Agencias

Las fuerzas de seguridad de Myanmar, lejos de cesar la violencia, reprimieron a tiros a las manifestaciones en las que murieron al menos 10 personas que protestaban ayer contra el golpe militar del 1 de febrero pasado. El Ejército también presentó una nueva acusación contra Aung San Suu Kyi, la líder de facto que fue depuesta en esa ocasión.

Suu Kyi, también Premio Nobel de la Paz, fue acusada ahora de haber recibido ilegalmente 600.000 dólares y lingotes de oro por un poco menos de ese valor en 2017-2018, por parte de su aliado político, el exjefe de división de Rangún, Phyo Min Thein.

El vocero militar brigadier general, Zaw Min Tun, dijo que Phyo Min Thein admitió haberle dado el dinero y el oro a Suu Kyi, pero no presentó pruebas contra la primera ministra. Mientras ella y el presidente Win Myint están detenidos, aunque hasta ahora por acusaciones menos graves.

Myanmar ha registrado intensas protestas y otros actos de desobediencia civil desde que el golpe de Estado derrocó al gobierno justo cuando el sector de Suu Kyi se aprestaba a renovar sus puestos en el poder tras vencer en las elecciones legislativas de noviembre de 2020. De esta forma, se revirtieron años de lento progreso hacia la democracia en la nación del Sudeste Asiático, luego de cinco décadas de régimen militar.

Reportes locales informaron de seis muertes en Myaing, una en Rangún, en Mandalay, Bago y otra en Taungoo.

Las fuerzas de seguridad llevan semanas reprimiendo las protestas, que han dejado al menos 70 muertes.

Sanciones

Múltiples han sido las reacciones internacionales a la cruda violencia que se desató tras el golpe militar y ahora el Gobierno de Estados Unidos sancionó a dos hijos de quien encabezó la operación militar, Min Aung Hlaing.

Los sancionados por Washington son Aung Pyae Sone y Khin Thiri Thet Mon, y seis de sus empresas, porque "se han beneficiado directamente de la posición y la influencia maligna de su padre".

Las sanciones bloquean los bienes que ambos puedan tener en Estados Unidos y prohíben eventuales transacciones.

Por su parte, el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) suspendió temporalmente la financiación de proyectos gubernamentales en el país, lo que supone un revés para la junta militar.

La institución dijo que estar "profundamente preocupada" por la situación en el país, en particular por los muertos a manos de las fuerzas de seguridad. Su decisión restringe cientos de millones de dólares en proyectos de infraestructura que el banco apoya en Myanmar, incluido uno para mejorar las carreteras rurales.

El juez estadounidense Peter Cahill imputó al expolicía Derek Chauvin con un nuevo cargo, de asesinato en tercer grado, por la muerte de George Floyd, que desencadenó una ola de protestas en Estados Unidos y el mundo el año pasado.

Cahill, juez de distrito del condado de Hennepin, tomó esta decisión después de que el Tribunal Supremo estatal de Minesota optara el miércoles por no aceptar una apelación de la defensa de Chauvin frente a este nuevo cargo.

El viernes pasado, la Corte de Apelaciones de Minesota resolvió que Cahill debía reconsiderar la acusación de asesinato en tercer grado, que fue rechazada en octubre. Con esta nueva imputación, Chauvin afronta los cargos de asesinato en segundo y tercer grado, y de homicidio en segundo grado.

Chauvin fue grabado el 25 de mayo por cámaras de seguridad y celulares de transeúntes mientras presionaba su rodilla ocho minutos y 46 segundos contra el pecho de Floyd, quien se quejó de que no podía respirar y falleció asfixiado.

Cambio en el tablero

Con la admisión del tercer cargo, el jurado tendrá una nueva opción bajo la que condenar a Chauvin, si considera que sus acciones no suponen un asesinato en segundo grado.

Un asesinato en segundo grado supone que no fue premeditado pero que había intención de matar, mientras que en tercer grado indica que no tenía dicha intención o que hubo una negligencia que acabó en la muerte de la víctima.

De ser condenado por asesinato en segundo grado, Chauvin podría afrontar 11 a 15 años de prisión, aunque la máxima es 40 años, mientras que asesinato por tercer grado puede suponer 25 años en cárcel y el homicidio en segundo grado, 10 años, aunque normalmente se cumplen cinco.

Ayer fue el tercer día de selección del jurado para el juicio que se espera comience el 29 de marzo con la apertura de los argumentos orales. Hasta ahora hay cinco de 12 miembros del jurado electos.

Las ejecuciones extrajudiciales persisten en Venezuela, donde las fuerzas policiales perpetraron más de 200 asesinatos desde septiembre, denunció la Misión Internacional de la ONU para investigar violaciones de derechos humanos en el país.

María Valiñas, presidenta de la misión, intervino ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y sobre las ejecuciones extrajudiciales citó a la operación policial que en enero se lanzó en el barrio caraqueño de La Vega, "una de las más letales hasta la fecha", en la que participaron 650 agentes y se perpetraron varios asesinatos.

La jurista también dijo que el 6 de diciembre el país celebró elecciones parlamentarias "injustas y carentes de libertad". Citó en este sentido la detención el 25 de febrero del parlamentario Gilberto Sojo, por acusaciones de terrorismo.

Valiñas también citó que se mantienen procedimientos penales en más de dos tercios de las 110 detenciones arbitrarias contra políticos y militares documentadas en el anterior informe de septiembre. Los retrasos en esos procesos han causado "daños graves y en algunos irreparables", aseguró, citando el caso del indígena Salvador Franco, que murió en enero tras más de un año en prisión preventiva, y no recibió atención médica adecuada.

La detención de seis miembros de la ONG Azul Positivo en enero, ejemplifican las detenciones arbitrarias que se viven en el país, según Valiñas.

Tras su intervención, el embajador venezolano ante Naciones Unidas, Héctor Constant, aseguró que el informe "presenta una vez más información falsa" y que en su elaboración se recurrió a "fuentes inventadas o anónimas y publicaciones en redes sociales, lo cual constituye una vergüenza académica", por lo que acusó a la misión de despilfarrar 8,3 millones de dólares del presupuesto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó el paquete de rescate de 1,9 billones de dólares aprobado por el Congreso para aliviar los estragos económicos causados por la pandemia.

Biden firmó el proyecto con el objetivo de inspirar esperanza en la nación al cumplirse un año del inicio de la pandemia ya deja 543.416 fallecidos en el país. "Esta legislación histórica busca reconstruir la columna vertebral de este país", dijo Biden al firmar el proyecto de ley.

Originalmente, Biden iba a firmar el documento hoy, pero el proyecto llegó a la Casa Blanca más rápido de lo anticipado. El jefe de despacho presidencial Ron Klain dijo que quieren "actuar lo más rápido posible". Klain añadió que de todas maneras habrá una ceremonia hoy, con la presencia de los líderes del Congreso.

Adelantando un poco de su mensaje, el presidente dijo que hablará "sobre lo que hemos pasado como nación el último año, pero lo que es más importante, voy a hablar sobre lo que viene a continuación".

El mandatario agregó que centrará su discurso en lo que su administración planea lograr en los próximos meses, pero también reiteró su llamado a seguir practicando la distancia social y uso de mascarilla.