Es un hecho que Chile Vamos, la coalición oficialista, ha estado bastante fragmentada, pero sigue ofreciendo gobernabilidad. El presidente está bajo una presión considerable. Sin embargo, el gobierno no es responsable de la crisis sanitaria ni de la crisis social del año pasado, y por cierto, cabe recordar que de los últimos 30 años, durante 24 gobernó la centroizquierda.
El 2020 se especuló mucho con una eventual salida de Sebastián Piñera, sobre todo por parte de la oposición, lo cual parece un planteamiento nimio pues no significaba automáticamente que la centroizquierda ganaría las nuevas elecciones. A todas luces, lo responsable es encontrar soluciones dentro del propio sistema. Nos guste o no, el presidente Piñera terminará su mandato y esto es lo correcto desde un punto de vista democrático, y de las libertades garantizadas por el sistema republicano.
El problema actual de la política chilena es su dispersión. Ya no existen grandes bloques compactos como en el retorno a la democracia, sino sectores atomizados que buscan acuerdos sólo circunstancias, cortoplacistas. En este ámbito, la oposición en Chile tiene varias dimensiones; una es generacional. Por otra parte, hay un grupo que rechaza los acuerdos transicionales pos dictadura, y que ellos consideran espurios, mientras otro grupo los ve como consensos de gobernabilidad. También están los que valoran las instituciones de representación política, los partidos o los sindicatos, y quienes las consideran meros instrumentos de sofocación de la energía de los fuertes cambios sociales que proponen. Ninguna de estas dimensiones de oposición logra una articulación unitaria y el proceso constituyente no ha implicado un acuerdo político transversal. Es prácticamente imposible el surgimiento de una oposición férreamente unida, pues los objetivos políticos a largo plazo son demasiado diferentes entre sus dos principales bloques. La izquierda más radical tiene una visión de mundo que choca con el ideario político/filosófico de la centroizquierda tradicional, visión que debe considerarse como anti-libertaría en muchos aspectos (económicos, sociales y otros).
Chile se enfrenta a grandes desafíos: hay que superar la crisis sanitaria y poner la economía en marcha, un emprendimiento de enormes proporciones. El 2021 es un año con muchas elecciones y una Constitución que debe ser reescrita con visión de largo plazo. Más temprano que tarde será necesario romper con el pensamiento clásico de los bloques tradicionales y establecer una fuerza de centro que unifique la experiencia económica con la necesaria responsabilidad social. La oposición, o una parte mayoritaria de ella, seguramente está consciente que la institucionalidad le debe su legitimidad, entre otras cosas, a su eficacia, y si la democracia no demuestra ser eficaz en solucionar los problemas de la vida cotidiana, se pone en riesgo su existencia.
