Detectan cerca de 900 viviendas sociales mal utilizadas en la región
IRREGULARIDAD. Se trata de casas que han sido abandonadas, cedidas a otras familias o arrendadas. De ese total, al menos 300 están en sectores como Cardonal, Alerce y Mirasol en Puerto Montt.
Cerca de 900 viviendas sociales de la región, construidas mediante los subsidios habitacionales Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) y de Integración Social y Territorial (DS19), no están siendo ocupadas por sus asignatarios.
En una pesquisa llevada a cabo por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, se detectó que el mal uso se desglosa en un 40% que está deshabitada por abandono; un 30 % fue arrendada; y, otro porcentaje similar que ha sido cedida a familiares o "tomada" por desconocidos.
Para ello, se está llevando a cabo un plan de fiscalización a cargo de inspectores del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), lo que es apoyado por denuncias que han formalizado dirigentes vecinales, así como de comités de vivienda que han promovido la obtención de sus casas, pero que han comprobado que los beneficiarios no las están ocupando.
El seremi de Vivienda, Jorge Guevara, especificó que en los últimos cinco años en la región han entregado cerca de 10 mil soluciones habitacionales de esos dos programas y que han detectado 897 (9%) que fueron mal utilizadas, con cerca de 450 localizadas en la Provincia de Llanquihue.
"La mayoría de ellas están en Puerto Montt. Tenemos varios sectores, como Cardonal, Mirasol y Alerce, donde hemos identificado un número grande de viviendas desocupadas o arrendadas. En esos tres sectores, estamos hablando de unas 300 unidades", mencionó.
Por ello, agregó Guevara, en la actualidad están desplegando una intensa revisión en Cardonal y Alerce.
En el caso de la Provincia de Osorno, existen otras 200 casas sociales con uso irregular; y, en la de Chiloé, el número detectado es de 230 viviendas en esa condición.
Retiro del beneficio
El seremi de Vivienda admitió que han verificado casos de familias que no corresponden al grupo beneficiario del subsidio estatal. "Son tomas o cesiones a parientes", explicó.
Una vez verificado el mal uso, los asignatarios son notificados y tienen un plazo de 60 días para presentar una apelación, así como sus justificaciones. "Si no hay apelación o ésta es insatisfactoria, se procede con un proceso judicial, para revertir el beneficio", advirtió.
Aunque no hay multas en dinero, el infractor así como sus arrendatarios quedan imposibilitados de postular a un nuevo subsidio habitacional de ese Ministerio.
Guevara lamentó que esté sucediendo esta situación y determinó que han logrado identificar a cerca de un 8 % de las familias favorecidas que han entregado información falsa en sus postulaciones, lo que se consigue determinar mediante filtros del Registro Social de Hogares e informes sociales de familias vulnerables.
Especificó que "o mintieron en sus declaraciones o sus condiciones de vida variaron radicalmente y se cambiaron de la casa con la que fueron beneficiados".
Para el caso de los primeros, Guevara comentó que "es una pena, porque hay muchísima gente que está esperando obtener este beneficio y necesita acceder a una vivienda. Pero, la crisis económica, la crisis sanitaria, ha hecho que muchas familias se hayan quedado sin los recursos económicos para seguir viviendo en forma digna y se han tenido que ir a campamentos o como allegados donde algún familiar".
Aseveró que estas 897 viviendas podrán ser reasignadas a quienes cumplen con los requisitos y tienen urgencia de obtener su casa propia.
Programa nacional
El seremi Guevara agregó que se trata de una condición que se repite en todo en el país y que el Ministerio de Vivienda lanzó el "Plan 10.000" para recuperar esa cantidad de viviendas sociales que no han sido utilizadas para lo que fueron entregadas, tras detectar 10.712 viviendas sociales mal utilizadas en el país, lo que equivale a un 7% de los hogares entregados en los últimos cinco años.
El ministro de Vivienda, Felipe Ward, aseguró que "queremos volver a poner a disposición del Minvu la mayor cantidad de viviendas para destinarlas a familias que realmente las necesiten".
Confirmó el comienzo del plan de fiscalización, aunque observó que "no vamos a desalojar a nadie en este contexto, porque entendemos la difícil situación por la que atraviesan miles de familias en nuestro país producto de la pandemia".
Agregó que la ciudadanía puede denunciar esta irregularidad a través del portal denuncia.minvu.cl.
40 a 50 m² de las 897 casas abandonadas en la región, corresponden a la comuna de Puerto Montt.