Marcelo Galindo

En la Ruta 5, a la altura de Frutillar, el sospechoso del homicidio ocurrido el fin de semana en el sector de Chamiza, en la Carretera Austral, fue detenido por Carabineros de la Tenencia de Carreteras Llanquihue.

Tras las diligencias llevadas adelante por la sección del OS 9 de Carabineros, el joven de 26 años habría sido sindicado por testigos como el presunto autor del crimen de Cristofer Eduardo Unquén Fernández (22 años).

La situación para el imputado cambió radicalmente en la audiencia de control de detención y formalización de cargos, por el delito de homicidio simple, porque la magistrada Mónica Sierpe puso en dudas las pruebas existentes para inculparlo: "No hay nadie que haya visto quién ocasionó las lesiones", afirmó la jueza.

Agresión

Unquén Fernández fue ultimado por la espalda con un arma cortopunzante, provocándole la muerte en el mismo lugar, en el pasaje Río Mar en Chamiza.

En la audiencia virtual, en el Juzgado de Garantía, el fiscal Jaime Aguayo dijo que el imputado registra antecedentes y condenas por delitos como hurto, robo, amenazas y ocultación de identidad.

Según Aguayo, hay "dos personas que lo situaron en el sitio del suceso y una persona que lo observa cuando le provoca la agresión a la víctima".

El persecutor penal solicitó la prisión preventiva para el detenido, lo que fue rechazado por la jueza Sierpe.

"No sé si existe un contacto previo de la persona que está en calidad de detenido con la víctima de la causa. No hay nadie que haya visto quién ocasionó las lesiones. La víctima no vio quién supuestamente lo atacó, estaba de espalda", remarcó. La magistrada detalló que "no está acreditada la participación del imputado en estos hechos y existen otras medidas cautelares. El hecho no basta para conceder la prisión preventiva, existen otras medidas y no se considera un peligro para la seguridad de la sociedad". El fiscal Aguayo anunció la apelación a lo determinado por el Tribunal de Garantía.

La jueza decretó -mientras decide la Corte de Apelaciones- 120 días de investigación, arraigo nacional para el imputado y arresto domiciliario parcial entre las 22 y las 6 horas.

Según la defensora penal Milena Galleguillos, quien dr opuso a la prisión preventiva, alegó falta de participación de su representado, "ya que de acuerdo a los antecedentes de la carpeta fiscal y luego de un relato pormenorizado de los testimonios que existen en la carpeta, se le hizo ver a la magistrado que no había claridad de quién habría ocasionado la lesión que produjo la muerte a la víctima. Esto porque el principal testigo de los hechos se presume que pudo haber sido el autor de dichas lesiones y no había un móvil claro para imputarle el homicidio. Tampoco se le encontró ninguna especie y ningún arma, menos la homicida, y no hay testigos presenciales de la agresión".

El Ministerio Público está indagando las circunstancias que motivaron una violenta agresión en el sector costero de Metri, en la Carretera Austral, donde una persona resultó con una grave lesión tras ser atacada con un arma cortopunzante.

El hecho se registró en un sector de cabañas, hasta donde llegó carabineros tras ser alertados por el incidente.

De acuerdo a lo explicado por la fiscal Myriam Pérez, tras la audiencia virtual en el Juzgado de Garantía, se controló la detención de una persona de nacionalidad venezolana, quien fue imputada por un delito de homicidio frustrado ocurrido en unas cabañas emplazadas en la Carretera Austral -sector Metri- en Puerto Montt.

"El imputado fue sindicado por testigos como quien le propinó una estocada con un arma cortopunzante a otro ciudadano venezolano, en el contexto de una fiesta que se llevó a cabo durante la madrugada del domingo, causándole una herida penetrante torácica, lo que motivó su traslado al hospital de Puerto Montt, donde se mantuvo con riesgo vital y en situación de gravedad hasta el día lunes"

Puntualizó la fiscal Pérez que se formalizó por el delito de homicidio frustrado.

"Como Fiscalía, y estimando que los hechos son especialmente graves en atención a la naturaleza del delito y la sanción probable, se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, lo que fue desestimado por el Tribunal de Garantía de Puerto MOntt. Frente a esta decisión nosotros dedujimos recurso de apelación en la misma audiencia, con la finalidad que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt enmiende la resolución y decrete la prisión preventiva".

El Juzgado de Garantía de Puerto Varas dictó sentencia condenatoria, en un procedimiento abreviado, contra cinco imputados por el delito de asociación ilícita para cometer delitos de usura y captación de dinero en público, además de lavado de activos.

El fiscal Marco Muñoz, del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) del Ministerio Público de Puerto Montt, detalló que el tribunal les impuso penas de tres años y un día, cuatro años, y también cinco años de privación de libertad, en el contexto de las diligencias realizadas desde el 2018 y que finalizaron en agosto del año pasado.

"Se trata de una condena importante, que se enmarca dentro de las anteriores condenas que se han obtenido por este tipo de delitos en similar investigación seguida por esta unidad. Además hacer presente que conjuntamente con las penas corporales que fueron impuestas, se decretó también la expulsión del territorio nacional, en atención a que son ciudadanos de nacionalidad colombiana", comentó el fiscal.

Vehículos

El persecutor de Sacfi también dio cuenta del comiso por parte de la Policía de Investigaciones de cuatro vehículos, entre ellos dos Mercedes Benz, cuyo avalúo alcanza aproximadamente a los 45 millones de pesos, un bien inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena, Colombia, la suma aproximada de 45 millones de pesos y multiplicidad de bienes que fueron adquiridos producto de las ganancias del delito, tales como equipos electrónicos, computadores, teléfonos, televisores y mobiliario de distinto tipo, vestimentas y documentos.

El fiscal Muñoz destacó la participación en las diligencias de las unidades Brianco y Brilac de la Policía de Investigaciones de Santiago. Explicó el fiscal especializado que las acciones permiten cumplir "con los compromisos adoptados por Chile en el contexto de los tratados internacionales para el combate del narcotráfico, del crimen organizado y del lavado de activos, que es uno de los compromisos asumidos por nuestro Estado, en cuanto a intentar recuperar los activos utilizados en la comisión de los delitos", subrayó.

Tres son los años que deberá pasar en la cárcel un sujeto que robó los computadores, entre otras especies, a similar cantidad de profesores en un liceo emplazado en el sector Mirasol de Puerto Montt.

Un video periciado y revisado por detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI fue fundamental para aclarar este ilícito, cuya indagatoria fue encabezada por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi).

El fiscal Marco Muñoz puntualizó que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) dictó sentencia condenatoria "respecto del imputado Salomón Soto Muñoz, condenándolo por el delito de hurto de especies evaluadas en más de 40 Unidades Tributarias Mensuales (dos millones 39 mil pesos) imponiendo la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, penas que serían de cumplimiento efectivo".

Muñoz explicó que especial importancia cobran las especies "porque eran las pertenencias de tres docentes que fueron extraídas desde la sala de profesores" y entre ellas estaban "los computadores de los tres docentes que contenía material de trabajo de importante valor", subrayó.

En este caso se perdieron horas de clase y docencia, producto de la sustracción de estas especies, comentó el persecutor penal.

Indicó que el fallo comparte las apreciaciones de la prueba e hizo lugar a las peticiones realizadas por la Fiscalía.