación superior a quienes proceden los barrios más pobres.

Los alumnos han vuelto a las aulas en alrededor del 70% de los países que integran la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), después de que las clases presenciales fueran suspendidas por la pandemia, pero en algunos es necesario seguir avanzado para recuperar la normalidad en la educación.

Esta fue una de las reflexiones durante el coloquio celebrado este martes en Madrid sobre "Oportunidades para la cooperación educativa en Iberoamérica", en el que participaron el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero; la ministra española de Educación, Isabel Celaá; y la presidenta de la Agencia Efe, Gabriela Cañas.

Jabonero comentó que de una forma y otra los alumnos han podido retomar la educación presencial en el 70% de los 23 países que integran la organización, aunque en algunos aún no se ha avanzado como sería deseable. También defendió la "bondad" del regreso a las aulas como espacios seguros y sanos para ir recuperando la normalidad quebrada.

El responsable de la organización advirtió de que la brecha digital ya existía antes de la pandemia, pero se agrandó con ella en ámbitos como la educación, perjudicando especialmente en los más vulnerables, que en América Latina suelen ser personas pobres, que residen en zonas rurales o suburbios de grandes ciudades e indígenas.

Según la OEI, cerca de 180 millones de niños y jóvenes de estos países quedaron confinados en marzo del año pasado, muchos de ellos sin acceso a internet, pues unos 42 millones de hogares carecen de conectividad, lo que aumentó el riesgo de abandono escolar al no poder ni siquiera seguir clases telemáticas, estimado en alrededor de 17 millones de alumnos que podrían haber dejado sus estudios.

De ahí la necesidad, recalcó Jabonero, de "apostar por un futuro más transformador e innovador", que propicie una mayor equidad en educación, con avances en cuestiones como la digitalización, la formación profesional o la mejora de la gobernanza y la eficiencia de los sistemas educativos.

Otro de los temas de debate fue la brecha de género, pues dos de cada tres alumnos que dejan la escuela secundaria son mujeres en estos países.

La OEI la integran Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.

India no consigue doblegar la pandemia, con más de 4.000 muertes y 360.000 casos diarios, una "tragedia apocalíptica", según la oposición, enfrentada en una batalla política con el Gobierno indio por la falta de vacunas.

La curva de contagios, que comenzó su carrera ascendente a principios de marzo con unos 15.000 casos diarios y se disparó hasta principios de mayo con más de 400.000 nuevas infecciones, se situó este jueves en 362.727, un pequeño descenso desde el peak que aún no ha aliviado la situación en el país, con hospitales colapsados.

Las muertes también volvieron a superar ayer la barrera de los 4.000 fallecidos, con 4.120 nuevos decesos que elevan el total hasta los 258.317 desde el inicio de la pandemia, algo que se ha visto reflejado en crematorios desbordados con la llegada continúa de cadáveres en ambulancias y las piras ardiendo sin descanso.

Doce de los principales partidos de la oposición, entre los que se encuentran los jefes de gobierno de cuatro estados, definieron esta situación en una carta dirigida al primer ministro indio, Narendra Modi, como una "tragedia humana apocalíptica".

En la misiva, los líderes políticos reclaman al Gobierno sobre todo la "adquisición de vacunas (...) de todas las fuentes disponibles, tanto domésticas como globales", y que sean gratuitas para todos.

La campaña de vacunación lanzada en enero es vista como la única salida a esta crisis, el proceso no avanza, con solo 1,8 millones de dosis administradas durante la última jornada en este país de 1.350 millones de habitantes.

Hasta el momento, el país asiático suministró un total de 177 millones de vacunas y casi 40 millones de personas recibieron las dos dosis, una cantidad que no logra cumplir con el objetivo inicial de tener a 300 millones de personas inmunizadas antes de julio.

El Gobierno indio rechazó que sus políticas hayan llevado a una escasez de dosis y subrayó que gracias a su "nueva estrategia liberalizadora", se puede aprobar el uso de emergencia inmediato en la India de las vacunas que ya han sido aprobadas, en otros países o por la OMS.