Javier Andrade

Hastiado se encuentra el gremio del transporte de taxis colectivos de Puerto Montt frente a la amenaza que, a su juicio, representa el crecimiento explosivo del transporte "pirata" e informal y que se ha apropiado ilegalmente de distintos paraderos de la ciudad.

En una reunión efectuada ayer y en la que participaron representantes de Carabineros y de la Seremi de Transportes, se analizó esta situación para concretar un acuerdo y terminar con este conflicto que lleva varios años desatado, ante la vista y paciencia de las autoridades locales.

Por ello, es que a contar de esta fecha y en un período de 30 días se armará una mesa de trabajo entre las partes, a fin de poder llegar a una solución. "Quedamos satisfechos con la reunión, donde se han establecido medidas, entre otras, la de sacar de circulación a los vehículos informales y aplicar la ley cuando se comprueben los ilícitos", afirmó el presidente de la Asociación Gremial de Taxis Colectivos de Puerto Montt, Mario Marambio.

Acusó un escenario donde ha existido una permanente falta de control, fiscalización y respeto al Estado de Derecho, respecto de la ilegalidad, violencia y toma de paraderos de parte de lo que es una "piratería desbordada".

El dirigente indicó que esto ha producido perjuicios al transporte formal de pasajeros, ya que se ha apreciado un mal proceder de parte tanto de la autoridad de Transporte como de Carabineros para cumplir con su acción fiscalizadora y, por otro lado, la falta de aplicación de la ley por parte de los tribunales de justicia.

"Son grupos organizados los que trabajan de esa manera. Vemos que hay conductores que andan con cuchillos y con palos de golf y que andan a la ofensiva. No se les puede tocar ni la bocina para que dejen de obstaculizar cuando nosotros dejamos pasajeros y, además, nos encierran", denunció Marambio.

Desorden vial

El representante gremial criticó el desorden que se produce en los paraderos frente al Mall Paseo Costanera y en la calle Cauquenes, donde se genera constantemente una alta congestión por los pasajeros que esperan locomoción para viajar hasta Alerce.

Además, comentó que la autoridad determinó el uso de una sola vía para llegar a la ciudad satélite, de ida y regreso, "lo que provoca tacos horribles por las faenas que se están haciendo, los viajes pueden durar hasta una hora. Nosotros hacemos apenas cinco vueltas en el día y con eso nadie se financia".

Marambio afirmó que no hay control y que esto es aprovechado por "los autos piratas para tomar pasajeros, hacer filas donde no le corresponde y también para perjudicar el trabajo de las micros".

En tanto, el representante máximo de la línea 50 Mirasol, Walter Águila, aseguró que el trabajo informal del transporte de pasajeros continuó funcionando incluso en los días de cuarentena y que "se observa mucha agresividad de parte de estas personas".

Aseguró que es una situación que se repite hace varios años y ahora, durante el período de confinamiento, "ellos hacen su trabajo igual y nadie los controla, sin embargo, nosotros andamos con todos nuestros papeles al día y siempre nos fiscalizan".

Puntualizó que hay empresas informales de radiotaxis y vehículos que circulan con letreros en el parabrisas, incluso señalando que son "delivery". Funcionan, dijo, con toda libertad en las calles, no importando en qué fase se encuentre la comuna.

Cuestionó también que en el último tiempo, no fueron escogidos como grupo de riesgo por Salud, para lograr que se vacunaran los choferes del gremio. "Tenemos algunos casos de covid entre nuestros asociados que se encuentran hospitalizados. Se suspendieron las sanitizaciones de los colectivos, porque el municipio no tiene recursos y tampoco sabemos si estamos en la fila para la vacunación", aseguró.

El seremi de Transporte, Nicolás Céspedes, reconoció este problema y por ello es que han realizado fiscalizaciones, con el apoyo de las cámaras instaladas, entre ellas en el sector de calle Cauquenes, realizando registros y detectando los lugares donde se producen estos hechos.

Afirmó que se han hecho detenciones gracias a la labor de Carabineros, pero que en la práctica no hay muchos resultados, debido a la bajas multas que determina el Juzgado de Policía Local. Sin embargo, dijo que se esperan cambios a futuro para que aquello no ocurra.

158 autos pertenecen a los registros de la Línea 50 Mirasol, que realiza el transporte de pasajeros hasta Alerce.

La Fiscalía de Osorno informó que recibió una denuncia por cuasidelito de homicidio relacionada con la muerte de una guagua en el Hospital Base San José.

El 25 de febrero, una mujer ingresó con trabajo de parto y requirió una cesárea de urgencia, en la que falleció la bebé. Por esta razón, la familia presentó una denuncia ante la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI. La fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, confirmó que la BH está a cargo de las pesquisas.

Deceso

El hecho ocurrió la noche del 25 de febrero en el Hospital de Osorno. Carla Paillacar (25 años) y su pareja Marcelo Montecinos (39 años) denuncian que una presunta negligencia médica terminó con la muerte de su hija en el parto.

La madre acudió al recinto de salud con 38 semanas y cinco días de gestación. Entró al centro asistencial a las 21:55 horas para dar a luz a María José, su primera hija con su pareja de hace seis años, quien la acompañaría durante el parto. "Fue a monitoreo y después la dejaron esperando. Ahí fue cuando mi señora le comienza a decir al personal de enfermería: 'no puedo más, por favor, quiero que saquen a mi bebé, por favor' mientras gritaba de dolor. La respuesta que recibió fue 'espere señora, recién la monitoreamos y todavía le falta, no sea alharaca'. Cerca de 15 minutos después la pasaron a sala de parto", relató.

Después le informaron que el parto se complicó, por lo que trasladarían a su pareja a pabellón para realizar una cesárea de emergencia. "Supe que era el dolor más grande en la vida cuando me dijeron que mi hija nació viva, pero con los signos vitales muy débiles y que pese a los esfuerzos falleció.

Según la documentación médica, la muerte se provocó por una asfixia por meconio, líquido que se almacena en los intestinos del bebé y que habría sido expulsado al líquido amniótico antes del nacimiento. "El control prenatal no fue en el hospital ni el sistema público, fue en el privado. Ahora estamos haciendo una investigación precisa viendo todos los antecedentes, la temporalidad, personal involucrado, qué procedimientos y procesos se realizaron, entre otros", comentó hace unos días el director del Hospital Base, Hans Hesse.