Redacción

Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma transitoria a la Constitución que posibilitaría un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales en las cuentas de capitalización individual en las AFP a cerca de ocho millones de usuarios del sistema, el ministro de Segpres, Juan José Ossa, manifestó que el Gobierno tiene la intención de seguir adelante su ofensiva contra la iniciativa.

Ayer fue el propio presidente Sebastián Piñera quien reiteró la voluntad del Ejecutivo de impugnar el proyecto, recordando que los anima la defensa de la Carta Magna, incluso de ser necesario ante el Tribunal Constitucional (TC).

El mandatario indicó que "el Presidente, los ministros y también los diputados y senadores cuando asumen sus cargos juran o prometen respetar y hacer respetar la Constitución. En consecuencia, como Gobierno vamos a cumplir con ese deber, siempre vamos a defender el respeto a la Constitución que es esencial en un Estado de Derecho y lo vamos a hacer en el proceso legislativo. Recordemos que queda un trámite en el Senado y, de ser necesario, en el TC", agregó.

defensa de BENEFICIOS

La primera autoridad nacional explicó que consciente de que "muchas familias han perdido ingresos, empleos, proyectos, empresas", su administración quiso comprometerse a "acompañar, solidarizar y llevar ayuda y alivio a todas las familias chilenas que lo necesitan", destacando el reciente fortalecimiento al sistema de protección social, con beneficios como un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Bono Clase Media.

Piñera llamó a hablar "con la verdad", y transparentar las cifras reales de beneficiados con estas iniciativas versus el número que podría recibir recursos de aprobarse un nuevo retiro de fondos previsionales. "La propuesta del Gobierno con el IFE fortalecido y el nuevo bono clase media tiene una cobertura que es casi el doble de la cobertura que tiene el tercer retiro, 12,2 millones, versus un poco más de siete millones", justificó.

Además, el jefe de Estado fustigó los efectos que un tercer retiro tendría en los futuros jubilados. "Nuestra propuesta no utiliza los ahorros previsionales que les pertenecen a los trabajadores, sino que utilizan recursos fiscales", culminó.

Las dos AFP más grandes del sistema, Habitat y Provida, indicaron además que, junto con perjudicar a sus ahorrantes mediante la merma de sus fondos, un tercer retiro tampoco llegaría "a quienes más lo necesitan".

Luego que la madrugada de ayer se registrara la muerte de uno de los líderes de una conocida banda de narcotráfico en la población La Legua, el Gobierno anunció que se tomarán las máximas precauciones de cara al velorio y funeral del joven delincuente.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, señaló que se activarán todos los protocolos policiales de manera de contener posibles actos de violencia en lo que se espera sea un masivo responso fúnebre, tomando la experiencia de ocasiones similares anteriores en las que vecinos han denunciado lanzamiento de fuegos artificiales o disparos al aire.

Contingente

Según la autoridad, se habilitará un numeroso contingente policial en las inmediaciones de la población, lo que se suma a más de 50 operativos policiales que se han realizado por parte de la PDI y la Fiscalía Sur, luego de priorizar la intervención de dicho territorio.

"De esos, se han contenido allanamientos a más de 160 casas, 170 personas detenidas, se han desarticulado al menos dos bandas y tres organizaciones que estaban comenzando a constituirse de manera muy fuerte como banda criminal", explicó Martorell.

LÍDER NARCO

La madrugada del viernes se registró una balacera en la población La Legua, de San Joaquín, que terminó con la vida de Bryan Gálvez, de 26 años, y parte del denominado clan de "Los Gálvez", una conocida banda criminal ligada al narcotráfico en el sector mencionado.

Según antecedentes preliminares, desconocidos percutaron 40 disparos con un arma semiautomática, 39 de los cuales recibió la víctima del hecho. Un acompañante de Gálvez resultó herido y fue trasladado al Hospital Barros Luco.

La investigación del hecho será liderada por la PDI, cuyo comisario de la Brigada de Homicidios Metropolitana, Orlando Calderón, reveló que una de las hipótesis que se manejan es la de un posible ajuste de cuentas entre bandas rivales.

"Estamos tomando todas las aristas que ello conlleva, sobre todo aquello relacionado a estas bandas que funcionan en La Legua como también el manejo de armas, podrían ser varios los factores que influyen aquí en este hecho", agregó el jefe policial.

Una doble iniciativa que busca modernizar el sistema judicial chileno, por primera vez en 118 años, presentó ayer el Presidente Sebastián Piñera junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.

El proyecto consiste en una Reforma Procesal Civil, mediante la continuación de la tramitación legislativa del Código Procesal Civil propuesta en el primer gobierno de Piñera y que había sido suspendida por el Senado. La otra dimensión es un nuevo sistema de Nombramiento de Jueces, propuesta que surge de una mesa de trabajo que realizó el Ministerio de Justicia en 2018.

"La Justicia Civil es la más requerida, la más utilizada por las personas, por las familias, por las empresas y por la sociedad civil. Y curiosamente es también la que más modernizaciones y con mayor urgencia necesita. Juicios tan importantes para las personas y para las familias como, por ejemplo, por negligencias médicas, particiones de herencia, las liquidaciones de sociedades conyugales, los conflictos de arriendos, las cobranzas de deudas y muchos más, son hoy muy lentos, engorrosos y caros para la inmensa mayoría de los chilenos", explicó el mandatario.

De hecho, previo a la pandemia, un 57% de las causas que revisaban los tribunales correspondían a conflictos de naturaleza civil; de allí lo necesario de su modernización.

El ministro Larraín destacó que "es un enorme paso para mejorar el acceso a la justicia en el país, considerando que la mayor cantidad de causas que ingresan a los tribunales son precisamente civiles, por lo que modernizar este sistema, va en directo beneficio de las personas", añadió.

Nombramientos

Entre las innovaciones propuestas en la reforma se cuentan un sistema gratuito de mediación de conflictos; una unidad de atención y orientación al público; un juez ciudadano; un procedimiento oral y por audiencias; una mayor cobertura, pasando de 136 a 164 comunas con servicios de justicia civil; un 76% más de jueces y una disminución de entre 60% y 87% en los tiempos de tramitación.

Respecto al sistema de nombramientos, se plantea la creación de una Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales, un organismo autónomo y colegiado que termina con la facultad discrecional y unilateral del Ejecutivo para designar los jueces y otros funcionarios del Escalafón Primario, entre ellos ministros de Cortes de Apelaciones, jueces y fiscales judiciales.