Erwin Schnaidt

En la medida que la pandemia del coronavirus avanza, también se han ido relajando algunas restricciones a las actividades económicas productivas del país.

Sin embargo, otras como la industria del rubro gastronómico, no ha logrado recuperarse desde el cierre obligado desde el 18 de marzo de 2020, tras la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile.

A pocos días de completar diez meses sin actividad ni ingresos, la situación financiera de esos negocios es cada vez más apremiante.

Eduardo Salazar, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt, conoce de cerca el impacto de todo ello, puesto que es el propietario del Restaurante Club de Yates, ubicado en la costanera porteña.

Plantea que no han logrado hacer entender a las autoridades del nivel central sobre este apremiante estado. "Y no nos dan respuesta a lo que nos solicitaron. Ya les enviamos las propuestas (para reabrir), pero no hemos recibido ninguna información por parte del Minsal (Ministerio de Salud) ni qué es lo que van a hacer", afirmó.

El dirigente puertomontino considera que la condición de insolvencia se arrastra desde el estallido social de octubre de 2019, tras el que "hubo dos meses de cierre", por lo que suman un año sin operaciones.

Pago de impuestos

Ante la falta de apoyo estatal, Salazar estima que el sector ha sido discriminado, al estar restringido por parte de la autoridad para cumplir con sus labores habituales. "No me digan que el delivery es la solución, porque hay gente que prepara comida en sus casas y la vende por redes sociales. Eso no nos permite competir, porque nosotros pagamos sueldos. Y lo que es más grave, por parte del Estado, es que a los que estamos cerrados, se nos obliga a pagar impuestos, contribuciones, las imposiciones de las personas que están sujetas a la Ley de Protección del Empleo. Pero, como no hay ingresos, no se puede pagar".

Similar situación están enfrentando con las obligaciones de patentes comerciales y las 15 concesiones marítimas del borde costero de Puerto Montt y de Puerto Varas.

Ante ello, el timonel del comercio se pregunta: "¿Me puede obligar el Estado de Chile a pagar un impuesto, si el propio Estado no me deja trabajar?".

Derecho a trabajar

Un panorama similar advierte Horacio Bóvolo, presidente de la Cámara de Comercio, Turismo e Industrias de Puerto Varas, quien estimó que "se nos ha cercenado el derecho a trabajar".

El líder gremial de la comuna lacustre remarcó que aunque no han reportado casos de covid en restaurantes y hoteles, se sienten "víctimas de la situación", al observar que "el resto de las industrias de la zona tienen permiso para trabajar".

Bóvolo planteó que al estar en fase 2 (Transición) se les arrebata la posibilidad de atender clientes (en terrazas) durante los fines de semana, cuando crece la demanda por esos servicios.

"Nos parece que el chancho está mal pelado y que están siendo muy injustos con esta industria. Nosotros necesitamos el beneficio de la duda. Siento que nunca nos han dado ese beneficio. Siempre nos han tratado como si fuésemos el foco de los contagios".

El dirigente puertovarino estableció que los problemas derivados de los contagios son atribuibles "a una negligencia del Ministerio de Salud, que no está haciendo la pega, que no están testeando, no están haciendo autocrítica y pagamos, como siempre, justos por pecadores".

Admitió el empresario que el sector gastronómico y hotelero se siente "un poco cansado, porque estamos siendo siempre el chivo expiatorio de esta situación".