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Ex asesor del municipio es imputado por cohecho en el caso de luces LED

INVESTIGACIÓN. Paul Pacheco fue designado por Ministerio de Energía para apoyar evaluación de millonaria licitación. Concejal dice que esa cartera pidió dejar sin efecto proceso de licitación.
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Erwin Schnaidt

A mediados de agosto de 2019, el propio alcalde Gervoy Paredes acudió a la Contraloría Regional para entregar las bases de licitación del proyecto de cambio a tecnología LED de 26.700 luminarias de Puerto Montt.

El jefe comunal destacó en esa oportunidad que las bases fueron trabajadas con el Ministerio de Energía y que acudía al órgano contralor "para que nadie tenga dudas".

Paredes esperaba que a fin de ese año o a principios de 2020 se materializaría el cambio a luces LED.

El costo de ese proceso representaba una inversión de 28 mil millones de pesos, pero el llamado a licitación pública fue retirado, después que se conoció una investigación judicial por eventuales delitos de corrupción en licitaciones para la instalación, reparación y mantención de luminarias LED en 25 municipios del país, entre los que aparece mencionado el de Puerto Montt.

En octubre de 2020, el concejal Juan Carlos Cuitiño (Ecologista-Verde) derivó a la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad -que investiga estos delitos a nivel nacional- los antecedentes de la truncada licitación de Puerto Montt, con la finalidad de determinar probables vínculos con ese escándalo.

Las sospechas del edil reflotaron durante estos últimos días, luego de conocerse que la persecutora Nayalet Mancilla formalizó por el delito de cohecho a Jean Paul Pacheco, ex funcionario del Ministerio de Energía, quien mediante su intervención habría favorecido a Itelecom en los procesos licitatorios que participaba.

Con puerto montt

En el informe derivado a la Fiscalía de Alta Complejidad, Cuitiño remarca que hubo relación entre Pacheco y el municipio puertomontino, precisamente en la elaboración de las bases de licitación.

"Hay una vinculación presencial en Puerto Montt por parte de él, por cuanto tuvo reuniones con algunos funcionarios. También hay correos electrónicos en los que él genera el feedback de su trabajo", especificó el concejal, quien evitó identificar a los empleados municipales que se relacionaron con Pacheco, al encontrarse el caso en investigación, "además que revisar las licitaciones, es parte de su trabajo".

Argumentó que aunque la propuesta no llegó al Concejo para su aprobación, es en su rol fiscalizador que envió los datos a la fiscal Mancilla "para que se investigue, transparentar lo que sucede al interior de la Municipalidad y resguardar los recursos públicos".

El concejal precisó que el 3 de abril de 2020, la Municipalidad pidió al Ministerio de Energía su colaboración y apoyo técnico para asesorar a la comisión evaluadora en las ocho propuestas declaradas admisibles. Como respuesta, se le informa al alcalde Paredes que el profesional de esa Secretaría de Estado que estuvo a cargo de prestar asesoría técnica al municipio porteño estaba imputado en una investigación del Ministerio Público.

Además, se le hizo presente a Paredes que las modificaciones a las bases que hizo la Municipalidad, no tuvieron la aprobación del Ministerio de Energía, por lo que se le recomendó dejar sin efecto ese proceso de licitación.

Cuitiño consideró que no corresponden los argumentos del alto valor que ofertó Itelecom para que el municipio "bajara" la licitación. "Esta Municipalidad pasó por sobre la visación del Ministerio (de Energía). Eso es muy grave dentro de un proceso de licitación", añadió.

Vino a puerto montt

El alcalde subrogante Iván Leonhardt sostuvo que tras comenzar el proceso de licitación "el Ministerio de Energía recomendó dejar sin efecto dicha licitación, ya que el profesional que había prestado la asesoría a este municipio se encontraba imputado en investigaciones penales por licitaciones de alumbrado en otras comunas del país".

