Agencias

El proyecto de ley con el que el presidente de EE.UU., Joe Biden, busca promover una ambiciosa reforma migratoria que otorgue una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados llegó al Congreso, con el respaldo del senador de origen cubano Bob Menéndez y la legisladora Linda Sánchez, de raíces mexicanas.

Menéndez, el latino de más alto rango en el Legislativo estadounidense, y Sánchez son los patrocinadores de la Ley de Ciudadanía Estadounidense de 2021, la propuesta bandera con la que el Gobierno de Biden busca remodelar el sistema de migración del país, que desde hace más de 30 años no aprueba una reforma de este tipo.

"dreamers"

La amplia iniciativa busca garantizar una solución a largo plazo para los "dreamers", como se conoce a los migrantes llegados al país siendo niños y amparados por el programa DACA; y a los beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) -que en su mayoría proceden de Centroamérica- y los trabajadores agrícolas inmigrantes.

Amplía además los visados de diversidad de 55.000 a 80.000, promueve cambios en el sistema de inmigración basado en el empleo y tiene entre sus prioridades mantener a las familias inmigrantes unidas.

Un esfuerzo similar fue liderado en 2013 por el entonces presidente Barack Obama -quien tuvo como vicepresidente a Biden-, pero naufragó en la Cámara de Representantes pese a haber conseguido la aprobación del Senado.

Para convertirse en realidad, la propuesta de Biden deberá contar con la totalidad de los votos demócratas en el Senado, 50, y asegurar diez republicanos. De lo contrario, estará condenada a fracasar como ha sucedido con los intentos de regularizar en años anteriores.

Camino de ocho años

Al dirigirse a sus colegas republicanos, Méndez dijo que el voto latino no es propiedad de ningún partido y destacó que los hispanos son "la mayor minoría racial y étnica del país".

El proyecto prevé un proceso de ocho años para que los indocumentados puedan alcanzar la ciudadanía. Previamente, quedarán amparados por un estatus temporal y, después de cinco años, podrán optar por una tarjeta de residencia permanente ("green card").

Para los "soñadores", los beneficiarios del TPS y los trabajadores agrícolas inmigrantes, la iniciativa propone una residencia legal de "inmediato" y tres años más tarde la ciudadanía. Será un requisito fundamental para estas personas "haber estado en el país antes del 1 de enero de 2021".

El proyecto de ley deroga además la prohibición de reingreso para quienes hayan permanecido de forma irregular en territorio estadounidense, elimina los topes por país para los visados basados en el empleo y aumenta de 10.000 a 30.000 los cupos para los visados U (que se otorgan a víctimas de abuso físico o mental).

Asimismo, elimina el plazo mínimo de un año para que quienes se encuentren en el país puedan solicitar asilo, reemplaza el término "extranjero" por "no ciudadano" y promueve la reunificación de familias. Por otro lado, aborda las causas de la migración al financiar un plan de la Administración de Biden para aumentar la asistencia a El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde procede la mayoría de inmigrantes que buscan cruzar a EE.UU. desde México.

También crea opciones para que las personas que buscan protección puedan solicitar un estatus legal en Centroamérica; restablece el programa de menores centroamericanos que permite reunirlos con sus padres que residen en EE.UU.; y destina recursos para uso de tecnología en fronteras.

El Gobierno de Jair Bolsonaro autorizó la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera entre Brasil y Perú, donde aumentó el número de migrantes en los últimos días, en su mayoría haitianos impedidos de ingresar al país vecino por la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con un decreto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial, las Fuerzas Nacionales apoyarán a las autoridades locales "en las actividades de bloqueo excepcional y temporal del ingreso de extranjeros al país, de manera episódica y planificada".

La medida, que se extenderá por 60 días pero puede prorrogarse, busca contener la llegada de migrantes al pequeño municipio fronterizo de Assis, donde están varados al menos 500 extranjeros, en su mayoría haitianos, provenientes de diferentes regiones de Brasil.

Colapso en assis

El municipio de Assis, ubicado en el estado de Acre y con cerca de 8.000 habitantes, está al borde del colapso pues no cuenta con la logística necesaria para atender a los migrantes y tampoco para contener las aglomeraciones y evitar la propagación del covid-19, en momentos en que la nueva variante brasileña del virus, que es más contagiosa, se expande por varias regiones del país.

De acuerdo con la alcaldía, el grupo de 500 extranjeros busca cruzar el país y marchar rumbo a Estados Unidos o Canadá, donde aspiran encontrar una oportunidad laboral y establecerse.

Según las autoridades brasileñas, la mayoría de los extranjeros, incluidos mujeres y niños, están en albergues y hoteles, pero la capacidad se copó y por eso pidió ayuda a los gobiernos regional y federal.

El martes, después de una intensa lluvia que destruyó parte de las carpas en las que los migrantes estaban acampados en el Puente de la Integración, el grupo intentó cruzar a la fuerza para adentrarse en la región selvática de Madre de Dios, en territorio peruano, pero fueron impedidos por las autoridades del país vecino.

Entre incidentes que terminaron con disparos de gases lacrimógenos, la policía peruana devolvió a gran parte de los migrantes.

500 migrantes en su mayoría haitianos, colapsaron el municipio de Assis que sólo tiene 8.000 habitantes.

La presidenta del Consejo Electoral de Ecuador anunció que los resultados oficiales de las elecciones presidenciales se darán a conocer este fin de semana, mientras sigue disputado el segundo lugar para entrar al balotaje, programado para el 11 de abril, entre el exbanquero Guillermo Lasso y el candidato indígena Yaku Pérez.

En las elecciones del 7 de febrero se alzó con el triunfo el candidato Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa (2007-2017) con 32,72%, mientras que en el disputado segundo lugar se ubicó Lasso con 19,74% seguido muy de cerca por Pérez con 19,38%.

Para ganar en primera vuelta un candidato debe obtener la mitad más uno de los votos válidos o al menos el 40% de los sufragios y una ventaja de 10 puntos sobre su más inmediato rival.

Pérez exigió la semana pasada un recuento de votos. Inicialmente acordó con Lasso que se volvería a contar 100% de los sufragios de la provincia de Guayas, la más poblada del país, y 50% de otras 16 provincias. Pero horas más tarde ambos cambiaron de posición y el Consejo Electoral no pudo fijar los detalles del recuento.

Atamaint dijo que los resultados oficiales podrían anunciarse el fin de semana y "los candidatos podrán interponer impugnaciones e incluso apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es la autoridad de última instancia".

Recordó que el candidato que pida un recuento de sufragios debe adjuntar las pruebas que respalden sus acusaciones o que sustenten sus reclamos.

Ante las denuncias de presuntas irregularidades, Pérez y los dirigentes del partido de los indígenas, Pachakutik, convocaron a una movilización y una marcha que salió de la ciudad de Loja, 425 kilómetros al sur de Quito, con decenas de integrantes y se prevé llegará a la capital la próxima semana.

El coordinador nacional de Pachakutik, Marlon Santi, dijo "no venimos a Quito por tiempo indefinido, sólo queremos denunciar el fraude y exigir transparencia".