Remarcó que ante esos antecedentes "que dejaban expuesto al municipio a un proceso que no brindaba la confianza y garantía técnica necesaria, y que tampoco aseguraba la completa seriedad del proceso, con los estándares de probidad requeridos, la Municipalidad de Puerto Montt por medio del Decreto N°5.871 del 22 de junio de 2020, procedió a revocar la licitación".

El alcalde (s) subrayó que las bases administrativas enviadas a la Contraloría Regional fueron aprobadas sin reparos.

Añadió que para que esa licitación tuviera "los mejores estándares y rigurosidad técnica", solicitaron asistencia y apoyo directo al Ministerio de Energía para la elaboración de las bases técnicas, "instancia que también aprobó sin reparos las bases".

Recordó que la ministra de Energía de la época, Susana Jiménez, designó como contraparte de esa cartera a Paul Pacheco, "proceso en el que no tuvo ninguna participación esta entidad edilicia".

Leonhardt hizo notar que antes de ello, realizaron "múltiples reuniones de trabajo" y que una vez que se dio por finalizado el proceso de elaboración de bases administrativas y técnicas, en conjunto con el Ministerio de Energía, se reunió la comisión mixta de Hacienda e Infraestructura del Concejo, oportunidad en la que Pacheco expuso los alcances del proyecto a licitar.

Bajo secreto

Al ser requerida acerca del avance de esta investigación y eventuales vínculos con el municipio porteño, desde la Fiscalía del Ñuble, donde es titular la persecutora Mancilla, se comunicó que la causa de Puerto Montt está bajo secreto.

No obstante, desde esa instancia se definió que es una arista vigente del caso original, pero que sigue siendo tratada como una investigación penal desformalizada, en la que a la fecha no hay imputados formalizados por algún delito.

7 de septiembre de 2018 la ministra Susana Jiménez comunicó la designación de Pacheco para prestar apoyo técnico al municipio.

25 municipalidades del país están siendo investigadas, a través de una causa que se abrió en mayo del año pasado.

Exigen desalojo de estacionamiento y hacer cumplir fallo de la Suprema

FIDEL ESPINOZA. Diputado acusó una "ocupación ilegal".
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El diputado Fidel Espinoza (PS) pidió hacer cumplir un fallo de la Corte Suprema que en octubre de 2013, es decir, hace casi ocho años, estableció el uso ilegal del área donde la empresa Estacionamientos Subterráneos Puerto Montt (SBT) tiene sus instalaciones, en la Costanera de Puerto Montt.

La petición surge luego que el pasado 13 de abril la Capitanía de Puerto oficiara a la empresa SBT dándole a conocer la Resolución Exenta N° 263, emanada de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas el 12 de enero de 2021, la cual ordena el desalojo de los estacionamientos subterráneos que la firma opera en avenida Diego Portales N°701.

La Capitanía de Puerto además ofició hace una semana a la Gobernación Provincial de Llanquihue para ejecutar la orden de desalojo con apoyo de la fuerza pública.

Ante tal situación, la empresa SBT interpuso el mismo 13 de abril un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, explicando desconocer el contenido de la Resolución Exenta N° 263 de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

Además la entidad privada explica que "no se encuentra en posición de acceder autónomamente a lo requerido por la Capitanía de Puerto de Puerto Montt, porque la construcción y operación de estos estacionamientos se encuentra amparada en un contrato de concesión suscrito de buena fe con la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt".

La Corte de Apelaciones, tras declarar admisible el recurso, acogió una Orden de No Innovar y congeló el desalojo hasta ver el fondo del libelo.

Para el diputado socialista, el problema se trata de una "ocupación ilegal" por parte de la compañía, la cual sólo es posible "por el poder del dinero", opina. "¿Cómo se puede entender que ocurra esto con un fallo nada menos que de la Corte Suprema de hace ocho años? La respuesta es muy sencilla: cuando se trata del poder del dinero, nuestra institucionalidad cruje, la vara es otra", expresó.

Espinoza plantea que si una empresa pide protección también "debemos defender a los que trabajan el borde costero para llevar el alimento a sus hogares, a quienes quieren desalojar, y no a los que lucran en forma millonaria con ese sector y no acatan las leyes", indicó.